Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No hay forma de que los gobiernos estatal y federal evadan su responsabilidad. ***
Este miércoles la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Alicia Bárcena, afirmó que fue informada “de manera tardía” sobre el
derrame de hidrocarburos ocurrido en febrero en el Golfo de México y admitió que
los 55 millones de pesos destinados a apoyar a pescadores afectados “han sido
insuficientes” frente a las pérdidas que enfrentó el sector. *** Al comparecer ante
las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y
Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, Alicia Bárcena informó que la
dependencia conoció del incidente hasta que el hidrocarburo comenzó a llegar a
playas, a principios de marzo. “Cuando el derrame ocurrió en febrero, nosotros ya
tomamos nota de este derrame cuando llegó a la playa, que fue a principios de
marzo”. *** La funcionaria narró que los primeros recorridos abarcaron desde el
estado de Tabasco hasta el municipio de Alvarado, en Veracruz. Después, las
acciones se extendieron a las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y
Tamaulipas. *** Alicia Bárcena indicó que se hicieron estudios sobre el corredor
arrecifal de Veracruz y aseguró que conserva información sobre los efectos que
dejó el derrame tanto en especies como en arrecifes y otros ecosistemas: “Cuando
ustedes deseen podemos informarles cuáles son los resultados que hemos
obtenido de lo que se afectó. En este derrame, qué realmente se afectó, cuántas
especies, qué pasó con el arrecife. Toda esa información sí la tenemos”. *** La
secretaria reconoció que el derrame tuvo repercusiones sobre la actividad
pesquera y que los recursos canalizados por el gobierno federal no
correspondieron al tamaño de las pérdidas: “55 millones de pesos pues sí son
francamente insuficientes para lo que ellos pudieron haber sufrido”. *** El pasado
30 de septiembre el Partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que obtuvo un
amparo en favor de más de dos mil pescadores afectados por el derrame en el
Golfo de México. *** El dirigente nacional de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, y
el coordinador en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, informaron que el Juzgado
Octavo de Distrito, con residencia en Tuxpan admitió el juicio de amparo y
concedió una suspensión provisional a favor de cooperativas pesqueras de la
región de Tamiahua. *** la sentencia obliga a las autoridades federales a proteger
de forma inmediata a los pescadores, frenar la propagación de la contaminación y
atender los riesgos ambientales generados por derrame de hidrocarburos. *** Lo
expresado hoy por la titular de la Semarnat le da la razón al juzgador federal.
La noticia de la captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque” puso nerviosos a
algunos de los personajes más influyentes en el estado de Veracruz. A pesar del
reconocimiento público de secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch,
al gobierno de Rocío Nahle, no pasó desapercibido que buena parte de la
actividad delictiva del detenido se desarrolló en territorio veracruzano.
Aunque la sugerencia debió haber sido “no tocar el tema”, no faltaron algunas
plumas alquiladas al poder que buscaron ubicar la presencia de “El Tanque” en
Veracruz durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Nada más lejano a la realidad.
El periodista Raymundo Rivapalacio mencionó en su colaboración de este
miércoles, que “El Tanque” había sido un objetivo del gobierno de Estados Unidos
desde hace más de dos años por el robo y distribución de combustible: “Comenzó
en ese delito perforando oleoductos y almacenándolo en Veracruz durante el
gobierno de Cuitláhuac García, a quien impuso en el poder López Obrador, que
tiene una estrecha relación con él. Ese combustible lo vendía en Jalisco y
Veracruz –donde operaba una red de gasolineras–, en el sur de Texas y en
Centroamérica”.
El portal de noticias “Latinus” menciona que en 2021 Iván Cazarín Molina se
encontraba en Tabasco, donde estableció vínculos con “La Barredora”, el grupo
criminal ligado a Hernán Bermúdez Requena, el que fuera secretario de Seguridad
de Adán Augusto López Hernández.
“Cazarín Molina se mantuvo en las costas del Atlántico y en septiembre 2022 se le
relacionó con el hallazgo de tres hombres desmembrados en el municipio de
Ixtaczoquitlán, Veracruz. Posteriormente, en julio de 2024, se le relacionó con un
decomiso de 6.8 toneladas de marihuana en el Puerto de Veracruz con destino a
República Dominicana. Además, en enero de 2025, usuarios en Facebook
solicitaron el apoyo de ‘El Tanque’ para identificar a tres hombres señalados como
responsables del secuestro de cinco personas en Veracruz”, menciona “Latinus”
en un amplio reportaje.
El propio exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desde la cárcel hace
referencia a la actividad de Iván Cazarín en territorio veracruzano, años después
de su período: “Cayó el Tanque en Jalisco, el que debe de estar muy preocupado
es el tal Bola 8 (Eric Cisneros) quien fue el que le permitió operar en Veracruz, no
sé si por instrucciones superiores o por mutuo (sic) propio, durante el gobierno de
Cuitlahuac García”.
Vinculado también con la presunta actividad delictiva de los hermanos Olán (hay
grabaciones de ellos en los que mencionan sus tratos con “El Tanque”) su captura
también generó inquietud en Palacio Nacional.
Cuestionada sobre el tema, la presidente Claudia Sheinbaum optó por dejarle ese
“paquete” a las instancias de justicia:
— Quisiera preguntarle sobre la detención de “El Tanque”, este capo del Cártel
Jalisco Nueva Generación. Se ha señalado que pudiera estar relacionado con
estos empresarios, Amílcar Olán. ¿Qué le informó el Gabinete de Seguridad sobre
esta detención?
— No me han informado nada al respecto. Y en todo caso, la Fiscalía General de
la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación.
No debemos perder de vista que Iván Cazarín Molina es un objetivo que interesa a
las autoridades de Estados Unidos, en gran medida por la información que podría
aportar sobre las actividades ilícitas del CJNG y sus vínculos con grupos políticos
del país.
¿Aplicará el gobierno de México, en ese caso, el mismo criterio mediante el cual
ha enviado a decenas de personajes vinculados con la delincuencia organizada, a
partir de la Ley de Seguridad Nacional?
Eso pondría aún más nerviosos a importantes actores políticos de Veracruz.
Epílogo.
Ya ha quedado en evidencia que la lentitud de la Fiscalía General de la República
(FGR) es selectiva. Hay temas que le generan mayor atención y, por tanto, dejan a
un lado los legítimos reclamos de los ciudadanos. *** Es el caso del titular del
Ministerio Público federal, titular de la Célula 1-1, con sede en J. B. Lobos en el
puerto de Veracruz. El tiempo corre y no avanza la denuncia plasmada en la
Carpeta de Investigación Fediveriver/0002161/2026 por un caso de negligencia
médica presentada en el hospital de alta especialidad del IMSS en Veracruz,
ubicado en la avenida Cuauhtémoc. *** La víctima de este caso radica en el
municipio de Jáltipan, en el sur de la entidad y debe trasladarse con regularidad al
puerto de Veracruz (con los gastos que eso representa) para conocer sobre el
avance de su caso y resulta que el expediente sigue atorado. *** Ha trascendido
que ese agente del MP federal dedica en estos momentos toda su atención al
caso del homicidio de quien fuera diputado federal, Benito Aguas Atlahua, ocurrido
en diciembre del 2024. *** Ya se han presentado recursos jurídicos para que el
Ministerio Público dé celeridad a los asuntos que le competen o, de lo contrario,
que sea sancionado. *** Y a propósito de la justicia federal, fue confirmado que
apenas el pasado mes de septiembre el juez que ve el proceso del exgobernador
Javier Duarte otorgó una prórroga para cerrar la fase de investigación
complementaria, por lo que la siguiente audiencia se estaría dando a finales del
presente año o, en el 2027. *** Esto tiene que ver con la causa penal 667/2025, en
la que a Javier Duarte se le acusa de “ordena” e incluso “legaliza” un presunto
desvío de recursos federales. Esa nueva acusación impidió que Javier Duarte
quedara en libertad tras cumplir la sentencia de nueve años de prisión que se le
impuso en 2017. *** La defensa del exgobernador ha presentado argumentos para
contrarrestar esta nueva imputación, pero a la vez promovió un amparo con el
argumento de que se violaron los términos del tratado de extradición entre México
y Guatemala, pues él no fue extraditado por esa nueva acusación.
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