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Los números de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no mienten, aunque a veces los gobiernos preferirían que sí lo hicieran. En su más reciente informe sobre la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador federal reveló que el estado de Veracruz acumula posibles irregularidades por más de 1,115 millones de pesos, colocándose entre las entidades con mayores observaciones en el país.
De ese total, 1,078 millones corresponden al sector salud, un ámbito particularmente sensible por tratarse de recursos federales destinados a servicios médicos, hospitales y programas de atención comunitaria. En otras palabras, dinero que debió servir para curar, terminó bajo sospecha de haber sido mal empleado, desviado o simplemente sin comprobar.
La ASF detalla que las irregularidades se concentran en transferencias no justificadas, obras sin evidencia de ejecución, pagos duplicados y adquisiciones sin contrato formal. En términos sencillos: hay recursos que salieron del erario, pero no hay comprobación clara de a dónde fueron a parar.
Aunque las cifras son frías, sus implicaciones son políticas. La administración de Cuitláhuac García Jiménez, que se autoproclamó como un gobierno “honesto y distinto”, enfrenta el escrutinio de los números públicos. Y los números son tercos: en los últimos años, las observaciones acumuladas por la ASF y el ORFIS superan los 5 mil millones de pesos, un monto que contradice el discurso de pureza administrativa con el que se ha intentado blindar la imagen del mandatario morenista.
Más allá de los tecnicismos contables, el informe de la ASF muestra un patrón: falta de control interno, deficiente fiscalización y un uso discrecional de fondos federales, especialmente en dependencias como la Secretaría de Salud, Educación y Obras Públicas. No se trata de errores burocráticos menores, sino de una posible red de negligencia institucional que, de confirmarse, implicaría responsabilidad administrativa o incluso penal.
En el contexto nacional, Veracruz no está solo: otras entidades gobernadas por Morena, como Chiapas y Guerrero, también figuran en los primeros lugares de observaciones. Sin embargo, el caso veracruzano destaca por la magnitud del sector afectado y por la reiteración de anomalías año tras año.
El daño no es solo financiero. Es social. Cada peso no comprobado representa una cama de hospital vacía, un medicamento no entregado o una obra inconclusa en alguna comunidad marginada. Por eso, más que hablar de “posibles desvíos”, deberíamos hablar de un daño a la confianza ciudadana.
El gobernador García Jiménez, fiel a su estilo, ha respondido con desdén a las observaciones, asegurando que todo se solventará “a su tiempo”. Pero el tiempo, en materia de transparencia, suele ser el enemigo de la verdad. La ASF cumple su tarea al señalar; el problema es que las sanciones rara vez llegan.
Mientras tanto, Veracruz sigue siendo un laboratorio político de contrastes: un estado donde se habla de transformación, pero las auditorías cuentan otra historia. Una historia escrita en números rojos, en papeles faltantes y en silencios administrativos.
El reto no es menor. Si el gobierno estatal quiere ser recordado por su honestidad, deberá demostrarla no en discursos, sino en auditorías solventadas. Porque en política, como en contabilidad, las palabras se las lleva el viento, pero los números se quedan en los libros.
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