Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido muy puntual
respecto a los abusos cometidos por el gobierno de Veracruz, principalmente por
parte de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Ha sido,
sin embargo, el gobierno estatal, el que se ha negado a reconocer los
señalamientos del ombudsman nacional y gracias a la protección política que se le
ha brindado desde la Ciudad de México a Cuitláhuac García, éste sigue ignorando
los expedientes que se han presentado. *** Es muy probable, por lo tanto, que las
fallas puntuales señaladas por la CNDH en los penales de la entidad seguirán sin
ser atendidas por las autoridades estatales. En el Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2023, que incluye la valoración sobre las
condiciones en las que están las personas privadas de su libertad en los 17
centros de readaptación social en Veracruz y el módulo de prisión preventiva, se
reporta que en Veracruz los penales operan de manera deficiente, que más de mil
internos -de los casi 8 mil- son adictos; se reportó un homicidio en el interior de un
reclusorio y reportaron 7 quejas, ante la CEDH, por la violación a los derechos de
los internos durante el año pasado. *** De los 17 penales y la prisión preventiva,
los peor evaluados fueron los de Cosamaloapan y Pánuco, así como el módulo de
prisión preventiva. *** La CNDH señala que a nivel nacional en el 92 por ciento de
los penales hay una inadecuada clasificación de las personas privadas de la
libertad; más del 88 por ciento tiene deficiente separación entre procesados y
sentenciados. *** Ocho de cada 10 penales en el país carecen del personal
suficiente de seguridad y custodia. En Veracruz ese problema se presenta en 12
de los 18 centros de reclusión. *** Mientras a nivel nacional el 50 por ciento de los
penales tiene sobrepoblación y el 45 por ciento, hacinamiento. En Veracruz, los 17
penales tienen una capacidad para atender 6 mil 946 personas, no obstante, hay 7
mil 941 internos: 7 mil 433 son hombres y 508 mujeres. *** Los penales del estado
con sobrepoblación son Amatlán, Chicontepec, Jalacingo, Pánuco, Poza Rica, San
Andrés Tuxtla, Pacho Viejo y el módulo de prisión preventiva. *** ¿Hará algo este
gobierno para resolver esas deficiencias? A estas alturas ya no creo que eso
suceda.
* * *
De nada sirvieron los puntuales señalamientos de legisladores sobre el turbio
manejo de las finanzas estatales. Por el hecho de representar a “los enemigos de
la 4T”, sus acusaciones eran descalificadas de manera automática.
Tuvo que ser un organismo de carácter federal, “aliado” del presidente López
Obrador, el que hiciera notar algunas de las inconsistencias en el manejo de las
finanzas públicas del gobierno de Veracruz.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que en el ejercicio
2023 el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez dejó sin comprobar recursos
federales por más de 73 millones de pesos.
El organismo fiscalizador exhibió, además, que el gobierno de Veracruz tuvo un
subejercicio de 8 millones 232 mil pesos, que devolvió a la Tesorería de la
Federación.
Todos esos datos aparecieron publicados en la primera parte del Informe de
Resultados de la Cuenta Pública 2023, que entregó la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.
En ese documento se da a conocer que el año pasado Veracruz recibió recursos
federales por 539 millones 678 mil pesos para educación, tecnológica y atención
de adultos, de los cuales se revisó una muestra de 502 millones 652 mil pesos,
que representó el 93.1%.
En esa revisión la ASF observó inconsistencias en el gasto de 50 millones 466 mil
pesos por la falta de la documentación que compruebe y justifique que los
beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para el objeto y los
fines que les fueron otorgados.
Se hace notar, también, que faltó la documentación que acredite el cumplimiento
de los requisitos y las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del
Programa Educación para Adultos.
Los auditores observaron un pago excesivo, superior a los 80 mil pesos, en el
monto establecido en los contratos de honorarios de ocho trabajadores del
Conalep Veracruz, y un pago de 62 mil pesos por pago a un trabajador que no
contó con el contrato de honorarios y pagos en exceso a un trabajador de
honorarios del IVEA.
La auditoría arrojó también una observación por un millón 157 mil pesos,
relacionados con el pago a trabajadores que no cumplieron con el nivel académico
requerido para el puesto que desempeñaron en el Conalep Veracruz.
El gobierno de Veracruz deberá solventar, además, el uso de 2 millones 887 mil
pesos por el arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de
programas públicos. Y es que, a pesar de que se presentó la documentación que
justificaba tres contratos, no se acreditó si el gasto cumplió con los objetivos.
Otros 18 millones 643 mil pesos fueron asignados a 117 personas que prestaron
servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, de los que no se
presentaron los contratos de servicios, que permitieran corroborar el objeto, las
especificaciones, las condiciones y los plazos del Instituto Veracruzano de
Educación para Adultos (IVEA), al igual que las obligaciones de los prestadores de
los servicios, los servicios proporcionados, así como su relación con los objetivos
del fondo.
Las cuentas no le salen al gobernador de Veracruz, y faltan todavía otros dos
informes más del 2023, además de la revisión de su último año.
* * *
Epílogo.
La sacudida en el Poder Judicial del Estado (PJE) va en serio y la mira está
puesta en su magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, cuyo cargo –
dicen- se lo debe al nada apreciado exsecretario de Gobierno Éric Cisneros
Burgos. *** Operadores de toda la confianza de la gobernadora electa Rocío Nahle
ya trabajan en la conformación del expediente que se le habrá de presentar, sobre
los jugosos negocios que hacen con la justicia personajes como David Cardeña
Ortega, secretario particular de la magistrada presidente, y Víctor Pliego López,
secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. *** En la revisión de las
denuncias contra el Tribunal Superior de Justicia, destaca el caso del magistrado
Esteban Martínez Vázquez, de quien ya se tiene detallado el “modus operandi”
para hacer lucrativos acuerdos con jueces del norte de la entidad. *** La propuesta
de reforma al Poder Judicial de la Federación tendrá severas repercusiones en los
tribunales de los estados. Pronto lo veremos.
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