Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Hace tres años les ocurrió a Héctor Yunes Landa (PRI) y a Carlos Marcelo Ruiz
(Partido Verde). Ambos actores políticos, con suficientes méritos y trayectoria,
ocupaban posiciones destacadas en las listas de candidatos a la diputación local
por la vía plurinominal, pero al final, por criterios de género, fueron desplazados y
no llegaron al Congreso. *** Por supuesto que no estaban contentos, pero
asumieron que eso era parte de las reglas del juego y se disciplinaron. *** También
hace tres años, en el Congreso federal, Javier Herrera Borunda tenía asegurada
una curul en San Lázaro por su posición en las propuestas del Partido Verde para
la representación proporcional, pero al final el Instituto Nacional Electoral (INE)
decidió que, por razones de género, su sitio tendría que ser ocupado por una
mujer de su mismo partido. *** No fue una noticia grata, pero el hijo de Fidel
Herrera asumió con disciplina la decisión de los órganos electorales. Los tres
casos antes mencionados fueron compensados, pues en la actualidad, tres años
después, ya son diputados. *** En esta ocasión le ocurrió algo similar al dirigente
estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, quien estaba enlistado
como suplente en la primera posición de la lista de su partido para los espacios
plurinominales y al ganar su curul el candidato propietario (Ramón Díaz) por la
mayoría relativa, se asumía que el suplente ocuparía su lugar. *** Sin embargo, el
órgano electoral decidió que en esta ocasión ese espacio correspondía a la mujer
que apareciera en el segundo lugar de la lista: Elizabeth Morales. *** El martes,
durante la jornada de entrega de constancias a los diputados plurinominales,
Vicente Aguilar no disimuló su molestia y amagó con impugnar la decisión del
OPLE. *** No debería hacerlo. Su reclamo será desechado en los tribunales y él
quedará exhibido por su postura en contra de que una mujer ocupe el lugar que su
partido ganó por la vía de la representación proporcional. *** Vicente Aguilar es un
político maduro, con amplia experiencia, y sabe que gana más sumándose a la
decisión del OPLE, que peleando por un lugar que no será para él.
Fue una bandera durante su campaña, hace seis años y ha sido un discurso
recurrente a lo largo de su gestión como gobernador.
Cuitláhuac García ha puesto especial énfasis en su “compromiso” con la
protección y el apoyo a las mujeres durante su mandato, con un enfoque en la
reducción de la violencia de género y de los casos de feminicidio.
En su informe de gobierno del 2023 y en un evento similar que realizó este año, el
gobernador veracruzano aseguró que había logrado una “disminución significativa”
en los feminicidios, con una baja de más del 50% desde el inicio de su
administración. Tras presumir ese logro, se lo atribuyó al “fortalecimiento de la
seguridad pública y la profesionalización de las fuerzas de seguridad para abordar
específicamente los delitos de género”.
Mintió, como lo hizo en muchos otros temas. Nunca la mujer había estado tan
vulnerable, nunca en la historia de Veracruz habían sido asesinadas tantas
mujeres por el hecho de pertenecer a ese género.
Negar las cifras reales y ser omiso en ese compromiso, hace a Cuitláhuac García
responsable de todas esas muertes.
La mañana de este miércoles una joven fue ejecutada de cinco disparos y su
cuerpo fue arrojado a un costado de la carretera estatal que comunica a Playa
Vicente con Ciudad Isla.
El hallazgo del cuerpo se reportó minutos después de las 7 de la mañana, cuando
varias personas llamaron al 911 para informar que en una zona conocida como “El
Cinco”, había una mujer tirada. Elementos de la policía estatal acudieron al sitio y
encontraron a una mujer tendida en el pasto, que vestía pantalón de mezclilla azul,
tenis blancos, playera negra y tenía los ojos cubiertos con una venda. Además, el
cuerpo presentaba huellas de tortura y los orificios de cinco impactos de bala.
Mientras tanto, en Orizaba, el cadáver de una profesora fue encontrado
desmembrado dentro de su vivienda, en el fraccionamiento San Alejandro.
La víctima fue identificada como Marina Sánchez Lagunas, de 48 años, quien
llevaba varios años radicando en Estados Unidos.
Sánchez Lagunas regresaba a México de manera periódica para visitar su casa,
ubicada en la zona de El Espinal.
Aunque la profesora regresó a su casa, pasaron unos días sin que fuera vista por
sus vecinos, hasta que un fuerte olor fue detectado en su vivienda y se solicitó la
intervención de las autoridades.
Elementos de la policía ingresaron al domicilio y en el baño encontraron a la
maestra, la cual había sido asesinada y su cuerpo cercenado.
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández, fue
abordada por los reporteros cuando salía de las oficinas regionales de Córdoba y,
como suele hacer en estos casos, prometió que “no habrá impunidad” en el caso
de la profesora asesinada en Orizaba, a la vez que admitía que tenía otros tres
homicidios de mujeres cometidos en diversos puntos del estado.
Para colmo, las seis mujeres originarias de Colombia que llegaron a Veracruz tras
una falsa oferta de empleo y que fueron privadas de la libertad, no han podido
regresar a su país.
Sus familiares desde aquel país denuncias que las autoridades de Veracruz les
han impedido su retorno y temen que estén siendo presionadas -y hasta
torturadas- para que aporten más información sobre la presunta red de trata de
mujeres que las trajo a este país, sin detenerse a pensar que, antes que testigos,
las jóvenes fueron víctimas.
Esa es la sensibilidad con la que se atienden los temas de género en Veracruz.
Epílogo.
Otra organización política que externó su descontento por los criterios que aplicó
el OPLE Veracruz para la designación de diputados por la vía plurinominal fue
Movimiento Ciudadano. *** Su aún dirigente estatal y ahora diputado federal,
Sergio Gil Rullán, asegura que se cometió un “agandalle” para favorecer a
Morena. *** El dirigente partidista mostró cifras que demuestran que Morena y sus
aliados fueron favorecidos y les concedió una sobrerrepresentación. *** “A este
Consejo General y al Tribunal de Veracruz les compete respetar y garantizar los
derechos humanos, evitando cualquier restricción a los mismos bajo los términos
establecidos por la Constitución. En uso de sus atribuciones, el Consejo debe
realizar los ajustes necesarios para evitar la sobrerrepresentación y reconocer el
valor igual de cada voto, asignando diputaciones de manera justa”, expuso Sergio
Gil.
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