Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La ya de por sí irregular elección judicial está a punto de caer en el más aberrante
de sus escenarios: la imposición, por capricho personal, de juzgadoras que fueron
derrotadas en las urnas y a las que se les colocará en posiciones que ganaron
aspirantes del género masculino. *** Ya lo habíamos anticipado ayer y este lunes
la organización Poder Ciudadano salió a cuestionar la propuesta de la magistrada
Mónica Areli Soto Fregoso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de revocar magistraturas ganadas por hombres para
asignarlas a mujeres. *** El argumento de Mónica Soto es que las aspirantes
mujeres tuvieron más votos que los hombres, a los que el Instituto Nacional
Electoral (INE), consideró como ganadores por haber sido los más votados en su
género. Eso, sin embargo, raya en lo absurdo. *** Las aspirantes mujeres no
compitieron contra los aspirantes hombres. Hubo boletas y espacios específicos
para cada género y, por lo tanto, no se pueden comparar los votos obtenidos por
unos y por otras. Más aún, cuando en algunos casos las opciones para elegir
variaban en cantidad. *** Nilda Riaño, representante de Poder Ciudadano, puso
especial énfasis en la gravedad del acuerdo aprobado en la Sala Superior: “Esa
revocación implica dejar de lado una de las reglas más importantes de la
contienda, consistente en que por primera vez en la historia del país las mujeres
no compitieron con hombres, puesto que se diseñó una boleta paritaria en lugar de
la boleta tradicional”. *** En las convocatorias de los comités de los tres poderes,
se establecieron lineamientos de paridad que fueron aprobados por el INE en el
acuerdo general y quedaron plasmados en la boleta electoral. Ahí se estableció
con claridad que el 50 por ciento de los juzgados y tribunales serían para mujeres
y el 50 por ciento para hombres. *** El magistrado federal electo en materia mixta
Ángel Rosas Solano informó que su triunfo fue impugnado por dos mujeres que
argumentan haber obtenido más votos que él, lo que calificó como algo
equivocado: “Por primera vez en la historia de la República hubo una elección
paritaria, en donde las mujeres competían exclusivamente con mujeres y los
hombres con hombres. Esto se hizo, precisamente, como acción afirmativa para
combatir el rezago histórico y esa discriminación que hubo durante muchos años
en contra de las mujeres”. *** El propio Ángel Rosas y otros aspirantes ganadores
que serían desplazados, presentaron la semana pasada una consulta ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de conocer su
posicionamiento respecto a una determinación que violenta artículos de la Carta
Magna. *** Esperemos que esta barbaridad sea corregida.
Hay una máxima que se repite con frecuencia y suele acertar: “explicación no
pedida, culpabilidad manifiesta”.
Mucha tinta ha corrido en los meses recientes por el incremento en los niveles de
violencia criminal que se han registrado en Veracruz. Buena parte de lo que se ha
escrito sobre ese tema apunta a la incapacidad de las autoridades -tanto estatales
como federales- para hacer frente a organizaciones delictivas, mientras que otras
opiniones tienden a exculpar al gobierno, atribuyendo a muy antiguos gobiernos
(Felipe Calderón, en lo Federal, Fidel Herrera o Javier Duarte en lo local) la culpa
del crecimiento de esas bandas.
En ningún artículo, sin embargo, se sugiere que el actual gobierno estatal, que
encabeza Rocío Nahle, haya suscrito un “pacto” con grupos criminales. ¿Por qué,
entonces, tanta insistencia de la gobernadora por afirmar que no hay acuerdos con
el crimen organizado?
“Nuestro Gobierno no tiene pacto con nadie más que con el pueblo”, fue la
expresión utilizada este lunes por Rocío Nahle al salir a dar la cara por el motín
que se suscitó el fin de semana en el reclusorio de Tuxpan.
Curiosamente era una expresión que también repetía hasta el hartazgo su
antecesor, el ingeniero Cuitláhuac García, y resulta que buena parte de la
responsabilidad del actual brote de violencia es de aquel gobierno, que habría
pecado -al menos- de omisión, si no es que hasta de complicidad.
Y es que la guerra en el norte de Veracruz, por el dominio territorial, entre
organizaciones criminales (hoy, a la vista, Los Sombras, una escisión del Cártel
del Golfo contra una representación del Cártel Jalisco Nueva Generación) tiene ya
un buen rato, y habría salido a la luz la madrugada del primero de enero del 2023
cuando, de forma simultánea, se suscitaron ataques armados contra centros
nocturnos de Poza Rica.
Desde entonces a la fecha se han registrado numerosos ataques vinculados con
organizaciones criminales, al grado de que en múltiples ocasiones el gobierno
federal reforzó la presencia de soldados, marinos y policías federales, los que
permanecían un par de semanas y, una vez que reportaban que todo estaba en
calma, eran asignados a otros puntos del país.
La violencia no inició con el secuestro y ejecución de la maestra Irma Hernández.
Días antes había sido asesinado el exdirector del penal de Tuxpan, Antonio
Huescas Figueroa (18 de junio) y fue “levantado”, obligado a grabar un video y
luego liberado, el que fuera subdirector de ese mismo penal. Óscar Vázquez
Balderas.
Y cuando ya era un escándalo nacional la ejecución de la maestra Irma
Hernández, otro taxista fue secuestrado, logró evadir a sus captores y mientras
convalecía en un hospital fue víctima de otro ataque. Él sobrevivió, pero su padre
perdió la vida.
Y luego el motín en el penal de Tuxpan, con un saldo, hasta el lunes, de nueve
fallecidos, y este lunes la aparición de al menos tres cuerpos desmembrados en el
tramo carretero entre Poza Rica y Cazones y una ejecución en Tuxpan, con saldo
de una persona fallecida.
Mientras terminan de elaborar el “diagnóstico” sobre los reclusorios de la entidad
(algo que debió haber encargado la actual gobernadora desde que andaba en
campaña), ya va siendo hora de que el responsable de la seguridad de los
veracruzanos, el contralmirante Alfonso Reyes Garcés, dé una explicación de lo
que ha sucedido y del papel que ha jugado la dependencia a su cargo.
Algo tiene que cambiar para que vuelva la paz al estado.
Epílogo.
Algo delicado parece estar sucediendo en las finanzas estatales. Diversos
sectores vinculados con la administración pública han salido a protestar porque no
les pagan. *** En esta ocasión fue el personal docente de los Institutos
Tecnológicos de Veracruz, que se manifestó en las instalaciones de la Secretaría
de Finanzas (Sefiplan) para exigir el pago de salarios y prestaciones que les
adeudan desde hace varios meses. *** Denunciaron que les deben lo que
corresponde a la quincena del 30 de julio, así como bonos del Día del Maestro y
otras prestaciones contractuales acumuladas durante siete meses. *** Antes han
sido jubilados, maestros, proveedores, contratistas y empleados del sector salud.
¿Dónde está el dinero?
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