Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Se convirtió, sin lugar a dudas, en “el villano favorito” de todos los funcionarios del
gobierno duartista que tuvieron problemas con la ley. *** En los testimonios de
Antonio Tarek Abdalá Saad (quien fuera tesorero durante buena parte de la
administración de Javier Duarte) están basadas la mayoría de las denuncias que
los excolaboradores de aquella administración enfrentan hasta la actualidad. ***
Todavía era diputado federal, cuando Antonio Tarek Abdalá negoció con la
entonces Procuraduría General de la República (PGR) un mecanismo jurídico que
se conoce como “criterio de oportunidad”, esto es: negoció que se retiraran las
denuncias en su contra, a cambio de convertirse en informante en todos aquellos
procesos que se iniciaron contra funcionarios de la misma administración estatal.
*** Y Tarek cumplió, al menos en la primera parte del acuerdo: dio nombres y
cifras sobre movimientos financieros irregulares, que permitieron iniciar procesos
contra altos directivos del gobierno de Javier Duarte. *** El problema se dio
cuando Antonio Tarek se tuvo que presentar a ratificar sus acusaciones. No lo hizo
y, como consecuencia de ello, todos esos procesos se fueron “cayendo”. *** La
Fiscalía General de la República (FGR) pretendió actuar en contra del extesorero,
pero la misma institución lo “blindó”. *** Un tribunal federal ratificó el amparo
otorgado a Tarek, con el que queda sin efecto una orden de aprehensión en su
contra, por el supuesto desvío de recursos que presuntamente sucedió en el 2013.
*** En los argumentos del amparo se señala que desde 2018 Antonio Tarek goza
de un “criterio de oportunidad” otorgado por la PGR (hoy FGR), el cual lo blinda
para no ser detenido por el mismo delito que le imputa la Fiscalía General de
Veracruz. *** Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Segundo Circuito detallan que el exservidor público argumentó que “se le está
juzgando por los mismos hechos delictuosos sobre los cuales previamente se le
concedió un criterio de oportunidad que, refiere, mantiene suspendido el
procedimiento”, lo que estima, “es contrario al principio non bis in ídem (nadie
puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos)”. *** Así, ni los casos contra
los que fueron sus colegas, ni contra él mismo, han podido avanzar. Alguien no
hizo bien su tarea.
* * *
Pareciera una obviedad, pero cada vez que da más claro que hay que recordarlo:
hay diferencias sustanciales entre los conceptos de “justicia” y “Venganza”.
La justicia es equidad, mientras que la venganza es represalia. La justicia busca
restaurar el equilibrio, en tanto que la venganza busca infligir dolor.
Este fin de semana el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, fue imputado
por el delito de tortura y el juez de control pasará un año de prisión preventiva
como medida cautelar.
Horas antes, los abogados de Winckler habían conseguido que le fuera retirada la
medida cautelar de reclusión, por una prisión domiciliaria, por el proceso que se le
sigue imputado de desaparición forzada. Al momento en el que se concretaba el
cambio de medida cautelar, elementos de la Policía Ministerial de Veracruz le
presentaban una nueva orden de aprehensión, ahora por la presunta comisión del
delito de tortura.
El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia para que el juez de control de
Pacho Viejo decida si lo vincula a proceso.
Su retención en prisión es producto -obviamente- de una “chicanada jurídica”, y si
alguien sabe de eso es el propio Winckler, pues él mismo las aplicó cuando estuvo
al frente de la Fiscalía.
Soy de los que creen que las dos denuncias contra Jorge Winckler están
justificadas. He platicado con algunas de sus “víctimas” (exservidores públicos que
sufrieron los actos de represión “justicia” por consigna) y sé de lo que era capaz
desde su cargo de fiscal.
Sin embargo, a la vez estoy convencido de que, mientras la justicia se basa en la
ley, la venganza se basa en el deseo de hacer daño. Y yo no comulgo con eso.
Jorge Winckler debe enfrentar la ley con los argumentos jurídicos que tenga a la
mano, mientras que la Fiscalía, esa que él mismo encabezó, debe sumar a su
caso las herramientas legales que la Constitución le otorga.
Este mismo fin de semana, el abogado Tomás Mundo informó que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación discutirá en los próximos días si es constitucional o
no, la prisión preventiva.
Ya hay antecedentes al respecto, por lo que se anticipa tal medida cautelar será
“echada abajo”, y se le limitará sólo para cuando realmente sea necesaria y eso lo
acredite plenamente el Ministerio Público.
“Los ministros resolverán si se debe imponer la prisión preventiva, partiendo de
que esta medida debe tener fines cautelares y no se constituye como una de
medida punitiva, por lo que su aplicación debe ser excepcional”, explicó Tomás
Mundo.
El proyecto de los ministros plantea que la prisión preventiva es la medida más
severa que puede imponerse al imputado, quien goza, hasta antes de ser
sentenciado, de la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la exjueza Angélica Sánchez Hernández señaló que el sistema de
justicia en Veracruz opera bajo consignas y se dirige, de manera sistemática,
contra presuntos adversarios del gobierno estatal.
Desde su óptica, la Fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión de manera
estratégica. Advierte que cuando un acusado gana un juicio o recibe un amparo
que podría dejarlo en libertad, la Fiscalía le fabrica una nueva carpeta y le atribuye
otro delito para mantenerlo en prisión.
“Creo que es una táctica muy sucia por parte del gobierno del estado, porque si
uno está en prisión preventiva atribuyéndole los delitos que sean, ¿por qué en ese
momento no le ejecutan las demás órdenes para que lleve los procesos al mismo
tiempo? Esperan a que se le dicte una libertad o un arraigo domiciliario para
ejecutar otra orden de aprehensión. Esto sucede con muchas personas. Es ilegal”.
Jorge Winckler tiene que pagar por los delitos que haya cometido desde la
titularidad de la Fiscalía de Veracruz. No por eso se justifica que se apliquen en su
contra los actos de abuso de poder que él mismo utilizó.
La justicia es imparcial, en tanto que la venganza es personal y subjetiva.
* * *
Epílogo.
Érik Ruíz, el alcalde de Emiliano Zapata, presume de tener una “cercana relación”
con el gobernador Cuitláhuac García. Quizá respaldado en esa cercanía, sin
previo aviso, sin notificación oficial alguna, durante la madrugada del pasado
sábado ordenó el desalojo (incluidas acciones como destrucción y saqueo de
mercancías) de los puestos ambulantes que se ubicaban en Las trancas, a un lado
del fraccionamiento Praderas. *** Los comerciantes se encontraron, a su llegada la
mañana del sábado, con sus espacios totalmente vacíos; descubrieron que se
llevaron sus herramientas de trabajo y sus insumos. *** Delitos como abuso de
autoridad, despojo y robo, están plasmados en las denuncias que presentan los
comerciantes “contra quien resulte responsable”, aunque señalan directamente al
alcalde de Emiliano Zapata. *** ¿Será que a Cuitláhuac García le alcancen las
fuerzas para defender a su amigo?
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