Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental
(aquellos que bloquearon la carretera federal a la altura de Totalco y fueron
desalojados por la Fuerza Civil de Veracruz, con un saldo de dos manifestantes
muertos) ya se cansaron de esperar la respuesta de las autoridades. *** Fueron
pacientes y permitieron que el tiempo corriera hasta que Cuitláhuac García dejara
el cargo, con la esperanza de que habría mayor disposición en el gobierno de
Rocío Nahle, pero siguen sin solución a sus demandas. *** Este martes se
plantaron en el centro de Xalapa y denunciaron que el gobierno de Cuitláhuac
García les mintió con la supuesta clausura de Granjas Carroll. Además, afirmaron
que persiste la impunidad en el caso pues, aunque elementos de la extinta Fuerza
Civil fueron detenidos, en realidad quien ordenó el desalojo fue el entonces
secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil. *** “Nuestra presencia aquí es para
hacerle llegar a la gobernadora Rocío Nahle nuestra denuncia y la exigencia de
justicia para los crímenes en Totalco, y para que también atienda las demandas
del movimiento campesino que lleva décadas luchando por defender el agua, la
tierra y la vida”, dijo Renato Romero, en representación de este grupo organizado.
*** Dijo que, a 7 meses de la represión, los crímenes siguen impunes y el gobierno
federal ha sido omiso, a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López
Obrador se comprometió a hacer justicia en su momento y ordenó una
investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR), pero ese
organismo sólo administró el conflicto. *** Insistió en que la clausura de las
Granjas Carroll fue mentira: “La planta de alimentos de Granjas Carroll siempre
siguió funcionando. Ahí está trabajando. Ninguna planta de Granjas Carroll fue
cancelada o clausurada”. *** Un problema más, de los muchos que recibió de
herencia Rocío Nahle.
Era una consecuencia lógica: Morena, como partido (no se crean ese cuento del
“movimiento”) está enfrentando ya, a tan poco tiempo de haber nacido, los
problemas naturales de los partidos grandes. Ya no todos los que visten de guinda
pueden ser considerados como “zombis”.
Sólo hay que tener un poco de memoria. En los tiempos de la supremacía priista
(y ya hemos hablado de que el Morena de hoy se parece mucho al PRI de los
años 70, el siglo pasado) también se simulaba una especie de “democracia
interna”. Se emitían convocatorias y se “consultaba” a los sectores para definir las
candidaturas.
Al final, en las demarcaciones más importantes, se imponía la voluntad de las más
altas jerarquías. Pero había alguien que se encargaba de “planchar” a los
aspirantes. Ese emisario les explicaba que la decisión ya estaba tomada, pero que
a los que no fueran seleccionados se les iba a compensar con posiciones muy
atractivas.
Algo parecido a lo que hizo Andrés Manuel para imponer a Claudia Sheinbaum
como su sucesora.
En el PRI, sin embargo, esa fórmula terminó por desgastarse. Así como los virus
mutan para hacerse resistentes a las vacunas, así los priistas encontraron
resquicios en el protocolo del partido para obtener mayores beneficios.
Los priistas más experimentados “se formaban en la fila” y no declinaban hasta
que alguien se acercara a ellos para hacerles la mejor oferta posible.
Un ejemplo muy claro de eso fue la definición de la candidatura al gobierno de
Veracruz en el 2010. Aunque Fidel Herrera había decidido que el candidato fuera
Javier Duarte, se topó con la resistencia de Héctor Yunes Landa, quien aseguraba
tener tantos, o incluso más méritos.
Héctor Yunes no era un político cualquiera. Se requirió de una intensa negociación
para convencerlo de que le cediera el lugar a Javier Duarte.
En la actualidad, el que tiene la encomienda de “operar” las candidaturas ya
definidas en Morena es el dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta, quien al
parecer se brincó un par de pasos de aquel protocolo que usaban los priistas.
Salió a anunciar que “al parecer” en Xalapa se estaba construyendo una
candidatura “por consenso”, pues varios de los aspirantes a la alcaldía de la
capital del estado estarían dispuestos a declinar en favor de la actual titular del
IPE, Daniela Griego.
Sí, pero “varios” no significa “todos”.
Al menos dos (Juan Vergel e Iván Martínez) ya levantaron la voz para decir que
ellos no han declinado y que, conforme lo establece la convocatoria, esperarán los
resultados de la encuesta.
Hay quien sugiere que las declaraciones de Ramírez Zepeta tenían como fin eso:
que varios candidatos se opusieran y de esa manera se “cayera” la candidatura
por consenso a favor de Daniela Griego.
Lo cierto es que el procedimiento ya luce turbio y de una u otra forma (consenso o
encuesta) quien obtenga la candidatura lo hará despertando muchas suspicacias.
Son los costos de abrir el partido sin establecer filtros.
Epílogo.
Una vez más -la número 18- un juez federal ordenó al gobierno de Veracruz que
ejecute el desalojo y la restitución del predio denominado Jinicuil Manso, ubicado
en la congregación de Tapachapa en Coatepec. *** Este nuevo mandato responde
a un incumplimiento del gobierno de Cuitláhuac García a los legítimos propietarios,
quienes obtuvieron una orden de desalojo contra 40 familias que habitan el terreno
en disputa. *** La orden judicial fue emitida originalmente en octubre de 2022 por
una jueza de control de Pacho Viejo, a partir de la causa penal 7/2021, y en ella se
dispone que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realice la diligencia. *** Los
legítimos propietarios del predio Jinicuil Manso han denunciado la falta de acción
de las autoridades, pues a pesar de haber ganado el juicio y obtenido el respaldo
de la justicia federal, la SSP ha incumplido de forma recurrente con ese mandato
judicial. *** El encargado de la delegación de Policía Estatal Región XIV con sede
en Xico, argumentó que no contaba con los elementos policiacos necesarios para
llevar a cabo la diligencia, por lo que canceló el operativo en el mes de diciembre.
*** El litigio por el predio Jinicuil Manso data del 2019, cuando los propietarios
denunciaron la ocupación ilegal por parte de integrantes de la CIOAC. Aunque los
tribunales dieron la razón a los dueños, la restitución del terreno no se ha
concretado en casi seis años. *** ¿Eso es hacer justicia?
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