AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
En las elecciones municipales de junio próximo en Veracruz, no sólo se van a elegir
directamente alcaldes, síndicos y regidores de ambos géneros, sino también, de manera
indirecta –dependiendo de quiénes lleguen y qué acuerdos hayan hecho con los grupos
criminales–, estarán en juego otros relevantes cargos administrativos que serán designados
por las comunas que resulten electas, como por ejemplo los jefes policiacos, tesoreros y
directivos de obras públicas.
Esta descomposición política no sólo ocurre en la entidad veracruzana. Anteayer, por
ejemplo, cuando transitaban por el estado de Aguascalientes, un grupo armado de una
célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) retuvo al alcalde jalisciense de
Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando; a su hijo Sebastián; a su esposa Brenda Marisol
Montañez, y a otros dos funcionarios de ese ayuntamiento. Los sicarios liberaron al
munícipe de Movimiento Ciudadano y a sus acompañantes, menos a su cónyuge, la cual
quedó en calidad de rehén hasta que el edil pusiera como jefe de la policía municipal a una
persona afín al grupo delictivo. Ayer, por fortuna, la señora apareció sana y salva.
En Veracruz, aún no hay candidatos oficiales a las 212 alcaldías de la entidad y ya se han
registrado algunos atentados, secuestros, crímenes y otros actos intimidatorios en contra de
aspirantes a las presidencias municipales.
El pasado viernes 7, en Minatitlán, a donde acudió a la ceremonia de toma de posesión al
cargo y protesta de bandera del nuevo comandante de la 29ª Zona Militar, la gobernadora
Rocío Nahle garantizó la seguridad tanto para la ciudadanía como para los precandidatos,
asegurando condiciones de tranquilidad y legalidad en cada etapa del proceso.
En entrevista con medios de comunicación de la región sur, Nahle destacó que se atienden
de manera efectiva los sucesos delictivos y que, para fortalecer la seguridad, su gobierno
mantiene una estrecha coordinación con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional,
la Guardia Nacional, las fiscalías estatal y federal.
Explicó que, como parte de esta estrategia, las mesas de seguridad se llevan a cabo en
distintas regiones del estado para dar seguimiento a los casos y definir acciones conjuntas
que permitan mejorar la respuesta operativa ante cualquier incidencia.
Pero, lamentablemente hasta ahora, ya fue secuestrado y ejecutado Carlos Ransés Neri
Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y fuerte aspirante del PVEM a
esa alcaldía del centro de la entidad. Fue plagiado el jueves pasado junto con su hermano
Juan Daniel. Y tres días después, en Cotaxtla, al sur del puerto de Veracruz, fue
“levantado” otro precandidato de MORENA, Vicente Domínguez, un reconocido
empresario ferretero que todavía no aparece. Paradójicamente, las víctimas buscaban ser
postulados por ambos partidos de la 4T que lograron salvar su alianza en esta contienda
municipal.
En Paso del Macho hay antecedentes de la corrupción y vínculos de los jefes policiacos con
grupos criminales. La semana pasada, la Fiscalía Regional de Córdoba logró la vinculación
a proceso de Mario “N”, ex director de la Policía Municipal detenido en Querétaro por su
presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en agravio de Gabriel
Humberto Cobos Ramón, un joven de 21 años de edad, originario de la Ciudad de
Veracruz, quien fue reportado como desaparecido el 22 de noviembre de 2019, recién
iniciado el sexenio del ex gobernador morenista Cuitláhuac García, actual director general
del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
En Paso del Macho hay antecedentes de la corrupción y vínculos de los jefes policiacos con
grupos criminales. La semana pasada, la Fiscalía Regional de Córdoba logró la vinculación
a proceso de Mario “N” por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición
forzada en agravio de Gabriel Humberto Cobos Ramón, un joven de 21 años de edad,
originario de la Ciudad de Veracruz, quien fue reportado como desaparecido el 22 de
noviembre de 2019.
Como parte del proceso penal 13/2020, el juez dictó prisión preventiva justificada contra el
imputado, quien enfrentará su juicio bajo esta medida cautelar.
Según las investigaciones, la víctima viajaba en su vehículo del puerto jarocho hacia Paso
del Macho cuando se perdió su rastro. El ex comandante le marcó el alto pero Cobos
Ramón no se detuvo.
El auto de la víctima apareció posteriormente en un corralón, pero el joven porteño no fue
presentado ante ninguna autoridad. Su cuerpo fue hallado desmembrado días después en el
río Atoyac.
Su muerte, según trascendió, habría sido similar a la de Carlos Ranses Neri Rodríguez,
quien anteayer fue sepultado junto con su hermano Juan Daniel entre los gritos de
“¡justicia! ¡justicia! ¡justicia!” que exclamaron sus familiares, amigos y vecinos de Paso del
Macho. En el funeral, su madre Elia Rodríguez lo declaró “Presidente Municipal por un
día”, según la crónica periodística de Benito Juárez Ramírez, reportero del medio digital
Alcalorpolitico.com.
Además de su promesa de garantizar la seguridad tanto para la ciudadanía como para los
precandidatos, asegurando condiciones de tranquilidad y legalidad en cada etapa del
proceso, y de su estrategia con las mesas de seguridad que se llevan a cabo en distintas
regiones del estado para dar seguimiento a los casos y definir acciones conjuntas que
permitan mejorar la respuesta operativa ante cualquier incidencia, la gobernadora Nahle y
las fuerzas policiacas estatales y federales, junto con las fiscalía, deberán aplicarse más para
evitar que se repita el mismo escenario violento que mancho de sangre el proceso electoral
municipal 2020-2021, en el Veracruz fue el epicentro de la violencia política del país.
Y es que, como recordará, la consultora de riesgos Etellekt documentó en aquella ocasión
un aumento de 17.5 por ciento de las agresiones a políticos a nivel nacional, respecto a los
comicios anteriores (2017-2018).
El sexto informe de Etellekt, presentado el día de los comicios, indicaba que, del 7 de
septiembre de 2020 hasta la jornada electoral del 6 de junio de 2021, se habían registrado
910 agresiones contra políticos y candidatos en el país, con un saldo de 860 víctimas de
diversos delitos como amenazas, homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad,
ataques contra colaboradores y daño a la propiedad, entre otros.
Según la consultora de riesgos, esta cifra representó un incremento de 17.5 por ciento,
respecto a las 774 agresiones registradas durante todo el proceso electoral de 2017-2018.
Veracruz fue la entidad en la que más casos de agresiones a políticos se contabilizaron
entre los últimos cuatro meses de 2020 y el primer semestre de 2021. Etellekt enlistó 132
agresiones que se dieron contra políticos veracruzanos; en Oaxaca se suscitaron 78; en
Puebla 76; en el Estado de México 69; en Guerrero 53, y en San Luis Potosí 47.
