AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Hasta el domingo 25 de mayo, una semana antes de la elección, sólo siete de los 38
candidatos al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial habían hecho pública su declaración 3
de 3, documento que incluye su situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal.
Los aspirantes que sí transparentaron esta información fueron María Elisa Vera Madrigal,
Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Jorge Isaac Lagunes Leano, Fany Lorena Jiménez Aguirre,
Bernard Abigail Díaz de León, Juan Pedro Alcudia Vázquez e Indira Isabel García Pérez,
quien, por la votación obtenida este primer domingo de junio, es la única de este grupo que
tiene amplias posibilidades de formar parte del nuevo tribunal disciplinario.
La publicación de estas declaraciones forma parte de una iniciativa conjunta de los comités
de participación ciudadana de los sistemas nacional y estatales Anticorrupción, en
coordinación con la organización Transparencia Mexicana. El objetivo era promover la
rendición de cuentas entre quienes buscaban ocupar cargos en el Poder Judicial,
especialmente ante este inédito proceso electoral en el que fueron elegidas las tres
magistradas y dos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo
organismo anticorrupción que tendrá un papel fundamental en la supervisión del actuar de
jueces y magistrados, pues se encargará de investigarlos y, en su caso, sancionar a los
acusados de mal desempeño o malas prácticas.
Por ello, los comités de participación ciudadana habían señalado que era necesario que los
votantes contaran con información clara y verificable, más allá de la propaganda electoral.
Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es
para aspirantes a cargos de elección popular, quienes hasta ahora solamente la presentan de
manera voluntaria.
Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es
para aspirantes a cargos de elección popular, quienes hasta ahora solamente la presentan de
manera voluntaria.
Hasta ayer, con 63 por ciento de las casillas computadas, Celia Maya García, actual
integrante del Consejo de la Judicatura y tres veces candidata a la gubernatura de Querétaro
–una postulada por el PRD y dos veces por Morena–, encabezaba la votación para el
Tribunal de Disciplina Judicial con 2.6 millones de votos, equivalentes a 7.7% del total. De
confirmarse esta tendencia, sería la primera presidenta del tribunal, cargo que será rotatorio
cada dos años. Ella no presentó su declaración 3 de 3.
Tampoco Eva de Gyves Zárate, quien se perfila en segundo lugar con 2.4 millones de votos
Tampoco Eva de Gyves Zárate, quien se perfila en segundo lugar con 2.4 millones de votos
(7.3 por ciento), la cual formó parte del Consejo de la Judicatura hasta noviembre de 2024.
Otro que igualmente se negó a transparentar su situación patrimonial, intereses y
cumplimiento fiscal fue Bernardo Bátiz Vázquez, ex procurador de Justicia de la CDMX y
también miembro actual del Consejo de la Judicatura, quien va en tercer lugar de la
votación, encabezando al grupo de candidatos del género masculino con 2.3 millones de
sufragios, cifra que representa el 6.9 por ciento del total.
En cuarta posición está Indira Isabel García Pérez, que sí cumplió con su 3 de 3. La
funcionaria cercana a la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, suma hasta
ahora 2 millones de votos (6.1 por ciento).
Rufino León Tovar, actual magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje –cargo que
asumió en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, tampoco dio a
conocer su situación patrimonial y prácticamente tiene amarrada la segunda magistratura
para el género masculino del tribunal disciplinario, al sumar hasta el momento 1.9 millones,
equivalentes a 5.7 por ciento de la votación nacional.
La magistrada veracruzana Denisse Uribe, identificada con el grupo del ex gobernador
morenista Cuitláhuac García, y que también se negó a transparentar su patrimonio, tiene
hasta el momento 540 mil votos en la bolsa, cifra que a pesar de ser menor sorprende por la
opacidad de su financiamiento.
¿Deveras será real ese medio millón de sufragios? Porque los anti 4T ya han comenzado a
sembrar dudas de que en verdad hayan acudido alrededor de 13 millones de votantes,
considerando el tiempo que se llevó cada uno en escoger a sus favoritos entre cientos de
candidatos en media docena de boletas y a que el INE, por razones financieras, ahora sólo
instaló 80 mil casillas en las 32 entidades del país.
LA ‘COLONIZACIÓN’
DE LA UV POR MORENA
Luego de los pronunciamientos de los tres ex rectores de la era autónoma de la Universidad
Veracruzana (UV) –Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara–, así como de
los ex miembros de la Junta de Gobierno y de académicos que aspiran a ocupar la Rectoría
de la máxima casa de estudios en el periodo 2025-2029, ayer, casualmente, los integrantes
de este Órgano Colegiado emitieron un comunicado sobre la polémica solicitud de prórroga
que desde el pasado jueves 29 de mayo presentó el sociólogo promorenista Martín Gerardo
Aguilar Sánchez para continuar automáticamente en la Rectoría por un periodo más,
petición sin precedente que ha pretendido fundamentar en la legislación universitaria
vigente: la Ley de Autonomía, Artículo 10º; la Ley Orgánica, Artículo 36, y el Estatuto
General, Artículo 25.
De acuerdo con la publicación oficial difundida anoche, se informó que “en sesión
extraordinaria de fecha 3 de junio 2025, la Junta de Gobierno determinó que, a fin de
cumplir con la obligación del derecho de petición del promovente previsto en el artículo 8º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acordó el procedimiento para
el trámite solicitado. Así mismo, la Junta de Gobierno definió el método para la
evaluación y el mecanismo de consulta a la Comunidad Universitaria. Para ello, se
requirió información complementaria al solicitante para estar en condiciones de admitir a
trámite la solicitud, otorgándosele un plazo de dos días naturales para cumplir con el
requerimiento, apercibido de que en caso de incumplir o cumplir parcialmente, se tendrá
por no presentada la solicitud”.
“La determinación que recaiga a la solicitud, se comunicará a la Comunidad Universitaria
en la página web de la Junta de Gobierno (https://www.uv.mx/juntagob/). Para el caso de
que la Junta de Gobierno emita su determinación negando la prórroga, dará lugar a la
emisión de la convocatoria respectiva dentro del término previsto por el artículo 8º fracción
I, inciso d) de la Ley de Autonomía, para elegir al nuevo titular de la Rectoría de la
Universidad Veracruzana, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 del Estatuto
General, en ningún caso y por ningún motivo, quien haya ocupado la titularidad de la
Rectoría, podrá volver a desempeñarla”.
Si los morenistas y sus aliados ya revivieron el exacerbado presidencialismo del moribundo
priismo, se agandallaron también las mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión
y el domingo pasado acaban de organizar una elección desairada por más del 87 por ciento
de los votantes para apoderarse del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué no colonizar
entonces también las universidades públicas “autónomas” como la veracruzana? ¿Después
de la UV seguirá la UNAM?