AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El ex panista Ernesto Ruffo Appel, quien pasó a la historia en 1989 al resultar electo como
el primer gobernador de oposición en el país –por un presunto acuerdo del presidente
Carlos Salinas de Gortari con la cúpula del PAN por haber legitimado su polémico triunfo
electoral de julio del año anterior–, fue vinculado ayer a proceso junto con otros siete
presumibles cómplices acusados de huachicol fiscal y delincuencia organizada, según
resolvió la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal
en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Ruffo, quien ya se había alejado del PAN, se equivocó al sumarse como consejero
ciudadano del recién creado partido político nacional Somos México, a cuyas filas han ido
a parar también ex ministros de la Suprema Corte y ex magistrados del Poder Judicial de la
Federación, ex consejeros y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), y ex
líderes y ex militantes desencantados del PAN, PRD y de otras fuerzas opositoras.
Y es que si en vez del partido rosa –cuyo color es distintivo también del INE, por lo que ha
sido impugnado legalmente por el grupo en el poder–, el ex gobernador de Baja California
hubiese preferido afiliarse a Morena, seguramente ahorita no estaría tras las rejas del
reclusorio mexiquense sino disfrutando de su supuesta riqueza malhabida u ocupando una
Secretaría de Estado, como el actual titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo,
quien como dirigente nacional morenista fue señalado de financiar en 2021 las campañas de
varios de sus 15 candidatos a las gubernaturas, entre ellos el sinaloense Rubén Rocha
Moya, con recursos aportados por el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, el mayor
huachicolero del país que sospechosamente fue ejecutado en una barbería de San Pedro
Garza García, en el estado de Nuevo León, cinco meses después de aquellos comicios.
Empero ahora Ruffo hasta ha puesto en riesgo el registro del nuevo partido político que
preside el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, ya que, hace un par de días, el senador
zacatecano Saúl Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal, líder de la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adelantó que propondrá ante
la Comisión Permanente solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue si
Somos México, impulsado por el ex mandatario bajacaliforniano, recibió recursos
provenientes del huachicol fiscal.
En la audiencia de vinculación a proceso, que duró más de 30 horas –inició el martes 21 y
concluyó al día siguiente–, la jueza Ramírez de la Vega consideró que la Fiscalía
Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba
suficientes para procesar a Ernesto Ruffo y siete coacusados de huachicol fiscal y
delincuencia organizada.
Según la FEMDO, Ruffo Appel y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo
esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a
territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina)
contenidos en 163 carrotanques.
De acuerdo con la orden de aprehensión, esta banda realizó al menos nueve embarques
desde Deer Park, la refinería filial de Pemex que se localiza en Texas, y desde ahí trasladó
combustible para la empresa Ingemar, de Ernesto Ruffo, como consignataria, y la compañía
Internacional de Fundentes como el destinatario final en México.
Según las investigaciones, la empresa Internacional de Fundentes tiene una averiguación
por haber falsificado documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tenía
autorizados, pues recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498
millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina.
El caso de Ruffo, cuya presunción de inocencia no ha sido respetada por la presidenta
Claudia Sheinbaum ni por los medios afines a Morena, no es el único. El 7 de septiembre
de 2025 fueron detenidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del
exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y 13 personas más, entre ellas empresarios, marinos
y funcionarios aduanales, en una investigación relacionada con el decomiso de 10 millones
de litros de diésel en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas. En esta red de
huachicol también se implicó a su hermano, el contralmirante Fernando Farías, detenido en
Argentina casi ocho meses después, el 23 de abril pasado.
Manuel Roberto Farías, quien ha insistido en que comparezca a declarar ante la FGR su tío,
el almirante xalapeño, envió a principios de junio una séptima carta a Sheinbaum Pardo y al
almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina, en la que les
expresó: “se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus
compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”.
El vicealmirante Farías Laguna, quien permanece preso en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, escribió: “no me encuentro privado de
mi libertad por haber traicionado a mi patria, tampoco por haber traicionado mis valores, ni
a mi tradición militar.
“Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de
YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal y se me sigue negando el
acceso pleno a mi propia defensa, se oculta información esencial mientras se construye una
narrativa pública, donde tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un
entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala
convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de
inocencia como trato procesal”.
En el documento fechado el 1 de junio, Día de la Marina Nacional, refiere que lleva nueve
meses preso, y reiteró estar “acusado de un delito que no cometí y de un entramado que es
imposible que yo pudiera llevar a cabo”.
Mencionó haber servido a la Armada de México durante más de 30 años, “en la mar, en
operaciones, en zonas y regiones navales, en cargos estratégicos, operativos y
administrativos, lo hice con disciplina, honor, deber y lealtad y amor a la patria, soy hijo y
nieto de marinos que entregaron su vida al servicio de la nación, no soy un delincuente
como me quieren hacer ver, para mí y mi familia servir a México nunca fue un discurso,
fue una forma de vida.
“Por eso duele profundamente vivir este proceso, duele el ver cómo una institución
honorable como lo es la Armada de México, integrada por miles de mujeres y hombres
valiosos, hoy es utilizada para sostener silencios, ocultar información, culpar a otras
personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada”.
Asimismo, mencionó que, para esa fecha, “a unos días de concluya la ampliación del plazo
de investigación complementaria (concluyó el plazo el pasado 4 de junio), la fiscalía sigue
sin entregar la totalidad de tomos, anexos, información técnica que integran la carpeta de
investigación, tampoco se me ha permitido el acceso completo a peritajes y elementos
técnicos que resultan fundamentales, la Secretaría de Marina pretende reservar información
clave bajo argumentos de seguridad nacional, aun cuando esa información puede demostrar
mi inocencia”.
En el documento señala que no pide privilegios, sino el derecho a un debido proceso, a
conocer la totalidad de “pruebas” y acusaciones en su contra y “el derecho a que la verdad
no sea sustituida por versiones construidas políticamente y desde instituciones del Estado.
“He visto el cómo durante meses se ha intentado instalar una narrativa donde algunos
somos presentados como culpables antes de ser escuchados, pero también he visto el cómo
poco a poco comienzan a surgir preguntas y señalamientos que antes nadie quería formular,
porque la verdad siempre termina abriéndose paso y triunfando”.
Farías Laguna concluyó su misiva señalando que es un “marino de carrera, no alguien que
pueden usar como una pieza, como chivo expiatorio”.
