Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Son magros los avances del gobierno de México en el combate a la plaga del
gusano barrenador del ganado. *** El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,
Julio Berdegué, anunció que sostendrá una reunión con “una autoridad” del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), para asegurarle que se
frenará al gusano barrenador y se protegerá la exportación de ganado. *** “Hay
algunos asuntos pendientes y yo espero esta semana recibir aquí, en la
secretaría, a una alta autoridad del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos para seguir conversando, ya que tenemos muy buena relación en el
diálogo”, dijo el funcionario. *** Lo cierto es que la frontera de Estados Unidos
sigue cerrada al ganado mexicano y el funcionario federal se limita a asegurar que
“se ha avanzado” en las conversaciones con las autoridades de Estados Unidos.
*** “Tenemos acuerdos muy importantes que incluso informé a las organizaciones
de ganaderos y a los gobernadores, no sólo de los estados afectados, sino
también de aquellos que están libres de la plaga y no exportan (…) Tenemos que
contenerlo (al gusano barrenador) en el sur y sureste del país porque, si se
dispersa al resto del territorio nacional, se convertirá en una tarea mucho más
difícil”, reconoció. *** Mientras tanto, en el sur de Veracruz los inspectores del
gobierno estatal siguen “gestionando” documentos para el tránsito de jaulas sin
pasar por los controles zoosanitarios, claro que mediante una “módica
compensación” que llega hasta muy altos niveles de la Secretaría de desarrollo
Agropecuario (Sedarpa).
¡Cuántos dolores de cabeza se hubiera ahorrado la gobernadora Rocío Nahle si
desde el inicio de su administración hubiera delegado en la fiscal, o en
funcionarios de su gabinete, los temas de inseguridad y violencia!
Este lunes la fiscal Verónica Hernández ofreció conferencia de prensa, pero poco
o nada interesante salió de su reporte, que muy bien lo pudo haber presentado
hace una semana, sin que cambiara la información.
Los nombres de los fallecidos (algunos de los cuales ya se conocían), el origen
guatemalteco de cinco de los que murieron durante el motín en el penal de Tuxpan
(que ya también se sabía), la “posibilidad” de que el secuestro y asesinato de la
maestra Irma Hernández, el motín en el penal y la aparición de cuerpos
desmembrados en la carretera Tuxpan-Papantla estén relacionados (lo que ya
anticiparon los medios de comunicación de la zona), fueron las “novedades”
presentadas por la aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Forzada por los cuestionamientos de la prensa, la aún fiscal admitió que “se
investiga” la actuación del personal de la prisión de Tuxpan
“Estamos determinando quién ocasionó este evento violento al interior del penal.
Si la investigación arroja responsabilidades de servidores públicos se actuará en
consecuencia. Y si se advierte relación con la delincuencia organizada se hará el
desglose correspondiente a la federación”, informó Verónica Hernández.
Puras obviedades.
La Fiscalía no tiene que “analizar” la “posible conexión” entre la ejecución de la
maestra Irma Hernández, el motín en el penal de Tuxpan y el hallazgo de seis
cadáveres bajo el puente “Caracol”. Si consultan al gabinete de seguridad federal,
ahí les darán detalles del papel que juegan el grupo Sombra (ahora rebautizada
como “Mafia Veracruzana”) y la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Los cuerpos de inteligencia del Ejército y de la Marina tienen detallados
expedientes de la actividad criminal en esa zona y, si de verdad existe
“coordinación” entre las distintas fuerzas del orden, en este momento ya tendrían
identificados a los responsables (jefes de plaza y operadores) de todas estas
acciones criminales.
Es evidente que la aún fiscal y la gobernadora saben más, mucho más de todos
estos casos. Está claro también que mucha de esa información se debe mantener
en resguardo, para no entorpecer las investigaciones, pero lo que los
veracruzanos quieren escuchar es que se han tenido avances consistentes,
sustanciales, en el combate del gobierno contra los grupos delictivos.
Haber detenido a tres fulanos e imputarles secuestro agravado y homicidio doloso
(la fiscal ya confirmó que la causa de la muerte fue la tortura a la que fue
sometida) por la ejecución de la maestra Irma Hernández es, en realidad, muy
poco avance. No se está atendiendo el principal delito, el que ocasionó la muerte
de la maestra y días más tarde el de otro taxista y de su padre: la extorsión. Un
escenario es la disputa por “la plaza” por parte de los grupos de la delincuencia
organizada, y otro es el asedio de esas organizaciones criminales a la población
veracruzana.
Falta que dé la cara el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés.
¿De verdad está “blindada” la zona norte? Los actos criminales siguen sin freno y
a las bandas delictivas no parece importarles que haya más policías, más
soldados o más marinos.
La conferencia de prensa de este lunes fue un gran avance (dejó la gobernadora
los temas sensibles a los especialistas), pero nada de lo que ahí se dijo les
devuelve la tranquilidad a los ciudadanos que viven en aquella región.
Epílogo.
A propósito del desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante
la actual administración estatal, es de destacar que esa dependencia recibió una
recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pues
se comprobó que una empleada fue víctima de violencia laboral y psicológica por
parte de su superior en la Subdirección de Medidas Cautelares. *** La
recomendación 45/2025 emitida por la CEDH recomienda a la SSP otorgar
medidas de reparación, entre ellas una compensación económica, una disculpa
privada y capacitación a su personal para prevenir la repetición de estos actos. ***
La CEDH determinó que la trabajadora fue víctima de abuso de poder,
hostigamiento y actos encaminados a invisibilizarla, humillarla y descalificar su
apariencia, vulnerando sus derechos a la integridad, a una vida libre de violencia y
al trabajo. *** Falta saber si en esa dependencia se mantiene la consigna que
impuso Cuitláhuac García, de rechazar todas las recomendaciones de los
organismos que velan por el respeto a los derechos humanos.
