Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No tienen la menor idea de lo que significa el concepto de “división de poderes”,
no comprenden los alcances de la expresión “autonomía”; se asumen como
“soldados” de un movimiento político y admiten -sin el menor rubor- su sumisión a
una figura política ajena a su ámbito de servicio. *** Este jueves la gobernadora
Rocío Nahle subió a sus redes sociales (y la hizo circular a los medios de
comunicación) una fotografía con la magistrada presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y le agregó un texto. *** “Recibí el
tercer informe de resultados de la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre, donde reporta el trabajo del poder judicial del estado hasta el 31 de
agosto que finaliza el encargo. Agradezco su apoyo y la coordinación en este
tiempo de gestión, ya que con ello se logró avanzar en el sistema de justicia en
Veracruz”. *** Sucede, sin embargo, que la ley no obliga (y tampoco faculta) a la
magistrada a rendir su informe de labores ante su par, la titular del Poder
Ejecutivo. *** El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial define con
claridad las funciones de esa institución autónoma y en su fracción XIV dispone:
“Rendir cuenta anualmente al Congreso del Estado acerca del ejercicio de su
presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las
leyes de la materia”. *** Más adelante, en esa misma Ley, en su artículo 17,
cuando se refiere a las funciones de la Presidencia del Tribunal Superior, en su
fracción XXIV incluye: “Integrar el informe general anual de labores del Poder
Judicial y rendirlo ante el Congreso del Estado”. *** Nunca se hace referencia a la
existencia de una obligación de informar al titular del Poder Ejecutivo sobre las
acciones que se han realizado durante el año. El gesto de la magistrada Lisbeth
Aurelia Jiménez es de pleitesía y rompe con la distancia que debe existir entre los
tres poderes. *** A propósito de esa actitud, la misma Ley Orgánica, en su artículo
92 se refiere a las causas de responsabilidad para los servidores públicos del
Poder Judicial y en su fracción I incluye: “Realizar conductas que atenten contra la
independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas,
presiones, encargos o comisiones, incurrir en corrupción, o cualquier acción que
genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona del mismo
u otro poder, o de particulares”. *** Ya tuvimos un caso, el de la magistrada Isabel
Inés Romero Cruz, en el período que ocupó la presidencia del Tribunal Superior de
Justicia, que admitió, ante cámaras y micrófonos, haber sido “instruida” por el
gobernador (en ese entonces Cuitláhuac García) para “vigilar” la conducta de los
jueces. No sucedió nada. *** Ahí está una de las primeras tareas que tendrá el
Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas a partir del primero
de septiembre.
Las expresiones de protesta en la Universidad Veracruzana (UV) por la ilegal
imposición de una “prórroga” a la gestión de Martín Aguilar Sánchez como rector,
van en aumento.
El pasado miércoles se plantaron frente a las instalaciones de la sala “Tlaqná”,
donde se presentaría el informe anual de la rectoría, por lo que el evento tuvo que
ser cambiado al salón de un céntrico hotel, se realizó con un número mínimo de
consejeros (lo que permite suponer que no se logró el quórum necesario para la
realización del acto protocolario) y una buena cantidad de “invitados especiales”,
la mayoría de ellos funcionarios y docentes de la misma UV, a quienes se les
sufragó traslado, alimentación y hospedaje, además de autorizarles su ausencia
de su centro de trabajo en un día hábil.
Desde que se conoció la intención de Martín Aguilar de perpetuarse en la rectoría,
en el seno de la Universidad Veracruzana se corrió la voz de que detrás de ese
“interés” y de toda la estrategia para torcer la ley, estaba la mano de una figura
destacada de Morena: el actual senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara.
El legislador lo niega y argumenta que “apenas si lo conoce”, pero figuró como uno
de los “invitados especiales” en el informe del rector y asistió, con lo que avaló las
trampas que está haciendo Martín Aguilar para mantenerse en el cargo.
Esto demuestra que la autonomía de la UV y la defensa de su marco jurídico son
otros campos de la batalla interna que se vive en Morena. El grupo (de esos que
dice la gobernadora que no existen) que encabeza Manuel Huerta confluye en
esta ocasión con otro “clan”, el que integra la próxima alcaldesa de Xalapa,
Daniela Griego, con figuras destacadas en la administración estatal, como la
diputada Tanya Carola Viveros o la secretaria de Protección Civil, Guadalupe
Osorno. Todas ellas “afines” a Cuitláhuac García.
La terquedad por conservar la rectoría de la UV va más allá de un factor de ego, o
hasta de una desbordada codicia por manejar (disponer de) el de por sí raquítico
presupuesto de esa casa de estudios. Es, en realidad, lo que en el ámbito criminal
se conoce como la “guerra por la plaza”. Quien coloque a su alfil en ese
gigantesco universo de votantes, dispondría -si se maneja con tino- de una sólida
base electoral que le garantice posiciones de poder en el estado… y en el país.
Quizá la interrogante más complicada es: ¿por qué buscar el camino más sinuoso,
el más complicado?
El rector tiene bajo su mando -eso ya quedó demostrado- a los integrantes de la
junta de gobierno. El principal impedimento de Martín Aguilar para cubrir un
segundo período es el de la edad, requisito que está plasmado en la ley, pero que
puede ser combatido porque representa una exigencia discriminatoria.
De haber recurrido a la vía del amparo para que le permitieran participar en el
proceso de selección del rector para el período 2025-2029, tenía muy altas
posibilidades de conseguirlo. Una vez inscrito, la tarea de “sus muchachos”, los
miembros de la junta de gobierno, habría sido la de simular una revisión de las
propuestas inscritas y al final decantarse por el mismo rector.
Los aspirantes no quedarían conformes, pero tendrían que admitir que se
siguieron los pasos que marca la ley.
¿Por qué tomar la ruta más complicada?
Quizá porque había una variable que no controlaba: la justicia federal. Sin
embargo, hoy está ante la misma disyuntiva: en espera (o haciendo las gestiones
pertinentes) para que la justicia federal niegue los amparos promovidos por
destacadas figuras de la UV.
Muy pronto conoceremos los alcances del actual rector y sus operadores.
Epílogo.
Finalmente se concretó uno de los atracos más descarados dentro de la maraña
de trampas que fue la elección judicial. *** Acatando una sentencia de la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, el INE le revocó al jurista Ángel
Rosas Solano la constancia de mayoría en la elección de magistrado en materia
mixta del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz, y se le entregó a Lizbeth
Hernández Ribbón, actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial de Veracruz. *** El argumento fue absurdo. Los magistrados electorales
advirtieron que la aspirante mujer tuvo más votos que el aspirante varón, cuando
en los hechos, en las boletas judiciales, cada quien compitió contra aspirantes del
mismo género. No era viable que compararan la votación de dos elecciones
diferentes. *** Esta arbitraria medida nos deja claro el tipo de justicia que vamos a
tener a partir del próximo lunes.
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