Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El gusano barrenador ya está en las inmediaciones de Xalapa. *** Esta semana se
enviaron avisos a lo ganaderos de la región central, para que supieran que se
reportó el primer caso de gusano barrenador en el municipio de Chiconquiaco, en
la localidad de Buenavista Chicharal, por lo que se les recomendó a productores
extremar precauciones y tratar las heridas de los animales, antes de que la mosca
llegue a poner sus huevos en las zonas afectadas. *** Senasica, la Comisión de
fomento Agropecuario y la Asociación Ganadera de Chiconquiaco emitieron una
invitación para acudir a las brigadas de inspección zoosanitaria, aclarándoles a los
interesados que la inspección es gratuita. *** Datos oficiales señalan que los casos
reportados de infecciones por gusano barrenador, desde noviembre del 2024,
suman ya 6,703, de los cuales, hasta el primero de octubre, 727 permanecían
activos. *** Las entidades que se han visto más afectadas por esta plaga son
Chiapas, Yucatán, Puebla, Veracruz y en fechas recientes Nuevo León.
En este mismo espacio se advirtió: la gobernadora Rocío Nahle tiene mucha
información sobre el sonado fraude (el más grande en la historia de México)
conocido como “huachicol fiscal”.
La mandataria de Veracruz ha sido renuente a tocar el tema, pero se han dado
circunstancias que la han llevado a dar su versión… y esa la enreda aún más en
esa complicada red delictiva.
Para defenderse de las versiones que la vinculan a ese delito, Rocío Nahle ha
salido a defender a su jefe, Andrés Manuel López Obrador y, ya de pasada, a su
actual presidente, Claudia Sheinbaum, pero sus argumentos son muy endebles.
“Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo una
depuración profunda en los permisos de importación de combustibles, como parte
de la estrategia nacional para frenar el llamado huachicol fiscal”, afirmó Rocío
Nahle.
Dijo que más de mil 300 permisos (de importación de gasolina y diésel) fueron
cancelados por carecer de reporte de ingresos ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), lo que generaba pérdidas millonarias al erario.
“Desde el primer día, el presidente López Obrador dio la instrucción de combatir el
huachicol”, afirmó.
Sólo que hay un “pequeño” detalle: el huachicol fiscal, que tuvo su apogeo en el
sexenio de López Obrador (cuando ella era secretaria de Energía) no requería de
permisos de importación de gasolina y diésel. Parte de su ilegalidad consistía en
alterar la documentación para poder internarlo al país como un producto diferente
(aceites lubricantes, aditivos u otros similares), con lo que evitaban el pago del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, o
simplemente cruzando las fronteras en pipas y carros tanque, supuestamente
vacíos.
De hecho, siguiendo la lógica del negocio ilícito que se construyó a partir de la
importación ilegal de gasolina y diésel, la cancelación de permisos de importación
de combustibles les favorecía, pues había menos competencia y se convertían
casi en los únicos con capacidad de surtir todo el producto que se necesitara.
Un muy completo estudio sobre el tema, publicado por el doctor Francisco Barnés
de Castro, exrector de la UNAM y exfuncionario de la Secretaría de Energía
(Sener), señala que el negocio del huachicol fiscal inició en el 2019, a pocos
meses de que asumiera el poder Andrés Manuel López Obrador.
“La forma de detectarlo es muy sencilla: cuando las cifras de exportación de diésel
de los Estados Unidos a México reportadas por la EIA (Agencia de Información
Energética del Departamento de Energía de EU) son superiores a las cifras
oficiales de importaciones legales de diésel a México reportadas por la Secretaría
de Energía (la que encabezaba Rocío Nahle) en el SIE (Sistema de Información
Energética), se tiene una clara evidencia que existe contrabando”, se menciona en
el estudio.
Sin embargo, para echarles la culpa a “los de antes” (práctica recurrente de López
Obrador), Rocío Nahle afirmó que las irregularidades comenzaron a multiplicarse
tras la Reforma Energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto,
cuando se permitió la apertura del mercado a particulares sin suficiente vigilancia.
“Ese es el huachicol fiscal”.
Miente.
Fue justo a partir de 2019 cuando se reflejó una clara diferencia entre ambas
cifras. El volumen del huachicol fiscal de diésel durante el sexenio de López
Obrador (y con Rocío Nahle al frente de Energía) se estima en 43.7 millones de
barriles diarios. En 2021 (casualmente un año de elecciones) se registró el valor
máximo de contrabando de diésel: 88 millones de barriles diarios, volumen que
representa el 30% del consumo.
El estudio señala que el impacto fiscal del contrabando de diésel en los seis años
de López Obrador se puede estimar en 6,700 millones de dólares, de los cuales,
2,560 millones corresponden a la evasión del IVA y 4,170 millones al pago evitado
del IEPS.
Todo esto, tan solo en diésel. El contrabando de gasolinas requiere de cálculos
más detallados, pues ese producto se importa de diversos países. Sin embargo,
en el mismo lapso (2019-2024) también se registró una considerable diferencia
entre la gasolina importada de Estados Unidos y la que registró aquel país como
exportada a México.
¿De nada de esto se enteró Rocío Nahle? ¿Cómo se explicaba la secretaria de
Energía que se cubriera la demanda de combustibles?
Falta todavía mucho por explicar.
Epílogo.
No, al menos en este espacio, no se le señala a Mercedes Santoyo por su papel
en Cuentas Públicas que no le correspondieron. *** Me permito recordarle que fue
la gobernadora Rocío Nahle la que informó que presentó una denuncia derivada
de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un
presunto daño patrimonial en la Secretaría de Salud de Veracruz, correspondiente
a la Cuenta Pública del 2023, cuando el gobernador era Cuitláhuac García y la
contralora era ella, precisamente. *** En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la
ASF detectó irregularidades por más de 1,600 millones de pesos. La encargada de
velar de que la administración estatal se apegara a las reglas en el manejo de
recursos públicos era la Contraloría General del Estado (CGE), justo la
dependencia a cargo de Mercedes Santoyo. *** La omisión es otra forma de
corrupción.
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