FGE: LLEGAR A CORREGIR

Ene 21, 2026 | Columnas

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Punto de Vista


Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
¿Con qué cara, con qué autoridad moral se atreve el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista, a amenazar a los
alcaldes en funciones? *** El legislador advirtió este miércoles que los conflictos
internos en los ayuntamientos pueden derivar en la remoción de ediles y la “caída”
de alcaldes, cuando no existan acuerdos en los Cabildos y puso como el caso de
Texistepec, donde se instauró un Concejo Municipal. *** Pasó por alto, sin
embargo, el caso que dio pie a esta amenaza: Lerdo de Tejada, en donde los dos
últimos Congresos (el que encabezó Juan Javier Gómez Cazarín y el que preside
Esteban Bautista) permitieron que ejerciera funciones de alcaldesa la síndica
María Esther Arróniz López, a pesar de que nunca se le asignó de manera formal
ese cargo. *** Tampoco hizo referencia al caso de Sayula de Alemán, donde los
ediles y sus suplentes renunciaron y la Legislatura permitió que la alcaldesa,
Lorena Sánchez, dispusiera del ayuntamiento a su antojo. *** Ahora, a los nuevos
alcaldes los amenaza con “retirarlos del cargo” (posición que obtuvieron por
voluntad popular) cuando no ha sabido imponer orden.


Hace ya más de tres lustros, un personaje muy cercano al gobernador en turno
compitió y ganó la alcaldía del pueblo que lo vio nacer. Sus amigos, esos que en
corto se atrevían a decirle las cosas sin filtros, le hicieron ver: “eres un hombre
afortunado; llegaste a gobernar un municipio en el que tu antecesor no hizo nada.
Es tal el abandono, que con que anuncies que cambiarás de lugar una piedra, los
pobladores te harán fiesta”.
Una circunstancia similar vive en estos momentos la titular de la Fiscalía General
del estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez: fue tan poco -por no decir “nada”- lo
que hizo Verónica Hernández, que se hace más evidente (y motivo de algarabía)
casi cualquier cosa que se consiga en este nuevo período.
Este miércoles la titular de la FGE acudió al Congreso del Estado para rendir un
informe de lo que ese organismo, en el papel “autónomo”, hizo en el último año.
Como no es ella la que puede habar de lo realizado antes de su llegada al cargo,
Lisbeth Aurelia Jiménez concentró su exposición en lo que se ha hecho desde su
llegada, hace apenas 6 semanas.
Ocupó buena parte de su tiempo en hablar de temas que han sido muy
mediáticos, como las denuncias por fraudes inmobiliarios, en los que estarían
involucrados funcionarios estatales y municipales, además de notarios públicos y
corredores de bienes raíces.
Hasta el momento, por este caso, no ha caído ningún “pez gordo”, pero la fiscal
dijo que ya casi tienen el expediente completo y muy pronto podría haber noticias.

Sobre los exfuncionarios de la UPAV adelantó que se preparan nuevos trámites de
órdenes de aprehensión, aunque aclaró que no podía dar más información para no
entorpecer las investigaciones.
Se refirió a un asunto que fue muy criticado durante la gestión de Verónica
Hernández: la protección a los derechos humanos. Con la anterior fiscal se
estableció una consigna: ninguna recomendación por violación a los derechos
humanos sería admitida.
Negó que exista interés por perseguir a periodistas y le “echó la bolita” al Poder
Judicial, pues fue el juez, dijo, el que resolvió vincular a proceso a Rafael León
Segovia, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las
instituciones de seguridad pública.
Sobre la ejecución del periodista Carlos Ramírez Castro, en Poza Rica, dijo que
“hay avances” en la investigación.
Otra analogía en esta comparecencia: la fiscal llegó al Congreso como un portero
que tiene que enfrentar el cobro de un penal: tiene todo por ganar y nada que
perder. Si le anotan, nadie le reclamará, pues el cobrador tiene todas las ventajas,
pero si lo detiene, entonces se habrá convertido en el héroe.
Es el caso de la titular de la FGE. Nadie le puede achacar -aún- a ella, la crisis que
vive Veracruz en materia de procuración de justicia y, por el contrario, cualquier
avance, cualquier acción para combatir la impunidad, a tan poco tiempo de haber
llegado, será considerado como una gran hazaña.
Es muy pronto para evaluar el desempeño de Lisbeth Aurelia Jiménez al frente de
la Fiscalía y, por supuesto, no se puede utilizar como parámetro lo realizado por
Verónica Hernández. Poco a poco se verá si en realidad hay voluntad y capacidad
para procurar justicia para los veracruzanos.


Epílogo.
Algo de lo que no se habló en la comparecencia de la Fiscal, fue de la
conformación de su equipo de trabajo. Llama la atención que ha incorporado a
servidores públicos muy cercanos al exfiscal Jorge Winckler Ortiz (hoy en la
cárcel). *** Es el caso de Pablo Mendizábal Bernal, un bisoño abogado litigante
que consiguió despegar en la estructura de la Fiscalía justo cuando estaba al
frente de ella Jorge Winckler Ortiz y ahora fue nombrado Fiscal Regional en
Cosamaloapan. *** Mendizábal Bernal, por cierto, es hijo del médico forense Juan
Pablo Mendizábal Pérez, aquel que hiciera la autopsia a la anciana indígena
Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció luego de ser atacada por elementos del
Ejército Mexicano, en la sierra de Zongolica. *** El doctor Mendizábal Pérez
certificó que la mujer había fallecido por traumatismo luego de sufrir un ataque
sexual, lo que siempre negaron el entonces presidente Felipe Calderón y quien
fuera gobernador, Fidel Herrera Beltrán. Por negarse a modificar su informe
médico, el médico forense fue inhabilitado. *** Apenas el año pasado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón al médico y responsabilizó
de la muerte de Ernestina Ascencio al Estado mexicano. *** Jura la fiscal que no
hay consigna para atacar a los comunicadores, sin embargo, la tarde de este
miércoles, durante su comparecencia, el presidente de la comisión estatal de

Protección a Periodista, Luis Ramírez Baqueiro, informó que tan sólo en 2025 se
reportaron 391 agresiones a comunicadores, esto es, más de una agresión por
día. *** Alguien no está haciendo bien su trabajo. A los servidores públicos de
todos los niveles de gobierno, no les está llegando con claridad la instrucción de
no atentar contra la libertad de expresión, ni contra quienes ejercen el oficio del
periodismo.
filivargas@gmail.com