AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
A principios de noviembre de 2025, la ex directora general de Administración del Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE), Joana Marlén Bautista, quien acababa de ser
nombrada coordinadora de Compras en el Extranjero del Metro de la Ciudad de México por
el flamante director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, reaccionó
como leona herida porque presuntos operadores mediáticos del ex diputado local Juan
Javier Gómez Cazarín, que actualmente está a cargo de la Delegación de la Secretaría de
Bienestar en la entidad, así como de la entonces magistrada presidenta del Poder Judicial de
Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien ahora encabeza la Fiscalía General del
Estado, cuestionaron su nuevo nombramiento debido a que supuestamente estaba
inhabilitada por 10 años para ocupar un puesto público tras las denuncias presentadas en su
contra y de otros tres de sus ex colaboradores –Elvis Viveros Arroyo, ex jefe del
Departamento de Servicios Generales; Ofir Aly Gutiérrez Ponce, ex subdirector de
Recursos Materiales, y Manuela Saldaña Ríos, ex subdirectora de Recursos Financieros–
por presuntos desvíos millonarios en el TSJE durante el sexenio anterior.
Bautista Flores recriminó en sus redes sociales que ésta “es la cuarta vez que hacen una
campaña negra en mi contra”, remarcando que “no estoy inhabilitada”, “no tengo
denuncias” y exigiendo que “ya basta de tanta violencia que hicieron y siguen haciendo en
mi contra”.
Amagó con que “voy a denunciar a los servidores públicos que se (sic) que estan (sic) atrás
y a los mismos periodistas que llevan 4 años violentandome (sic)”.
Aseguró saber bien quién está “atrás de todo esto” y mencionó directamente al ex líder del
Congreso local y actual delegado federal Gómez Cazarín, y a la ex presidenta del Poder
Judicial, Jiménez Aguirre, quien desde diciembre pasado es la Fiscal General del Estado.
“Ella y todo su equipo que paga notas desde el organo (sic) administrativo del PJ de
Veracruz y por si (sic) puesto desde bienestar (sic)”. Inclusive acusó que “el odio” en
contra de ella “es porque en su momento yo no iba a firmar actos de corrupción ni darles
contratos a empresas fantasma”.
Finalmente clamó: “Dejenme (sic) en PAZ!”. Y finalizó advirtiendo: “Si es necesario
hablar con la Presidenta de la República lo haré. Pero sepan que ya se acabo (sic), a partir
de ahora si me pasa a mi (sic) o a mi familia los señalo directamente a ellos. Ya basta de
violencia y mentiras”.
También difundió un par de documentos para tratar de demostrar que no estaba
inhabilitada. Uno fue la Constancia No. 53830, fechada el 04 de agosto 2025 en la Ciudad
de México y firmada por Sofía Karina Rosas Loza, designada para dar atención a los
asuntos a cargo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas mediante
oficio SCG/396/2024 de fecha 30/DIC/2024.
En dicho documento, Rosas Loza asentaba: “En atención a su solicitud recibida el 04 de
agosto de 2025, mediante la cual solicita le sea expedida la Constancia de No Existencia de
Registro de Inhabilitación: esta Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en los
dispuesto en el artículo 257 fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo 27,
último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
hace constar que, una vez revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la
Administración Pública de la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que
determine que usted se encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público.”
El otro documento era un oficio que, fechado también en la Ciudad de México, le dirigió
una semana antes, el martes 04 de noviembre de 2025, a la Mtra. Adriana Paola Linares
Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual, con base en diferentes
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, y del Reglamento Interior de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, le solicitaba que “se sirvan tener a bien retirar mi nombre
de la Plataforma Digital Nacional de Personas Sancionadas, toda vez que, como se acredita
con las constancias que refiero y anexo al presente escrito, no me encuentro sancionada ni
inhabilitada”, lo que dejó entrever que su nombre sí aparecía en dicha plataforma, derivado
presuntamente del Procedimiento Administrativo Sancionador número 29/2024, que sus
presuntos detractores divulgaron.
Anteayer, varios medios difundieron que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en la
Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz, informó que 15 personas fueron
sancionadas con inhabilitación para ejercer cargos públicos en la entidad: una de la
Secretaría de Salud, otra de la Secretaría de Turismo, una más del Ayuntamiento de
Tlilapan y 12 del Poder Judicial del Estado, entre las que precisamente figura Bautista
Flores, quien no podrá ocupar cargos gubernamentales en el estado hasta después del 9 de
septiembre de 2034.
Habrá que ver si la blinda y sostiene el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
Adrián Rubalcava Suárez, un ex priista que como alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de
México le fue observado por la Auditoría Superior de la Federación un posible desfalco por
más de 1,088 millones 596,073 pesos durante 2024, el último año de su gestión.
