AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Desde hace casi cinco meses, la administración de la gobernadora Rocío Nahle anunció que
se prepara una estrategia financiera inédita para intervenir en el fideicomiso de
bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular, con el objetivo de aliviar la carga
millonaria que enfrentan 199 de los 212 ayuntamientos del estado.
El 3 de diciembre del año pasado, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago
Reyes Hernández, explicó que la presente administración estatal busca ingresar
directamente al fideicomiso como parte de un mecanismo de rescate financiero para los
ayuntamientos, que siguen pagando una deuda que, lejos de disminuir, se ha vuelto crónica.
La bursatilización municipal –un esquema implementado en 2008 durante la gestión del
extinto ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán para adelantar recursos a los municipios
mediante el respaldo de ingresos futuros por concepto de la tenencia vehicular– había
generado hasta finales de 2025 un pasivo superior a mil 331 millones de pesos.
Actualmente la cifra sería mayor, pues la bursatilización de la tenencia vehicular
comprometió participaciones federales como garantía de pago, lo que ató las finanzas
locales por más de una década. Y es que, aunque los municipios ya han pagado más de tres
mil millones de pesos –el doble de lo originalmente obtenido en 2008–, todavía adeudan
cerca de mil 800 millones, pues la mayoría de los pagos se ha destinado a intereses y no al
capital. Este esquema ha limitado la capacidad de gestión de los ayuntamientos, muchos de
los cuales se encuentran “ahorcados” financieramente.
En diciembre pasado Reyes Hernández advirtió que lo preocupante es que los municipios
han realizado pagos constantes, pero sin lograr reducir el adeudo, al grado de que algunos
han pagado ya “dos o tres veces” sin que la deuda desaparezca. “Van a terminar pagando
cinco veces y no se va a acabar”, alertó el titular de la Sefiplan, por lo que anunció que
próximamente se daría a conocer una medida concreta para frenar este ciclo.
Explicó que, a diferencia de los intentos previos, el nuevo modelo no dependerá de una
reestructura como la que propuso el gobierno anterior, del también morenista Cuitláhuac
García. Aquella iniciativa, refirió, no logró el consenso de las autoridades de los 199
municipios involucrados, pese a que más de la mitad se mostró dispuesto a entrar al
proceso.
Reyes indicó que ahora se buscaría una vía alternativa, invitando a los ayuntamientos a
participar en un nuevo diseño financiero que permita liberar recursos municipales y
terminar con la presión de este compromiso bursátil.
Anteayer, Rocío Nahle detalló que la propuesta de su administración consiste en que el
Estado “compre” los pasivos a los actuales tenedores y los reestructure bajo condiciones
más favorables, con el objetivo de liberar las finanzas municipales y permitir mayor
inversión en obra pública y servicios básicos.
La mandataria explicó que se buscarán tasas de interés más bajas y plazos más manejables,
además de la posibilidad de aplicar subsidios parciales. “Si me debes un peso, págame 75
centavos”, ejemplificó, aludiendo a que el resto podría ser absorbido como apoyo
gubernamental. Con ello, se liberarían recursos que hoy están comprometidos en pagos
financieros.
Sin embargo, el problema es que el esquema requiere la aprobación unánime de los 199
ayuntamientos involucrados. Nahle advirtió que, si uno solo se opone, el proyecto no podrá
implementarse. La medida se presenta como parte de una estrategia integral de saneamiento
financiero estatal y municipal, con la intención de fortalecer la capacidad de inversión sin
distinción política.
A mediados de octubre de 2020, el ex diputado local Carlos Antonio Morales Guevara
(PRI), quien había presidido la Comisión Permanente de Hacienda del Estado en la LXIV
Legislatura local, declaró que la reestructuración de la bursatilización de los impuestos
locales y participaciones federales propuesta por el gobierno de Cuitláhuac García
(Morena) no estaba lo suficientemente clara, pues faltaba más información sobre las
amortizaciones y el monto de lo que hasta el momento se había pagado, tanto de intereses
como de capital.
Morales Guevara dijo que, por eso, los ayuntamientos no se sumaron a la estrategia
financiera planteada por el gobierno estatal anterior.
Hace tres años, el 8 de julio de 2023, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis
Lima Franco, declaró que las pláticas con los alcaldes continuaban para reestructurar la
bursatilización y aseguró que antes de que terminara la administración del gobernador
Cuitláhuac García este tema debía quedar solucionado en beneficio de los municipios.
“Más que un tema de los alcaldes es un tema financiero, estamos platicando el tema del
esquema que debe hacerse (…) y debe quedar antes de que termine la administración”, dijo
Lima Franco quien a la vez comentó que también estaban dialogando con la Secretaría de
Hacienda y con Banobras para buscar los mecanismos y métodos financieros para
reestructurar la deuda bursátil por un financiamiento bancario.
“Al final es de beneficio para ellos, no es una deuda del Estado, es una deuda de los
municipios, a quien les beneficia esta reestructura es a ellos”, remarcó.
Pero finalmente Lima Franco no logró convencer a la totalidad de los 199 ediles.
Después de las elecciones de junio de 2024, la gobernadora Nahle se había propuesto
ratificar a Lima en la Sefiplan, pero de última hora –por supuesta recomendación del ex
presidente López Obrador– decidió asignarle la titularidad al poblano Miguel Santiago
Reyes Hernández, sobrino de Julia Abdala Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett
Díaz, ex gobernador de Puebla por el PRI y ex director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en el sexenio obradorista,
Reyes Hernández, quien al lado de Bartlett se desempeñó como Director General de las
Empresas Filiales de CFE, de Comercialización de Combustibles, CFEnergía y CFE
International, había sido presentado originalmente en octubre de 2024 por Nahle como
futuro Subsecretario de Ingresos y Planeación de la Sefiplan, pero tras un supuesto
telefonazo desde Palenque, Chiapas, la gobernadora electa tuvo que nombrarlo secretario y
disculparse con el economista pozarricense.
