@LíneaCaliente
Por Edgar Hernández*
En el tema de la deuda pública algo apesta.
De la misma Secretaría de Finanzas de Veracruz emergen nombres de quienes operaron con la banca privada, a espaldas del Poder Legislativo, la reordenación de la deuda pública.
Su monto no solo no bajo -solo se alargó- y sí abrió la puerta a presuntos negocios y comisiones hasta del 10 por ciento sobre un monto de más de 69 mil millones de pesos que nos dejó el atarantado Cuitláhuac García.
Bajo sospecha quedan Aniel Alberto Altamirano Ogarrio, Subsecretario de Ingresos y Planeación y Jonatan Varela Morales, Director de Planificación Estratégica Financiera -acusado públicamente de acoso y hostigamiento laboral- responsables de elaborar la Ley de Ingresos 2026 donde quitaron la parte de la refinanciación de la deuda sin pasar por el Congreso del Estado.
Basta contrastar el mandato legal de 2025 sobre deuda pública con la nueva Ley de Ingresos de 2026 -testimonial anexo en esta columna- en donde elimina el artículo 8 para que, sin reportar al Poder Legislativo, renegocien la deuda con la banca privada.
Importante precisar, que para la Ley de Ingresos 2026, ya no contemplaron el candado que se venía aplicando en las leyes de ingresos del 2025 y 2024 de acudir al Congreso para renegociar el refinanciamiento de la deuda.
No fue tan fácil, como lo expuso ante la opinión pública la gobernadora Rocío Nahle, quien en días pasados llamó a toda la banca privada para determinar cuál convenía.
¿A quién?
Sospechosamente se optó por la banca privada en lugar de la banca de desarrollo para refinanciar pasivos heredados.
Y así, de un plumazo, trasladó créditos, principalmente de Banobras, hacia la banca privada, seleccionando a “BBVA México como la mejor opción tras un proceso de 48 horas para presentar propuestas”.
Ello, según su versión unilateral, ya que en el Congreso del estado se enteraron por los medios que “habría una reducción de tasas de interés en un promedio de 13% a aproximadamente a un 7%, lo que se traduciría en un ahorro significativo en el costo financiero”, según la versión oficial.
La que circula en el ámbito de la opinión pública, sin embargo, es que la banca privada no siendo una institución de caridad pública tiene reglas muy claras.
Es un negocio que se enriquece con los intereses, no necesariamente en beneficio de los sectores sociales o de apoyo ciudadano, sino en una carga de los deudores más allá del año 2050 (a ver quien escribe la nota para entonces).
Y es que con las nuevas cifras alegres de supuesta reducción de la deuda, con el “compromiso” de pago de menos intereses, lo que en realidad se hizo fue alargar los años de pago de deuda.
No hay que confundirnos: se seguirán pagando intereses por los 69 mil millones de pesos solo que a más años con montos son diferentes.
Todo ello sin dejar bajo sospecha presuntos arreglos en lo oscurito.
BBVA, al cargar con la deuda, necesariamente va por el negocio que, sin duda, también salpicará a quienes lo preferenciaron sin importar si atropellaban al Congreso, a 212 municipios deudores y a todos los entes públicos con deudas.
Se modifica la ley a espaldas del Congreso, a sabiendas que modificando el mandato legal los excusaba de enterar al Poder Legislativo del Estado de todo pormenor financiero.
Así, la deuda que de siempre estuvo con Banobras, que si bien era una deuda que tenía un porcentaje mayor, se trasfiere a BBVA que, si bien otorga mejores “condiciones” queda bajo sospecha, ya que no son en favor del ciudadano.
¿Por qué se cambió la norma?
En realidad, no se está refinanciando nada ni hay beneficio real alguno, dicen los expertos, el sospechosamente modificar la ley solo permitió el refinanciamiento en el ejercicio Fiscal.
A final de cuentas se terminó violentando la normativa e hicieron algo para lo cual tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Legislativo determina, que sea el Congreso del Estado el que determine.
A todo ello habrá que añadir que en el gobierno de Nahle no hay damas de la caridad y que no dan paso sin huarache.
Toda la runfla de colaboradores que trajo de ciudad de México, Puebla, Toluca y Tlaxcala son los mismos que vienen de la Secretaría de Energía y del proyecto de «Dos Bocas» de donde surgió una comalada de nuevos ricos.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
