Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El pasado lunes, en Tabasco, el gobernador Javier May anunció el relevo en la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de aquella entidad, tras
la renuncia de Serafín Tadeo Lazcano. *** Nombrado desde el 15 de febrero del
2025, Tadeo Lazcano sustituyó al general Víctor Hugo Chávez Martínez, en medio
de una severa crisis de inseguridad marcada por ejecuciones, quema de
vehículos, ataques armados y disputas entre grupos criminales que se
intensificaron desde finales de 2024. *** La crisis llegó justo cuando se fracturó el
cártel local, conocido como “La Barredora”, cuyo liderazgo fue atribuido por el
propio gobernador Javier May al ex secretario de Seguridad en la entidad, Hernán
Bermúdez Requena. *** En momentos en los que se suscitó una escalada de
violencia atribuida al choque entre grupos delictivos, Javier May recurrió al
gobierno federal para que le “recomendaran” alguien que se hiciera cargo de
pacificar el estado. Omar García Harfuch sugirió a Serafín Tadeo. *** Durante su
gestión fue creada la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca),
se reforzaron los operativos contra el narcomenudeo y se fortaleció la
coordinación con las fuerzas federales. *** Sin embargo, a pesar de todo eso,
Tabasco siguió registrando múltiples hechos violentos ligados a la disputa entre
grupos criminales y ajustes internos en las corporaciones policiacas. *** El
escenario que vive en la actualidad Tabasco (alza en el número de homicidios
dolosos y actos de extorsión, además de enfrentamientos entre bandas criminales)
es el mismo que enfrenta Veracruz, especialmente en la zona norte. *** El trabajo
del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Alfonso Reyes Garcés, ha sido
infructuoso. La propia gobernadora ha tenido que salir a respaldarlo, ante la
evidente pérdida de control de la protección ciudadana. *** Ya en la Ciudad de
México -dicen- buscan una alternativa para remover al actual titular, que nunca ha
sido llamado a cuentas por el Congreso local, a pesar de su evidente ineficacia.
La gobernadora no lo pudo haber olvidado (al menos, claro está, que de pronto lea
discursos que le escriben, sin entender los compromisos que asume). Fue apenas
el 7 de enero de este año, en Río Blanco, con motivo de la conmemoración del
119 Aniversario de la gesta de los Mártires de Río Blanco.
Ahí mismo la mandataria estatal aclaró que lo sucedido en 1907 no fue sólo una
protesta laboral, sino que representó un grito colectivo por la dignidad, la justicia
social y los derechos humanos.
Su sacrificio, dijo, marcó el rumbo del país y sentó las bases de las conquistas
laborales que hoy forman parte de la vida institucional de México.
Y ahí, ante representaciones sindicales del estado, expresó:
“Veracruz es una tierra de lucha, pero también de trabajo y de dignidad. Así que,
amigos, amigas, sigamos construyendo un estado más justo, humano y solidario,
donde el bienestar de las personas trabajadoras sean siempre una prioridad”.
¿Lo habrá dicho en serio?
Los hechos hablan de otras prioridades, por encima de los derechos de los
trabajadores. Quizá quien le escribió el discurso pensó en “los otros” trabajadores,
los que se desempeñan en el sector privado. Porque aquellos que tienen como
patrón al propio gobierno sufren todos los días el abuso y las injusticias de quienes
dicen defenderlos.
El pasado lunes trabajadores del gobierno estatal, agremiados al Sindicato de
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) salieron a las calles para
reclamar el cumplimento a laudos (esto es, resoluciones definitivas emitida por las
autoridades laborales) ganados por más de 200 trabajadores.
La autoridad laboral sentencia al gobierno estatal a cumplir con las demandas de
sus trabajadores, pero éste decide no acatar esas resoluciones. El gobierno que
definió como “prioridad” el bienestar de los trabajadores, cuando son los suyos
prefiere ignorarlos.
El dirigente del SEPEV, Acdmerd Antonio Galicia Campos, informó que desde
enero de 2020 inició recurso jurídico contra la Secretaría de Finanzas para exigir
la aplicación de la clave sindical 135 a trabajadores temporales afiliados al
sindicato, así como el reconocimiento pleno de sus derechos laborales.
“Son trabajadores que tienen más de 15, 20 y hasta 30 años de servicio que no
tienen seguridad social, no tienen derechos, porque el gobierno del estado se ha
negado a reconocerles la clave sindical”, explicó.
A pesar de haber conseguido que los tribunales ordenaran el reconocimiento de
sus derechos laborales, hasta la fecha los laudos no han sido cumplidos en su
totalidad.
“Tenemos compañeros que ya ganaron su demanda, que ya tienen las
prestaciones y que ya se les aplica la clave sindical. Pero desgraciadamente
tenemos compañeros que fallecieron en este trayecto, muchos con riesgo de
trabajo que no les pagan ninguna prestación. Le solicitamos a la gobernadora
Rocío Nahle que se cumpla la resolución de los tribunales”.
¿Será que el discurso de la gobernadora no incluye a los empleados de su
administración?
Ya lo ha dicho ella: el dinero no es problema.
¿Entonces?
Epílogo.
La postura del gobierno de Tamaulipas confirma lo que aquí se ha estado
marcando: en Veracruz el programa para el combate al gusano barrenador de
ganado ha sido un completo fracaso, en gran medida por la red de corrupción que
se formó en los organismos encargados del tema por parte de la administración
estatal. *** El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela, afirmó
que el avance de esa plaga hacia la frontera norte ha sido por la falta de acciones
de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. *** El funcionario
explicó que Tamaulipas mantiene un operativo preventivo, ante el riesgo de que el
incremento de contagios en entidades cercanas acelere la llegada del gusano
barrenador a la frontera con Estados Unidos. *** “Si llega (el gusano) a Estados
Unidos, no va a ser por nosotros. Va a ser por otros estados”, advirtió. *** Dijo que
Tamaulipas registra 174 casos activos de gusano barrenador y poco más de 400
casos inactivos, pero “San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León no están haciendo
las cosas como nosotros las estamos haciendo. Aquí estamos trabajando en
forma conjunta con muchas instituciones”. *** ¿Le habrá informado de esto a la
gobernadora su asesor en materia de ganadería?
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