columna bitácora política Por Miguel Ángel Cristiani Gozález
Hay una pregunta incómoda que Morena debería responder sin rodeos: ¿en qué momento aquello que tanto condenó del PRI terminó convirtiéndose en una práctica cotidiana de la llamada Cuarta Transformación?
Durante décadas, la izquierda mexicana denunció el uso de recursos públicos, la movilización corporativa de trabajadores y el acarreo masivo de personas para llenar plazas y demostrar una fuerza política muchas veces artificial. Aquellas imágenes de autobuses repletos de empleados gubernamentales, sindicatos movilizados y contingentes obligados a asistir a actos partidistas eran presentadas como el símbolo más acabado del autoritarismo priista.
Hoy, sin embargo, la historia parece repetirse. Y, según numerosas denuncias ciudadanas, con dimensiones aún mayores.
La diferencia es que antes, según la memoria popular, al menos el incentivo era modesto: una torta, un jugo, un plátano y el regreso a casa después de escuchar discursos interminables. Ahora las versiones que circulan en distintos puntos del país hablan de apoyos económicos que alcanzarían varios miles de pesos por persona para asistir a eventos políticos y actos multitudinarios.
Si tales versiones son ciertas, la pregunta resulta inevitable: ¿cuántos millones de pesos se están gastando para movilizar contingentes completos a lo largo y ancho del país?
La interrogante adquiere mayor relevancia frente a denuncias como la que han realizado trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Xalapa, quienes aseguran estar recibiendo presiones para asistir a un evento político relacionado con Morena en el puerto de Veracruz.
Los señalamientos son delicados porque involucran a una institución pública cuya misión es atender la salud de los veracruzanos, no participar en actividades partidistas.
De acuerdo con los testimonios difundidos, personal contratado habría sido convocado para acudir al evento, generando preocupación e inconformidad entre trabajadores que consideran improcedente mezclar funciones gubernamentales con compromisos políticos.
Las preguntas formuladas por los propios empleados son tan simples como contundentes.
¿Quién pagará los autobuses?
¿Quién cubrirá la alimentación?
¿De qué partida presupuestal saldrán esos recursos?
¿Se repondrá la jornada laboral?
¿Es correcto utilizar tiempo de trabajo para asistir a actos de carácter partidista?
Son cuestionamientos legítimos que merecen respuestas públicas y verificables.
La Constitución, las leyes electorales y los principios básicos de la administración pública establecen una separación clara entre gobierno y partido. Esa frontera existe precisamente para evitar que los recursos de todos los ciudadanos terminen financiando actividades de una organización política en particular.
La democracia no se fortalece llenando plazas con trabajadores que sienten comprometida su estabilidad laboral. Tampoco se fortalece cuando el aplauso se vuelve requisito administrativo o cuando la asistencia a un mitin parece formar parte de las obligaciones del empleo público.
Paradójicamente, Morena llegó al poder prometiendo desterrar esas prácticas.
Prometió acabar con el corporativismo.
Prometió terminar con el uso político de los programas gubernamentales.
Prometió erradicar la cultura del acarreo.
Prometió ser diferente.
Por eso el problema no es únicamente la posible movilización de trabajadores. El verdadero problema es la contradicción.
Porque cuando un partido critica durante años una conducta y después la reproduce, el daño político es doble: se traiciona la palabra empeñada y se erosiona la confianza ciudadana.
La ciudadanía mexicana ya no necesita demostraciones de fuerza construidas a base de autobuses. Necesita gobiernos eficaces, hospitales con medicamentos, carreteras seguras, escuelas funcionales y servidores públicos concentrados en sus responsabilidades.
Si un movimiento político presume contar con el respaldo mayoritario del pueblo, no debería requerir presiones laborales ni incentivos económicos para llenar una plaza.
El apoyo auténtico llega por convicción.
El acarreo, en cambio, siempre llega en autobús.
Y cuando el autobús se paga con recursos públicos, la democracia termina pagando la factura.
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