Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay desastres que llegan con estruendo y otros que avanzan en silencio. El chapopote que
desde hace meses invade las playas de Costa Esmeralda pertenece a la segunda categoría.
No hace ruido, no genera conferencias mañaneras, no ocupa titulares nacionales durante
semanas. Simplemente aparece en la arena, contamina el mar, mata especies marinas,
ahuyenta turistas y destruye lentamente la economía de cientos de familias veracruzanas.
Este fin de semana volvió a repetirse la escena. Turistas que llegaron a las playas de
Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre encontraron manchas de hidrocarburo y bloques de
chapopote arrastrados por las corrientes. Muchos decidieron recoger sus pertenencias y
regresar a casa. Una decisión lógica. Nadie recorre cientos de kilómetros para vacacionar
frente a una playa contaminada.
Lo grave no es únicamente la presencia del hidrocarburo. Lo verdaderamente alarmante es
la normalización de la tragedia. Han pasado varios meses desde que pescadores, prestadores
de servicios turísticos y habitantes de la región comenzaron a denunciar el problema. Han
advertido sobre la disminución de la pesca, la muerte de especies marinas, la contaminación
de playas y el impacto económico que padecen comunidades enteras. Sin embargo, la
respuesta institucional ha sido prácticamente inexistente.
El Gobierno Federal mantiene un silencio que resulta tan espeso como el propio chapopote.
No hay explicaciones claras sobre el origen de la contaminación. No existen reportes
públicos contundentes. No se conocen investigaciones exhaustivas ni responsables
identificados. Pareciera que la estrategia oficial consiste en esperar que la marea se lleve el
problema o que el cansancio ciudadano termine por sepultarlo.
Pero la realidad tiene la desagradable costumbre de desmentir los discursos.
Costa Esmeralda no es únicamente un atractivo turístico. Es una de las regiones económicas
más importantes del litoral veracruzano. Hoteles, restaurantes, palapas, cooperativas
pesqueras, transportistas y pequeños comerciantes dependen directamente de la afluencia
de visitantes. Cuando las imágenes de playas cubiertas de hidrocarburo circulan en redes
sociales, el daño no se limita a la arena. Se convierte en una devastadora campaña negativa
que ahuyenta visitantes futuros y golpea la reputación de todo el destino.
La historia demuestra que los desastres ambientales mal atendidos suelen convertirse en
crisis económicas y sociales de largo plazo. Basta recordar los efectos que provocaron
derrames petroleros en otras regiones del mundo para entender que la recuperación puede
tardar años. La diferencia es que en esos casos hubo investigaciones, sanciones, programas
de remediación y acciones visibles. Aquí ni siquiera existe una narrativa oficial coherente
que explique qué está ocurriendo.
La situación resulta todavía más indignante porque Veracruz ha sido durante décadas una
entidad vinculada a la industria petrolera nacional. Genera riqueza energética para el país,
aporta infraestructura estratégica y asume riesgos ambientales permanentes. Sin embargo,
cuando las consecuencias aparecen en sus costas, la respuesta parece reducirse a la
indiferencia burocrática.
Mientras tanto, los pescadores observan cómo disminuyen sus capturas. Los empresarios
turísticos ven cancelaciones. Los visitantes publican fotografías de playas contaminadas. Y
las autoridades continúan atrapadas en la cómoda costumbre de administrar silencios en
lugar de resolver problemas.
La pregunta ya no es quién provocó esta contaminación. La pregunta es cuánto tiempo más
seguirán las autoridades fingiendo que no existe.
Porque cada día que pasa sin información transparente, sin responsables identificados y sin
acciones contundentes de limpieza, el chapopote deja de ser solamente un residuo
petrolero: se convierte en el símbolo más visible de una administración incapaz de proteger
su patrimonio natural y de defender el sustento de miles de veracruzanos.
Cuando el gobierno calla frente al chapopote, no sólo se contamina el mar: también se
pudre la credibilidad de quienes deberían estar obligados a limpiarlo.
