Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La semana pasada, en Coatzacoalcos, se reunieron abogados litigantes de la
zona y durante una charla con el penalista Tomás Mundo Arriasa, acordaron unir
esfuerzos para, entre otras cosas, poner fin al abuso de la prisión preventiva,
acabar con la “fiebre” de cateos disfrazados de legalidad, y revisar el estatus legal
de poco más de 5,500 ciudadanos sometidos a prisión preventiva en las cárceles
veracruzanas. *** En ese mismo encuentro se retomó la informado por el INEGI:
que en materia familiar se iniciaron en el país casi un millón de asuntos, mientras
que en materia civil los procesos iniciados fueron poco más de 600 mil. *** Es
decir que llegaron a los juzgados más de un millón y medio de asuntos en materia
civil y familiar, lo que explica por qué están colapsados. Los abogados coincidieron
en que se deben agilizar los procedimientos abreviados. *** Fue tal el éxito de la
reunión, que muchos otros abogados ya se están sumando. Tienen ya acordada
una reunión con la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Rosalba Hernández y su agenda se ha enriquecido con el aporte de especialistas
en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que está por cumplir su primera década.
En su agenda está contemplada la participación de abogados de alto prestigio de
la capital del país. *** La procuración y la impartición de justicia pasan en la
actualidad por un de sus momentos más complicados y es por ello que los
profesionales del Derecho deben actuar de manera conjunta.
Fue en enero del 2021, para ser más exacto, el día 22. La que en ese entonces
fungía como magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés
Romero Cruz, reconoció frente a los medios de comunicación que ella atendía a
cabalidad las instrucciones del gobernador -en ese entonces Cuitláhuac García- y
por ello se investigaba la actuación de jueces que ordenaban poner en libertad a
personas que la Fiscalía consideraba delincuentes.
“Estamos poniéndole mucha atención, sobre todo porque el señor gobernador nos
ha instruido para efecto de estar trabajando con ellos (…) se estaba dando una
situación difícil, estaban sueltos, hacían lo que querían, pero en la actualidad
están vigilados por el Consejo de la Judicatura”, dijo en aquella ocasión la
magistrada Isabel Inés Romero.
Era de suponer que, por su calidad de magistrada y cabeza del Poder Judicial del
Estado, Isabel Inés Romero conocería el concepto de “separación de poderes” y
entendería que ningún Poder puede estar por encima de otro.
A pesar de que se exhibió el gravísimo error cometido por la magistrada (lo que en
otros tiempos y circunstancias habría sido suficiente para pedir su renuncia o
iniciarle juicio político), nada sucedió.
De pronto muchos pasan por alto que no sólo los Poderes Legislativo y Judicial
son independientes del Ejecutivo. Lo son también los llamados “órganos
autónomos”, como la Fiscalía General del Estado (FGE).
El artículo 67 de la Constitución local lo deja muy claro: “los Organismos
Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios,
tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas
conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo
podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado”.
Ese mismo artículo se refiere a la Fiscalía y apunta que su función de procurar
justicia “se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos”.
Hay un añejo formato que utilizaban los servidores públicos de todos los niveles,
en aquellos tiempos del predominio priista. Cada que leían un discurso o
concedían una entrevista, siempre, sin falta, le concedían todo el crédito de sus
acciones (siempre que fueran positivas, por supuesto) a su superior jerárquico.
Así, un funcionario municipal iniciaba su mensaje aclarando que sus logros eran
producto de las “instrucciones del presidente municipal”.
Los funcionarios estatales le otorgaban ese crédito a “las instrucciones del
gobernador” y los federales hacían todo “atendiendo los lineamientos que nos
marca nuestro presidente”.
En la actualidad, los que prometieron que iban a ser “diferentes” mantienen ese
protocolo. El problema es que no distinguen entre las dependencias del Poder
Ejecutivo y los órganos autónomos.
El pasado viernes la titular de la Fiscalía de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre recibió la instrucción (así lo admitió ella misma) de participar en la
conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, pues ya tenían
previsto que se tocara el tema de la desaparición de la periodista Roxana
Guzmán.
El reporte que dio la titular de la Fiscalía (que antes fue magistrada presidente del
Poder Judicial de Veracruz) exhibió esos mismos vicios:
“Para la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como para el gobierno de
Veracruz y, sin duda, también por instrucción también de la presidenta, han sido
prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana”.
¿Afirma que recibió instrucciones de Claudia Sheinbaum?
“Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones que nos han permitido
identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de
desplazamiento, lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en
los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa con la participación de la
Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa,
Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, en una
plena coordinación de los tres órdenes de gobierno tal y como lo instruye de
manera cotidiana nuestra gobernadora en las Mesas de Seguridad que encabeza”.
¿También atendió las “instrucciones” de la gobernadora?
Quizá desde hace mucho tiempo la exmagistrada y actual fiscal no le da un repaso
a la Constitución que rige a Veracruz, pero también puede recurrir a la Real
Academia Española de la lengua. Cuando se refiere el término “autonomía” su
primera acepción dice: “Potestad que dentro de un Estado tienen municipios,
provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios”.
Epílogo.
Y a propósito de la impartición de justicia en Veracruz, la semana pasada revivió el
tema del llamado “cártel inmobiliario” y sería oportuno que el Tribunal de Disciplina
Judicial (no el Órgano de Administración Judicial, pues es de dominio público en
aquella zona que “el jefe” de dicho cártel es el magistrado Antonio Sobrevilla)
revisara la actuación de su personal en Isla y Cosamaloapan. *** Hay evidencias y
denuncias de casos de despojo con la participación de personal de los juzgados.
En especial se habla de un secretario de Acuerdos en Isla, hijo de un juez de
Cosamaloapan. *** Varios expedientes han sido “extraviados” y curiosamente,
mientras en la página del Tribunal no aparecen, sí existe evidencia en la página
“Búho Legal”. *** En estos casos de despojo, por evidentes razones, también
están involucrados notarios de aquella región. *** En la Ciudad de México, la
Auditoría Superior de la federación (ASF) dio un paso más hacia un mejor
rendimiento de cuentas al implementar las auditorías integrales. *** Con este
nuevo modelo se rompen múltiples barreras: en lugar de entender a las auditorías
como un acto fragmentado, ahora parten de una visión integral que conjunta el
cumplimiento normativo, la gestión financiera, el ejercicio de los recursos públicos
y los resultados obtenidos. *** Las auditorías integrales no reducen la fiscalización,
sino que -por el contrario- amplían significativamente su cobertura. Los contratos,
obras, procesos y programas continúan siendo revisados, pero ahora dentro de
una evaluación que abarca la totalidad de la operación institucional. *** Por
primera vez una sola auditoría permitirá conocer el estado integral de una
institución pública, ofreciendo una visión completa de su desempeño, del ejercicio
de los recursos públicos y del verdadero estado que guarda su administración. ***
Decía Malcom X, aquel activista estadounidense: “Con una hábil manipulación de
la prensa, pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal, la
víctima”. *** A propósito de la celebración, este domingo, del Día de la Libertad de
Expresión, siguen pasando los días y Roxana Guzmán no aparece.
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