AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
No se necesita ser muy acucioso para percibir que la gobernadora Rocío Nahle no cuenta
con colaboradores de confianza, sinceros y honestos que se atrevan a asesorarla bien en
temas políticos y mediáticos. Y es que a las recurrentes crisis que se han dado en los
últimos doce meses de su administración –primero en julio de 2025 con el secuestro y
asesinato de la maestra jubilada y taxista sexagenaria Irma Hernández Cruz, de Álamo
Temapache; luego, en octubre, con las inundaciones en el norte de Veracruz, y últimamente
con la desaparición y muerte de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, de Nanchital–,
ahora la mandataria ha dado pie a nuevas críticas por la ocurrencia (no se sabe si ella o de
algunos de sus subordinados zalameros) de intentar ponerle su nombre a un salón recién
remodelado de Palacio de Gobierno.
“Eran unas cuarterías, estaba espantoso. Decidimos arreglar y quedó un salón muy bonito y
le vamos a poner el nombre de una mujer, porque es la primera mujer que es gobernadora”,
dijo Nahle sin expresar directamente su nombre, aunque antes de ella no ha habido otra
mandataria en la entidad que, tras la Independencia de México, fue una de las entidades
federativas originales (séptima en orden de creación) con un territorio casi idéntico al
actual, con excepción de una porción de territorio que entonces le pertenecía a Puebla.
Al promulgarse la Constitución de 1824 recibió por primera vez el nombre de Veracruz, y
oficialmente se constituyó como Estado Libre y Soberano. Y posteriormente, con la
promulgación de la Constitución de 1857, llegó a su extensión actual. Años más tarde, el 10
de julio de 1863, por decreto se establece que en lo sucesivo pasará a llamarse Estado Libre
y Soberano de Veracruz-Llave, en honor al general y gobernador Ignacio de la Llave.
Por ello es que algunos de sus allegados comentan que quizá su jefa no se refería a ella sino
a La Malinche, nacida alrededor del año 1500 en Painala, poblado desaparecido cercano a
Coatzacoalcos, y una de las 20 cacicas que en 1519 fueron entregadas a los españoles como
esclavas, por los indígenas de Tabasco derrotados en la batalla de Centla.
Sería una salida opcional que le evitaría el golpeteo político-mediático, pues no faltarán
quienes le recuerden el legado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, líder
fundador de Morena y constructor del primer piso de la Cuarta Transformación, quien en
septiembre de 2021, en una de sus conferencias mañaneras, reveló que “tengo escrito en mi
testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero
estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada
absolutamente”.
“Solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a
las personalidades (…) yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a
héroes y heroínas es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra”, señaló el
entonces presidente.
Pero, además, hace nueve años, en enero de 2017, la diputada local sureña de Morena, Eva
Cadena, que por esas fechas era una de las aliadas políticas más cercanas de Nahle,
presentó ante la Legislatura del Estado un anteproyecto para exhortar al Poder Ejecutivo a
retirar los nombres de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán
inscritos en áreas públicas, edificios y espacios, así como de Karime Macías, a la sazón
esposa de Duarte, así como de todos los familiares hasta en tercer grado de los ex
mandatarios priistas y de todos los funcionarios que trabajaron con ellos en ambos
sexenios.
Cadena Sandoval consideró como una aberración y un insulto para los veracruzanos que
escuelas, hospitales y espacios públicos llevaran el nombre de personas “que dañaron a
Veracruz”. Ello, ante el contexto de la emergencia financiera que padecía el estado luego
de las administraciones estatales de Herrera Beltrán, quien gobernó Veracruz de 2004 a
2010, y de Duarte de Ochoa, quien fue lo sucedió en diciembre de 2010 y permaneció en el
poder hasta el 12 de octubre de 2016, casi dos meses antes de que concluyera su gestión,
pues huyó a Guatemala para evadir una orden de aprehensión obtenida por la entonces
Procuraduría General de la República de México que finalmente le imputó cargos por
asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que le
impusieron una sentencia de nueve años de prisión.
La diputada los acusó de atentar en contra de la integridad física y mental de enfermos y
niños con cáncer, por aplicárseles medicamentos falsos, lo que calificó como un crimen de
lesa humanidad. La legisladora de las Choapas consideró que no se podía honrar a
criminales colocando sus nombres en espacios gubernamentales, por lo que debían ser
retirados. Y es que al menos existía una Colonia Fidel Herrera Beltrán en el municipio de
Coatzacoalcos, otra en Tuxpan, otra en Xalapa y una más, irregular, en el puerto de
Veracruz, en donde también había una colonia sin regularizar llamada “Karime Macías de
Duarte”, autoexiliada en Londres, Inglaterra, desde a mediados de abril de 2017 tras la
detención de su aún esposo en el poblado turístico guatemalteco de Panajachel.
Así, pues, para quienes optan por imponerle el nombre de Rocío Nahle al nuevo salón de
Palacio de Gobierno, quizá lo más prudente sería aguardar hasta después del 2030, cuando
concluya su administración, y esperar el inevitable juicio de la historia.
