Por Miguel Angel Cristiani
La historia del llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa comienza a dejar de
ser solamente una colección de denuncias, acusaciones y testimonios de
personas que aseguran haber sido despojadas de sus propiedades.
Este martes ocurrió algo que cambia el escenario: la Fiscalía General del
Estado detuvo a los abogados Isaac Contreras Gómez Gil y Pedro Damián
Atilano Cruz, señalados por su presunta relación con uno de estos casos de
despojo inmobiliario.
Y aquí aparece un caso que resulta particularmente ilustrativo.
Se trata de una propiedad ubicada en la avenida 20 de Noviembre número 50,
en Xalapa, con una superficie cercana a los mil metros cuadrados, cuya
posesión, de acuerdo con el testimonio de sus propietarios, había permanecido
durante más de 80 años en manos de la familia.
El doctor Manuel Ezequiel Casillas Rivas y su padre, José Luis Castilla
Aburto, relataron públicamente lo que aseguran ocurrió el 28 de agosto de
2024.
Según su versión, fueron desalojados durante la madrugada, alrededor de las
5:30 horas, mediante una serie de actos que califican como fraudulentos,
incluyendo la presunta falsificación de documentos y firmas.
Lo más grave de su relato es que aseguran haber solicitado auxilio al C4 sin
recibir respuesta.
Pero también dejaron constancia notarial de otro detalle que parece salido de
una novela de corrupción inmobiliaria: alguien habría cambiado físicamente el
número del inmueble, pintando sobre la fachada el 1250 en lugar del número
real, el 50.
¿Por qué?
Esa es precisamente una de las preguntas que ahora tendrán que responder las
autoridades.
Los afectados también cuestionaron la actuación de funcionarios judiciales
que, según su testimonio, participaron en el procedimiento que terminó con el
desalojo. señalando que, a su juicio, no se tomó debidamente en cuenta que
ellos tenían la posesión del inmueble ni la presencia de menores de edad
durante el desalojo.
Son señalamientos serios que deberán ser investigados y, en su caso,
acreditados por las autoridades competentes.
Pero hay otro elemento que llama poderosamente la atención.
Los afectados aseguran que en el procedimiento participaron diversos
abogados y que existe un patrón de operación mediante el cual los litigantes
aparentemente se van rotando los casos, incluso llegando —según su
versión— a promover denuncias entre integrantes de las mismas familias para
generar la apariencia de que existe un cambio de representación jurídica.
Si esta acusación llegara a acreditarse, estaríamos ante algo mucho más grave
que un simple pleito por una propiedad.
Estaríamos hablando de un posible método de operación.
Y ahí es donde las autoridades tienen una enorme responsabilidad.
Porque no basta con detener a dos abogados.
Hay que investigar toda la cadena.
Quién presentó los documentos.
Quién los certificó.
Quién promovió los juicios.
Quién obtuvo las resoluciones.
Quién ejecutó los desalojos.
Quién proporcionó apoyo operativo.
Quién adquirió posteriormente las propiedades.
Y, sobre todo, si existió una estructura organizada para utilizar procedimientos
judiciales con el propósito de despojar a legítimos poseedores.
Porque si solamente se detiene a quienes aparecen al final de la cadena, pero
nadie pregunta quiénes estaban detrás, el problema no se resuelve.
Los afectados, acompañados por sus abogados, incluso llevaron este martes
cartulinas y una lona para agradecer el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle,
del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, así como de
sus representantes legales.
Es comprensible.
Para una familia que afirma haber perdido una propiedad después de ocho
décadas de posesión, recuperar el inmueble no es un trámite administrativo.
Es recuperar parte de su vida.
Y aquí aparece otra dimensión del problema.
Los propios afectados aseguran que existen muchas más víctimas, pero que
numerosas personas no pueden contratar un abogado para defenderse.
Ese puede ser precisamente uno de los puntos débiles que aprovechan quienes
conocen las trampas del sistema: el ciudadano sin dinero para litigar termina
enfrentándose a estructuras jurídicas que pueden convertir un problema
patrimonial en una pesadilla interminable.
Hasta ahora, uno de los casos que sí logró recuperar su propiedad fue el de
Vanessa Ávila, quien, según se informó, tardó un año y ocho meses en
conseguirlo.
Demasiado tiempo.
Demasiado desgaste.
Demasiada incertidumbre para quien simplemente quiere conservar aquello
que legalmente le pertenece.
Por eso las detenciones de este martes deben verse como un posible principio,
no como el final de la historia.
La sociedad xalapeña necesita saber si estamos frente a casos aislados o ante
una verdadera red.
Y si existe una red, quiénes la integran.
Porque un “cártel” no puede funcionar solamente con abogados.
Necesita documentos, trámites, decisiones, intermediarios, posibles
complicidades y, sobre todo, un sistema que permita que las cosas ocurran.
La pregunta ahora es inevitable:
¿Hasta dónde llegará la investigación?
Porque si la Fiscalía solamente llega hasta dos abogados, tendremos detenidos.
Pero si llega hasta el origen de las operaciones, a quienes fabricaron
documentos, promovieron procedimientos, facilitaron resoluciones o se
beneficiaron de los despojos, entonces podríamos estar frente al verdadero
principio del fin del llamado “Cártel Inmobiliario”.
Y eso sí sería una noticia.
Porque durante demasiado tiempo en Veracruz se ha repetido una vieja
historia: propiedades que cambian de manos, ciudadanos que pierden sus
casas y expedientes judiciales que parecen tener una velocidad extraordinaria
para desalojar al pobre y una lentitud desesperante para devolverle lo que
asegura que le pertenece.
Ahora hay dos abogados detenidos.
La justicia tiene la palabra.
Pero también tiene una obligación:
no quedarse en la puerta de entrada.
Porque detrás de cada propiedad despojada puede haber una familia.
Y detrás de cada familia puede existir una historia que todavía nadie se ha
atrevido a investigar hasta el final.
