AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
La trágica muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, es otra prueba más
de que no hay crimen perfecto.
Quien o quienes decidieron acabar con su vida, al parecer quisieron simular un “suicidio”,
pero el montaje fue tan burdo que en cuanto se viralizaron las imágenes del cadáver del ex
secretario de Educación de Veracruz, en las redes sociales el veredicto unánime de los
internautas fue que todo parecía indicar que se trataba de un asesinato.
¿Quién lo mató o quiénes lo mandaron a eliminar? Eso deberán indagarlo, y pronto, las
autoridades ministeriales, incluida la Fiscalía estatal de Veracruz, aunque el caso lo haya
atraído oficialmente la Fiscalía General de la República bajo el argumento de que la víctima
era un legislador federal. Pero, para llegar a los autores materiales e intelectuales de este
homicidio, la FGR deberá considerar todos los presuntos móviles que pudieran haber
motivado este repudiable crimen.
Y es que no han faltado los que, por ejemplo, hasta han insinuado que la muerte de
Zenyazen pudiera estar vinculada con el caso de la venezolana Yenifer Cristina Velázquez,
tan solo por la coincidencia de que el ex secretario de Educación apareció muerto el mismo
día y mes, pero cinco años después de la misteriosa desaparición de la joven sudamericana
con la que presuntamente sostuvo hasta septiembre de 2021 una relación extramarital.
Tampoco faltan los que no descartan un posible móvil político, dado el poder que el
coordinador de los diputados federales veracruzanos de Morena había concentrado
principalmente en la zona Córdoba-Orizaba, en la región central de la entidad.
Sin embargo, otra de las hipótesis que en las últimas horas ha cobrado fuerza son los
millonarios negocios que mediante su influencia política había realizado. Hasta finales de
2018, como diputado local de Morena, mantuvo un modesto estatus económico de clase
media. De joven había sido “stripper” y luego consiguió una plaza de profesor, enrolándose
en 2014 en el movimiento magisterial veracruzano en contra de la reforma educativa del ex
presidente Enrique Peña Nieto, donde estrechó su relación con Cuitláhuac García, quien en
2015 sería diputado federal de Morena y luego dos veces candidato a gobernador, en 2016
y 2018.
Precisamente con García Jiménez, un año después de que lo nombrara secretario de
Educación de Veracruz, su patrimonio personal y familiar se disparó de manera
desproporcionada. En ese periodo, 2019-2023, amasó una inexplicable fortuna, acumulando
decenas de terrenos y mansiones en los principales fraccionamientos residenciales de
Xalapa y otras ciudades del estado, además de vehículos de alta gama, como el automóvil
Mercedes Benz negro a nombre de su hija, en el que fue hallado muerto.
Este perfil desconocido como próspero empresario al vapor también deberá considerarse en
la investigación de su asesinato, pues no se sabe si en su súbito enriquecimiento habrá
afectado intereses de personajes ligados a negocios turbios.
Ayer, por ejemplo, la plataforma digital Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola,
publicó una investigación periodística sobre sobre cómo a través de una maniobra política-
empresarial, Zenyazen se hizo de la concesión del relleno sanitario “Los Colorines”, en
Nogales, Veracruz, que recibe al día entre 2 mil y 2,500 toneladas de desechos sólidos de
40 municipios, la mayoría veracruzanos –entre ellos los de Orizaba, Córdoba, Fortín y Río
Blanco–, y otros de los estados de Oaxaca y Puebla.
La concesión fue otorgada en 2022 por 15 años a la empresa Materiales Oconit,
representada por su hija Sidny Darian Escobar López, cuyos ingresos ascenderían a 300
millones de pesos al año, pues el vertedero cobra a cada ayuntamiento alrededor de 350
pesos por tonelada de basura depositada.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio citados por Latinus, la hija
del difunto legislador morenista obtuvo en enero de 2025 un poder general dentro de
Materiales Oconit, mientras que su pareja, Emilio Vanegas Fernández, había ingresado
previamente como socio y administración de la empresa.
Ahora, tras su muerte, ha trascendido que la concesión a la empresa de la hija del difunto
diputado le fue asignada mediante adjudicación directa cuando debía otorgarse por
licitación, y que antes de concesionarse a Materiales Oconit, el ayuntamiento de Nogales
había entregado el manejo del basurero a Desarrolladora de Proyectos Loto, administrada
entonces por Emilio Vanegas, quien posteriormente ingresó como socio de la empresa de su
pareja.
El reportaje de Latinus refiere que, en enero de 2021, el Ayuntamiento de Nogales
denunció irregularidades en la operación del relleno sanitario y que la Procuraduría Estatal
de Protección al Medio Ambiente, que entonces estaba a cargo del ex perredista Sergio
Rodríguez Cortés, amigo y aliado político de Zenyazen, ordenó cerrarlo temporalmente. Y,
tras la clausura, la autoridad municipal celebró un convenio con Desarrolladora de
Proyectos Loto para que operara el basurero, pese a que –según la investigación
periodística– carecía de experiencia en el manejo de residuos porque se dedicaba al
mantenimiento eléctrico y la construcción. Empero, esta empresa sólo administró el
vertedero durante un año, aproximadamente, ya que meses después el Cabildo lo
concesionó por 15 años a Materiales Oconit, constituida legalmente desde 2007 para
ofrecer servicios administrativos y renta de maquinaria y equipo de cómputo.
Además de la adolorida familia Escobar López, la más interesada en el crimen o “suicidio”
del coordinador de los diputados federales de Morena se esclarezca pronto debe ser la
gobernadora Rocío Nahle, pues aparte del ruido político que generó la sospechosa muerte
de Zenyazen, anteayer, en el municipio de Omealca, ocurrió otro trágico incidente con la
muerte de dos agentes federales que mientras intentaban rescatar a dos personas
secuestradas fueron atacados por un grupo del crimen organizado asentado en esa región
limítrofe con el estado de Oaxaca. Y es que este otro caso no solamente lastimó al
presidenciable secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar
García Harfuch, sino que también tuvo repercusión hasta en la Embajada de Estados
Unidos en México.
