DE LA RATERÍA AL DESABASTO, A LA DOBLE MORAL Y AL BROTE DE SARAMPIÓN EN EL SECTOR SALUD

Sep 16, 2026 | Columnas

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Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
Casi dos años después de iniciada la actual administración estatal, cuando debería estar
consolidado el sector salud de Veracruz, los hechos indican que sufre de una grave
enfermedad crónica para la que no parece haber remedio: la desidia oficial.
El mal inició a partir de que Morena llegó al gobierno en 2018, cuando en la
administración de Cuitláhuac García Jiménez se detectó un cuantioso desvío de recursos
fijado inicialmente en 1,600 millones de pesos.
Hoy el desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, la estulticia y la
soberbia con la que se conduce el delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, la
doble moral de la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, quien recién internó a
su esposo para ser atendido en el hospital privado más caro de Xalapa, y el brote de
sarampión que estuvieron ocultando hasta que la Secretaría de Salud federal la hizo
público, tienen colapsado todo el sistema.
Rocío Nahle empezó bien, denunciando
El 5 de mayo de 2025, seis meses después de que había iniciado el nuevo gobierno, la
recién estrenada gobernadora Rocío Nahle informó que la Contraloría General del Estado,
a cargo entonces de Ramón Santos Navarro, había presentado una denuncia por posible
daño patrimonial por 1,600 millones de pesos en el sector salud tras las observaciones
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023.
Aseguró en aquella ocasión que en su gobierno no se encubriría a nadie, sin importar que
fueran militantes de su partido, e incluso que se debía llamar a rendir cuentas a los
presuntos involucrados e incluyó a Ramos Alor, entonces recién nombrado delegado del
IMSS-Bienestar. Ramos Alor había renunciado como secretario de Salud en mayo de
2022 en medio de un escándalo por el hallazgo de miles de medicamentos oncológicos a
punto de caducar almacenados sin ser distribuidos.
“El contralor ya hizo la denuncia pertinente porque nosotros tenemos que darle
seguimiento a esto y si hay daño patrimonial, si es así, se tiene que llamar a rendir
cuentas a quien fue secretario de Salud, porque así lo marca la propia Auditoría”.
En mayo de 2025 ya reconocía falta de medicamentos para el cáncer
En aquella fecha reconoció que uno de los problemas era el desabasto de medicamentos
para el cáncer, pero que ya se le estaba dando solución. “En el sector salud estoy yo
metida, porque se encontraron muchas irregularidades, (…) encontramos muchas cosas
que no estuvieron bien y lo tengo que decir”.

Durante la gestión de Ramos Alor, detrás de las operaciones financieras en los servicios
de salud estuvo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la
dependencia y hombre de confianza del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero
Pérez, primo del exgobernador Cuitláhuac García, hoy flamante diputado federal,
incrustado en la comisión que combate la corrupción. Sisniega huyó al extranjero sin
haber renunciado formalmente y apenas en marzo pasado los Servicios de Salud de
Veracruz (Sesver) lo inhabilitaron por solo cuatro ridículos meses por incurrir en
irregularidades administrativas, aunque el ORFIS lo denunció en agosto pasado ante la
Fiscalía Anticorrupción por presunto daño patrimonial por 56.6 millones de pesos, por lo
que se le abrió la carpeta FECOV/473/2026.
Cuitláhuac logró parar las denuncias
Este miércoles, un exfuncionario de la Contraloría General del Estado que estuvo al tanto
de la denuncia en 2023, confirmó al columnista que el exgobernador Cuitláhuac García
Jiménez se movilizó ante la presidenta Claudia Sheinbaum y logró parar todo, pero que
los gruesos expedientes quedaron documentados.
El último escándalo de Ramos Alor
Este jueves hace una semana, el delegado del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor,
desató un escándalo público cuando se le vio y escuchó en un video amenazando a
residentes del Centro de Alta Especialidad de Xalapa que demandaban material para
poder trabajar. Su actitud provocó una marcha de protesta y desató una ola de críticas y
de reclamos pidiendo su renuncia.
Aunque no estuvo de acuerdo en lo que dijo, la gobernadora Rocío Nahle lo arropó y
protegió, y lo reconfirmó en el cargo. Justificó su decisión repitiendo el estribillo que ya
tiene hecho: “porque me ayuda muchísimo”, y en lugar de escuchar el clamor de los
trabajadores del hospital, culpó de la marcha a los partidos políticos de oposición.
Y la secretaria de Salud recurre al hospital privado más caro
Ni bien cesaba el escándalo de Ramos Alor cuando ahora fue la secretaria de Salud,
Mariela Hernández García, quien desató otra ola de críticas e inconformidad cuando se
supo que el pasado fin de semana internó en el Hospital Ángeles de Xalapa a su esposo
Gustavo Domínguez Aguirre para ser atendido de un problema de salud. Incluso en las
redes circuló una fotografía donde se le ve en ese hospital con el impresentable Ramos
Alor.
Para casos como ese, al ser internado el paciente, para empezar le piden un depósito de
más de 100 mil pesos. En las redes se preguntaron por qué no lo internó en el Centro de
Alta Especialidad de Xalapa o de Veracruz, si es que está tan bien el servicio como dicen
en el palacio de gobierno, y que no faltan ni medicamentos ni material de curación.
Criticaron la doble moral de Morena, que no predica con el ejemplo y tomaron como una

burla que la propia secretaria de Salud desdeñe los hospitales públicos bajo su
responsabilidad.
Luego, estuvieron ocultando brote de sarampión
La última. Fue la propia Secretaría de Salud federal la que difundió en la cuenta de su
titular David Kershenobish fotografías de la visita que realizó a la capital del estado el
martes 15 para verificar las acciones implementadas para contener el brote de sarampión
que se detectó en el Centro Estatal de Cancerología y cortar las cadenas de transmisión.
Sobre el tema, la Secretaría de Salud del Gobierno de México emitió ese mismo día un
boletín de prensa informando que a través de la Dirección General de Epidemiología
(DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) había
enviado al Centro Estatal de Cancerología (CECan) una brigada a la entidad con la
finalidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control. 
Dio a conocer que al corte de las 8 de la mañana de ese día, habían sido confirmados 16
casos, y dos permanecían pendientes de resultado; que de los casos confirmados, 12
correspondían a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de paciente, y que
entre los casos confirmados se habían registrado dos defunciones, una, correspondiente
a una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin;
la segunda, correspondiente a un paciente de 22 años, que se encontraba pendiente de
dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.
Nahle sabía pero no alertó a la población
Lo que no se explica es por qué tardó en reaccionar la Secretaría de Salud federal pues la
gobernadora Rocío Nahle declaró este miércoles que tenía una semana que se había
informado del hecho al Gobierno federal, pero además, la reportera Claudia Montero, del
diario digital alcalorpolitico, publicó al mismo tiempo que médicos del CECan le dijeron
que el brote llevaría ya un mes, toda una cadena de negligencia.
Lo que queda claro, al margen de la danza de fechas, es que en el Gobierno del Estado
ocultaron el brote y no pusieron en alerta a la población que acude a ese centro
hospitalario, por lo que hoy no se sabe con precisión el tamaño de la población
contagiada. También, que existe un terrible descuido en el filtro para el ingreso de
personas al CECan.
El día 15, el secretario de Salud federal, David Kershenobish, presidió una reunión de
trabajo con personal del estado. Estuvo encabezando la mesa y tuvo a su izquierda a la
secretaria estatal, un verdadero cero a la izquierda, una imagen reflejo fiel de que en el
estado no pueden y que tienen que venir secretarios federales a atender y resolver los
problemas, algo similar a la presencia de la secretaria de Agricultura, Columba López,
para atender el caso del ingenio San Pedro.