AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Luego de la debacle del Partido Republicano en las elecciones intermedias del pasado
martes en Estados Unidos, en México el régimen de la 4T ha comenzado a apretar a sus
adversarios para no correr la misma suerte que los candidatos derrotados del Presidente
Donald Trump.
Así, por ejemplo, en Nuevo León, sede del poderoso Grupo Monterrey, la virtual candidata
de Morena a la gubernatura, Clara Luz Flores –quien ya contendió en 2021 y perdió tras el
escándalo por un video en el que aparecía con Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM
condenado en Estados Unidos por tráfico sexual de personas–, presentó anteayer una
denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de
Movimiento Ciudadano, Samuel García, y de su esposa Mariana Rodríguez, que aspira a
sucederlo en el poder. La morenista, quien va abajo en las encuestas, retomó la denuncia
penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con presuntas
irregularidades por 7 mil 212 millones de pesos. También refirió contratos por 110 millones
de pesos celebrados por la administración del mandatario emecista con empresas
sancionadas por EU.
Clara Luz también presentó una segunda denuncia en contra del alcalde de Monterrey,
Adrián de la Garza, quien actualmente encabeza las preferencias electorales como virtual
candidato de la alianza PRI-PAN. La denuncia contra el edil priista y Jovita Morín, ex
contralora municipal y militante de Acción Nacional, es por presunta delincuencia
organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de
procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Los supuestos delitos están relacionados con el caso de la empresa Next Energy, a quien le
fue asignado un contrato por 7 mil 370 millones de pesos.
En ambas denuncias, la coordinadora para la defensa de la 4T en Nuevo León solicitó la
intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la ASF para
reconstruir las operaciones financieras, identificar las cuentas involucradas y conocer a los
beneficiarios finales.
Por otra parte, en Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado determinó
multar e inhabilitar para ocupar cargos públicos al ex alcalde panista de la capital, Eduardo
Rivera Pérez, por presuntas faltas administrativas graves. El ex munícipe del PAN anunció
que impugnará el fallo, al considerar que tiene un trasfondo político por coincidir con el
inicio del proceso electoral de 2027, y sostuvo que es inocente de las acusaciones.
Hasta ahora no se conoce con exactitud la falta específica que se le imputa a Rivera Pérez.
Lo único que se sabe es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntas
irregularidades administrativas en las cuentas públicas de 2022 y 2023, acumulando pliegos
de observaciones y solicitudes de aclaración por un monto superior a los 306 millones 900
mil pesos.
Según publicaron los diarios Reforma y La Jornada, Rivera fue sancionado
económicamente con 15 millones de pesos e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos
públicos, mientras que Bernardo Arrubarrena García, quien fue su secretario de
Administración, lo habrían inhabilitado por 10 años e impuesto una multa de 10 millones
de pesos.
Mientras tanto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, emprendió una
campaña para desmarcar a su partido de la figura de la ex presidenta del Instituto Nacional
Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien detonó un mega escándalo por presuntos actos de
corrupción al favorecer a un grupo de proveedores.
A través de redes sociales, la líder morenista compartió un video en el que remarca que la
exfuncionaria del organismo electoral “no es de Morena” sino que “es parte del viejo
régimen del PRIAN”, y le adjudica al expresidente de INE, Lorenzo Córdova, ahora ligado
al nuevo partido político Somos, haber nombrado a Taddei como presidenta del Instituto
Electoral de Sonora, e imputándole que desde entonces Córdova sabía de la existencia de
un oligopolio con las empresas proveedoras de materiales electorales y que no hizo nada.
Anteayer, la ASF, que encabeza el xalapeño Aureliano Hernández-Palacios Cardel, anunció
que ampliarán su investigación de irregularidades en el INE y los órganos públicos locales
electorales (Ople), y revisarán todos los contratos otorgados desde 2000 a 2025
relacionados con el oligopolio de empresas de papelería y servicios.
RESPALDA GOBERNADORA NAHLE
INVESTIGACIÓN AL INE Y AL OPLE
Por cierto, llamó la atención el comunicado que difundió ayer la gobernadora Rocío Nahle
para fijar su posición sobre la investigación que varias instituciones federales están
realizando al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Órgano Público Local Electoral
(OPLE).
El texto es el siguiente:
“En Veracruz creemos firmemente que la democracia se construye con responsabilidad,
transparencia y respeto a las instituciones, pero, sobre todo, colocando siempre en el centro
a las y los mexicanos.
“Desde mi Gobierno expresamos nuestro respaldo total a la Presidenta de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, y a los principios de la Cuarta Transformación: honestidad y justicia.
“Desde hace semanas el Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de diversos
señalamientos, por tal motivo considero fundamental que todo lo relacionado con este
asunto sea investigado con absoluta transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad.
Las y los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, a tener certeza sobre los
funcionamientos de sus instituciones y a confiar en que los recursos públicos y las
responsabilidades institucionales se ejercen correctamente.
“Debemos ser claros: las instituciones electorales no deben utilizarse como instrumentos de
confrontación política; su función es garantizar los principios democráticos, generar
confianza y contribuir a la estabilidad de nuestra vida pública.
“Por su parte, la autonomía de los organismos electorales es un principio fundamental de
nuestra democracia; sin embargo, autonomía no significa ausencia de vigilancia, ni
tampoco estar exentos de la responsabilidad pública. Por ello, toda institución que ejerce
funciones de interés público debe conducirse con transparencia.
“En Veracruz reconocemos la importancia del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLE), cuya actuación debe estar siempre a la altura de las exigencias
democráticas de nuestro Estado, garantizando procesos electorales transparentes, confiables
y respetuosos de la voluntad popular.
“La democracia se fortalece cuando existen instituciones autónomas, pero también
transparentes; cuando hay respeto, pero también rendición de cuentas; y cuando el interés
del pueblo está por encima de cualquier interés político.
“Desde Veracruz seguiremos trabajando con responsabilidad institucional, convicción
democrática y profundo sentido humanista, siempre en favor del bienestar de las y los
veracruzanos y de la transformación de México.”
¿Acaso el posicionamiento de la mandataria veracruzana fue en respuesta a la demanda que
por daño moral y difamación presentará el nuevo partido político Somos en contra de la
Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro?
Y es que, tras ser señalado por el esquema de corrupción en contrataciones electorales, el
partido creado en junio pasado y que dirige el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo
aseguró que desde el Gobierno federal, en lugar de evidenciar la corrupción que Guadalupe
Taddei dejó del 2023 a octubre pasado como consejera presidenta del INE, está siendo
irresponsable y generando división.
“(Claudia Sheinbaum) Ha preferido desviar la atención frente a la tragedia que para el INE
significó la administración de Taddei. La infamia crece día con día y ahora pretende
involucrar a nuestra organización, SOMOS, en una trama inventada por la Presidenta, sin
sustento, que se remonta ¡un cuarto de siglo atrás!”, expuso el partido rosa en un
comunicado.
“Como organización vamos a demandar por daño moral y difamación a la señora
Presidenta y a la señora Buenrrostro, que buscan encontrar chivos expiatorios ante la crisis
del INE”, advirtieron.
Somos pidió a las demás fuerzas políticas a instalar una mesa de conversación y trabajo
para cuidar los eslabones que siguen en el proceso electoral.
Dijo que lo que se destapó en el INE con los contratos y proveedores ligados a Taddei
fueron la ambición, enriquecimiento ilícito, colusión delincuencial y el conflicto de interés.
Apenas la mañana de ayer, la Presidenta Sheinbaum dijo que Juan Carlos Padilla, antiguo
funcionario público y ex jefe de empresarios indagados, participa en el partido Somos junto
con el ex titular del INE Lorenzo Córdova.
La mandataria sostuvo que Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los
hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de
2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el
Gobierno federal.
Sheinbaum señaló que Padilla Aguilar, quien trabajó en gobiernos priistas y fue superior de
José Alfredo Hernández Casillas en la Secretaría de Gobernación, posteriormente participó
en organizaciones políticas vinculadas con Acosta Naranjo hasta incorporarse a Somos.
“Y, ¡oh, sorpresa!, hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De
quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta”,
sostuvo.
En la conferencia mañanera, se exhibió que la relación entre Padilla Aguilar y los
Hernández Casillas se remonta a los años ochenta, cuando José Alfredo trabajo como
secretario particular del funcionario en el Registro Nacional de Población e Identificación
Personal de la Secretaría de Gobernación.
La presentación gubernamental señala que, en 1989, Padilla Aguilar fue nombrado
Secretario General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y llevó
consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al
área de investigaciones.
De acuerdo con los antecedentes exhibidos por Buenrostro, Padilla Aguilar ocupó
posteriormente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México
durante el Gobierno priista del mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.
Posteriormente, los Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a
desarrollar negocios relacionados con la producción y comercialización de materiales
electorales, según publicó el diario Reforma.
