Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Quizá sea una coincidencia, pero se corre el riesgo de que se convierta en una
constante: que expresiones sociales de protesta sean disueltas mediante la
violencia. *** En la localidad de Tetelcingo, del municipio de Coscomatepec, un
grupo de ciudadanos se congregó para organizar una movilización de protesta. De
pronto aparecieron dos vehículos, cuyos ocupantes dispararon contra las
personas ahí reunidas. *** Cerca de las diez de la mañana, familiares y conocidos
de seis personas que habían sido detenidas en Tetelcingo por elementos de la
Policía Ministerial el miércoles 11 de septiembre, se reunieron en la esquina de la
calle 16 de Septiembre y la avenida Miguel Hidalgo, para de ahí trasladarse a
Córdoba y llevar a cabo una protesta y exigir la liberación de los detenidos,
cuando fueron atacados a balazos. *** La agresión, sin embargo, fue repelida por
los pobladores, por lo que se inició una balacera que dejó como resultado un
presunto agresor fue abatido y un habitante herido por impactos de arma de fuego.
Más de una hora después de que concluyó el enfrentamiento llegaron oficiales de
la Policía Municipal y de la Estatal, así como de la Guardia Nacional y de la Marina
Armada de México, quienes tomaron conocimiento de los hechos, acordonaron la
zona e implementaron un operativo de búsqueda de los presuntos sicarios, pero
no consiguieron ubicarlos. *** Y digo que pudiera ser el inicio de un escenario
recurrente, pues en el municipio de Perote, habitantes de Totalco realizaban una
protesta cuando fueron atacados por elementos de la Fuerza Civil, con el saldo de
dos pobladores fallecidos. *** Hay a quienes no les conviene que los ciudadanos
expresen sus inconformidades y son capaces de sembrar terror para inhibirlos.
¿Será el caso?
El reportaje del portal Animal Político, titulado “Presiones y donación irregular: así
operó Defensa Nacional para apropiarse de rancho confiscado a Javier Duarte en
Valle de Bravo”, tiene como fin mostrar los abusos en los que incurrió el Ejército
para apropiarse de un predio del que el gobierno de Veracruz poseía dos tercios.
En realidad, Javier Duarte nunca admitió ser propietario del rancho “Las Mesas”,
ubicado en el municipio de Valle de Bravo, del Estado de México.
En abril del 2022, desde el Reclusorio Norte donde purga su condena, el
exgobernador de Veracruz envió un mensaje a través de sus redes sociales:
“En relación a la nota publicada referente al rancho ‘Las Mesas’ por centésima vez
quiero declarar que ese inmueble nunca ha sido de mi propiedad ni de mi familia;
en la propia carpeta de la PGR se establece claramente lo que acabo de
mencionar. Vaya jamás he estado en ese lugar”.
Como se menciona en el reportaje de Animal Político, dicho predio figura como
una copropiedad de tres personajes muy cercanos a Javier Duarte (de ahí que la
PGR primero, y la FGR después, asuman que se trataba de testaferros): Moisés
Mansur Cysneros, amigo del exmandatario; José Juan Janeiro, identificado como
operador financiero de Duarte, y Rafael Gerardo Rosas Bocardo.
El rancho, de 92 hectáreas y valuado en más de 250 millones de pesos, fue
asegurada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en
octubre de 2016, como parte de las investigaciones de presuntos actos de
corrupción cometidos por el exgobernador de Veracruz.
Como parte del procedimiento, se pidió a cualquier interesado en reclamar la
propiedad del rancho, que comprobara su legítima posesión, lo cual no ocurrió en
tiempo y forma.
Finalmente, en mayo del 2023, la ahora denominada Fiscalía General de la
República (FGR) obtuvo en definitiva la declaratoria de “abandono” del rancho.
Es de destacar que uno de los más activos promotores de la confiscación de ese
bien, fue el que fuera sucesor de Javier Duarte, el aún panista Miguel Ángel Yunes
Linares quien, incluso, acudió a dicho inmueble y grabó un video en el que
celebraba que un tercio (más tarde fueron dos) ya era propiedad del gobierno de
Veracruz y hasta se aventuró a detallar en qué se ocuparían los recursos que se
obtuvieran de su venta:
“Se ha recuperado una cantidad muy pero muy importante de recursos, más de mil
millones de pesos (por la cifra, no sólo se refería al rancho, que costaba una
cuarta parte de eso, sino a otros bienes que presumió haber “recuperado”) y lo
más importante es que estos recursos se empezarán a invertir, como ya lo
anuncié, en los próximos días, en la reconstrucción de obras de instalaciones
hospitalarias, de clínicas y hospitales, y muy particularmente en obras que están
abandonadas desde hace mucho tiempo”.
Lo que se deduce del reportaje de Animal Político es que quienes aparecían como
propietarios del rancho podrían -en el futuro y en caso de que cese la persecución
judicial en su contra- reclamar la devolución del predio, con el sólido argumento de
que existen muchos vicios en el procedimiento.
Muy pronto veremos propiedades tan lujosas como ese rancho, escrituradas a
nombre de los “impulsores de la transformación”.
Epílogo.
Héctor Yunes acusa recibo. Entiende que las mentadas de madre contra “los
Yunes” de alguna manera -por herencia familiar- le salpican. Aclara que “no es lo
mismo bacín que jarro”. *** El diputado local electo recuerda que él no votó a favor
de la Reforma Judicial y, por el contrario, emitió opiniones muy críticas contra la
propuesta del presidente López Obrador, pero las protestas han polarizado a la
sociedad y generado “un injusto encono” contra todo el que lleva el apellido Yunes.
*** Héctor Yunes Landa aclara que cada quien tiene que responder por las
decisiones que tome y recuerda que él siempre ha dado la cara y asumido lo que
ha hecho en su vida. *** Oportuna aclaración. Casos como el suyo y, aún más
injusto, como el de Pepe Yunes (que no tiene ningún parentesco con los Yunes de
El Estero) deben ser separados de la condena popular.
filivargas@gmail.com
