Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Conforme se acercan los “tiempos electorales” va creciendo la violencia, muchas veces disfrazada de “delincuencia común”, pero que en realidad busca inhibir la participación ciudadana. *** “Data Cívica”, un organismo no gubernamental, vigila con mucha atención los casos de violencia criminal vinculada a factores políticos. *** Apenas esta semana hizo público su primer reporte del año con miras a las elecciones del 2027, en las que se renovarán más de la mitad de las gubernaturas del país, así como municipios y congresos, tanto locales como el federal. *** De su primer reporte se desprende que el presente año, en el que no hay elecciones, las cifras han bajado, pero de manera marginal. De enero a julio se registraron 126 asesinatos, 29 ataques armados y 22 secuestros, todos relacionados con actores o escenarios políticos. *** Las cifras, por supuesto, son menores a las del año pasado. Los asesinatos bajaron de 199 a 126, mientras que las amenazas en 2025 fueron 55 y este año apenas suman 16. *** Cinco entidades concentran más de la mitad (51%) de la violencia político-criminal registrada entre enero a julio de 2026: Sinaloa (13%), Guerrero (10%), Veracruz (10%), Oaxaca (9%) y Guanajuato (8%). *** Lo grave de todo esto es el nivel de impunidad. Veracruz ocupa la segunda posición en esas estadísticas y no parece haber voluntad para poner un freno… como si quisieran que se extendiera el miedo y que la sociedad no se animara a movilizarse.
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“A la gente lo que le importa, lo que necesita y lo que exige es que se le escuche, que se le atienda y que se le acompañe”.
Fueron palabras del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en Hermosillo, Sonora, el pasado fin de semana, durante la sesión de la Coordinadora Ciudadana de aquella entidad, evento del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Este sábado habrá un evento similar en Veracruz, en el que estarán presentes el fundador y gran impulsor de este proyecto político, el veracruzano Dante Delgado Rannauro, y el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.
No será un evento más. Hay quienes lo identifican como “la señal de arranque” rumbo al proceso electoral del 2027, en el que las posibilidades de triunfo del “movimiento naranja” en Veracruz han mostrado un crecimiento sostenido.
Frente a los recurrentes actos de acoso y persecución contra militantes de esa fuerza política, su dirigencia ha sido firme en sus reclamos, pero prudente en su actuar. Hay, sin embargo, quienes han confundido prudencia con sumisión, o congruencia con debilidad y están equivocados.
El encuentro de los liderazgos veracruzanos de MC este fin de semana permitirá tener un panorama más claro de lo que sucederá en las elecciones del próximo año. Ya hay mediciones que plantean -en principio- que Morena y sus aliados perderán buena parte de los distritos (tanto locales como federales) en disputa.
“Es probable que las fuerzas políticas que conforman la llamada cuarta transformación mantengan la mayoría en el Poder Legislativo, pero el margen será muy estrecho y un escenario en el que conserven la mayoría calificada, al menos en este momento, es impensable”, plantean analistas.
De ahí que Morena y sus aliados en Veracruz insistan en “invitar” mediante chantajes y propuestas malsanas, a los liderazgos regionales que encontraron en MC para transformar al estado. Más obras con el respaldo del estado y la federación, mayor seguridad con la presencia de las fuerzas armadas, gestiones efectivas y cercanía con los más alto niveles del poder, son el símil de la zanahoria. Si no caen en la tentación, entonces los grupos criminales y la fiscalía estatal actúan como “el garrote”.
Ya en el 2025 MC dio muestras de lo que puede hacer en Veracruz. Más de 600 mil votos convirtieron a la ola naranja en la segunda fuerza política de la entidad y -aún más importante- se demostró que Morena no es invencible, que la sociedad ya abrió los ojos y entendió que lo prometido en la última década no fue más que un espejismo.
En Sonora, Luis Donaldo Colosio advirtió que la ciudadanía no evalúa a los gobiernos por el número de escaños o por el color partidista, “sino por su capacidad para responder a asuntos como el acceso a una vivienda, el ingreso familiar, la posibilidad de cuidar a los hijos sin perder el empleo y la atención de las denuncias por delitos”.
En Veracruz ya lo están entendiendo y Movimiento Ciudadano se ha convertido en una opción sólida en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
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Epílogo.
El secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández ya hizo su propia auditoría forense para saber dónde quedaron los recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). *** El funcionario asegura que se configura el delito de “lavado de dinero” en el que estarían involucrados unos 280 millones de pesos. Sabe, además, quien fue la persona que creó ese esquema. *** Cuando le pidieron nombres, entonces sí aclaró que eso les toca a las fiscalías, tanto la federal como la de Veracruz, pues él “cumplió con presentar la denuncia”. *** De ahí se pasó a trazar la ruta del dinero: los recursos de la UPAV (los que le asignaba la administración estatal y los que recaudaba de las cuotas) eran manejado por una fundación, que a su vez los depositaba a las cuentas de una agencia inmobiliaria; de ahí eran transferidos a cuentas de otra agencia inmobiliaria para, finalmente, mandarlos a una agencia de publicidad. *** Era de ese último destino de donde salían los pagos para los maestros “solidarios”, aunque salían con el concepto de “trabajos de publicidad”.
