Por Miguel Ángel Cristiani
¿En qué momento negociar se volvió una simulación y el derecho laboral una concesión
caprichosa del patrón?
Lo ocurrido en la empresa Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), en el Puerto
de Veracruz, no es un conflicto más: es un síntoma claro de la degradación del diálogo
laboral en México, donde la ley existe, pero su cumplimiento se negocia como si fuera
favor y no obligación.
La huelga estallada a las 00:00 horas de este lunes, con las banderas rojinegras ondeando en
las instalaciones portuarias, no fue producto de la improvisación ni de la radicalización
sindical. Fue, simple y llanamente, la consecuencia de una cerrazón empresarial que
decidió dinamitar la mesa de negociación antes que reconocer derechos básicos
consagrados en la ley. Ocho violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo no son un error
administrativo: son una estrategia.
El dato es tan insultante como revelador. La empresa ofreció apenas 3 millones de pesos
para el reparto de utilidades, lo que equivale a unos 400 pesos por trabajador. La
Constitución y la Ley Federal del Trabajo son claras: el 10% de las utilidades debe
distribuirse entre los trabajadores. ¿Estamos ante una empresa que no genera ganancias o
ante una que maquilla sus cifras para evadir responsabilidades? La pregunta no es menor,
porque toca el nervio de la transparencia corporativa en México.
Pero si eso no bastara, la oferta salarial de la empresa —un incremento del 0.01% frente al
20% solicitado— no solo es insuficiente: es una provocación. En un contexto inflacionario
donde el poder adquisitivo se erosiona día con día, proponer un aumento simbólico raya en
el desprecio. No es negociación, es burla institucionalizada.
El impacto de esta huelga no es menor. Más de 1,200 trabajadores están involucrados
directa o indirectamente, y las operaciones portuarias ya resienten las consecuencias. La
paralización de maniobras afecta la salida de mercancías, como el caso de un embarque de
Tubos y Aceros de México (Tamsa), lo que pone en evidencia algo que el discurso oficial
suele olvidar: sin trabajadores no hay logística, no hay comercio, no hay economía.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá de CICE. Este conflicto revela una práctica
que persiste en diversos sectores: la simulación del cumplimiento laboral. Se firman
contratos colectivos que luego se incumplen, se establecen mesas de diálogo que terminan
en monólogos empresariales, y se recurre a tribunales que, aunque hoy más independientes,
siguen siendo la última trinchera de derechos que debieron respetarse desde el inicio.
El papel del Estado tampoco puede quedar al margen. Si bien un juez federal reconoció el
derecho a huelga, lo cierto es que la prevención del conflicto fue inexistente. La reforma
laboral de 2019 prometió un nuevo modelo de justicia laboral, más ágil, transparente y
equitativo. Casos como este obligan a preguntarse si esa promesa se está cumpliendo o si
seguimos atrapados en viejas inercias donde el poder económico pesa más que la ley.
No se trata de romantizar la huelga ni de idealizar al sindicalismo. Se trata de reconocer que
el equilibrio entre capital y trabajo es un pilar de cualquier democracia funcional. Cuando
ese equilibrio se rompe, lo que sigue no es solo un conflicto laboral, sino una fractura
social.
Porque al final del día, lo que está en juego no es un porcentaje salarial ni un monto de
utilidades: es la dignidad del trabajo.
Y cuando una empresa decide que cumplir la ley es opcional, lo que realmente está
declarando en huelga no es su operación, sino su compromiso
