DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
Norma Trujillo encabeza una dirección que predica cultura de paz hacia afuera y
ejerce violencia laboral hacia adentro.
Sus subalternos parecen realmente sus empleados y la padecen; los doctores José
Ramón Cossío y Marisol Luna la sufrieron en carne propia.
Hay instituciones que se venden mejor de lo que se comportan.
La Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana, a
cargo de Norma Trujillo, es un ejemplo doloroso de esa brecha entre el discurso y la
realidad.
Mientras sus boletines celebran la «cultura de paz» y los «Derechos Humanos»
proclamados en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2026, al interior de
esa misma dependencia los trabajadores enfrentan hostigamiento, discriminación y un
ambiente de miedo que desmiente, punto por punto, todo lo que la institución pregona.
Apenas ayer en este mismo espacio dimos cuenta que no es la primera vez que el
nombre de Norma Trujillo aparece ligado a conductas reñidas con el más elemental
profesionalismo, cortesia y sí, educación.
Periodistas de la propia comunidad universitaria han dado cuenta de cómo la titular de
Comunicación Universitaria ha hecho de la grosería y la vulgaridad herramientas de
gestión.
El caso de José Ramón Cossío y Marisol Luna no son anécdotas aisladas: son
síntomas de un estilo de dirección que confunde autoridad con prepotencia, y jerarquía
con impunidad.
Las formas —destempladas, despectivas, carentes de la más mínima cortesía
emulando a su jefe de Rectoría— revelaron a una funcionaria que no sólo ignora los
protocolos de convivencia profesional, sino que los desprecia abiertamente cuando
considera que su posición la exime de respetarlos.
Lo que resulta particularmente revelador es el contraste: la misma dirección que
distribuye comunicados sobre empatía, inclusión y buen trato, es la que protagoniza
incidentes vergonzosos con comunicadores que hacen su trabajo. Si la flamante
directora no es capaz de mantener las formas frente a destacadísimos investigadores
reconocidos a nivel nacional incluso internacional, difícilmente puede sorprender lo que
ocurre puertas adentro con su propio equipo.
Respaldada —o al menos tolerada— por Trujillo, Claudia Peralta Vázquez, jefa del
Departamento de Prensa, ha convertido los recursos institucionales en moneda de
cambio para premiar lealtades y castigar disidencias.
Durante la cobertura de la FILU 2026, el personal eventual del departamento
—reporteros, diseñadores, correctores— trabajó jornadas que excedieron las ocho
horas de rigor, sin claridad sobre los horarios, sin compensación económica por el
esfuerzo adicional y sin el apoyo básico que en administraciones anteriores se
otorgaba de manera uniforme a todo el equipo: alimentos y viáticos de transporte, poca
cosa, pero es algo.
El problema, precisan los trabajadores, no es la ausencia de presupuesto. Los recursos
existen y están aprobados. El problema es a quién decide Peralta entregar esos
recursos.
Mientras algunos empleados —los que ella considera afines o leales— reciben apoyos
y consideraciones especiales, otros deben pagar de su propio bolsillo los costos de
estar haciendo su trabajo. Vulgo, pagan por trabajar.
La misma jefa que omite apoyar a su equipo habría solicitado alimentos para ella sola
durante las jornadas más intensas de la FILU. Un gesto que, más allá de su anécdota,
condensa perfectamente la lógica que impera en el departamento: primero yo, después
yo y al final… yo.
Esta discrecionalidad no es inocente ni casual.
Es un mecanismo de control eficaz y perverso. Quien cuestiona, quien no se suma
incondicionalmente al grupo de los favoritos, quien simplemente hace su trabajo sin
rendirle pleitesía a la jefa, enfrenta exclusión, presión y —según denuncian varios
colaboradores— hasta actas administrativas levantadas con testigos seleccionados a
modo entre el personal cercano a la dirección. El mensaje es prístino: la lealtad se
compra con apoyos; la autonomía, se paga con marginación.
Es difícil no percibir la ironía brutal de este cuadro. En los mismos auditorios de la FILU
donde se discutió sobre Derechos Humanos, diálogo y erradicación de la violencia, los
trabajadores de la dependencia encargada de transmitir esos mensajes al mundo
vivían exactamente lo contrario. Empleados con contratos eventuales —es decir, con
menor protección laboral y mayor vulnerabilidad— sometidos a jornadas extenuantes,
trato desigual y la amenaza permanente de represalias si osan quejarse.
La Rectoría de martincito – en minúsculas, igual que él- que opera bajo una
conducción cuestionada presume en su plan de trabajo el compromiso con los
Derechos Humanos y la erradicación de la violencia.
Son palabras, mientras en la Dirección General de Comunicación Universitaria, la
violencia laboral tiene nombre, apellido y cargo. Y hasta ahora, completa impunidad.
Esta columna continuará dando seguimiento al caso. En próximas entregas,
testimonios, pruebas documentales y casos específicos de presunta violencia laboral al
interior del Departamento de Prensa de la UV.
Cuando las instituciones fallan en lo más básico —tratar con dignidad a quienes
trabajan para ellas—, el periodismo y quienes lo ejercemos, tenemos la obligación de
decirlo.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
