Sin tacto
Por Sergio González Levet
Como ha sucedido puntualmente desde que la maestra Delia González Cobos es
la Auditoria General, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
entregó por quinta vez en tiempo y forma “los Informes Individuales y el General
Ejecutivo de la Cuenta Pública”, esta vez correspondientes al ejercicio 2024.
Eso que se dice fácil implica que el Orfis auditó, revisó y evaluó el desempeño
presupuestal y administrativo de 310 entes fiscalizables, entre los que están los
212 ayuntamientos, las oficinas del gabinete estatal y los órganos
desconcentrados del Gobierno estatal.
Eso que se dice fácil significa también que desde el órgano fiscalizador se
realizaron 1,369 auditorías en diez meses y que para conseguirlo al menos 400
funcionarios especializados realizaron un trabajo acucioso y monumental. En esos
meses arduos, los auditores del Orfis recibieron, leyeron y cotejaron decenas de
miles de documentos, recibos, facturas, estudios, explicaciones y reportes, y
después volvieron a leerlos y cotejarlos para asegurar que las revisiones
estuvieron bien hechas.
De esos escrutinios laboriosos resultaron observaciones para 41 entes del
Gobierno estatal por 830 millones 868,023 pesos, para 174 ayuntamientos por
1,537 millones 550,416 pesos y para ocho entidades paramunicipales por 4
millones 449,156 pesos. La suma da un daño patrimonial observado por 2,372
millones 867,596 pesos.
Pero cuidado, porque se ha estado manejando esa cifra como si fuera el dinero
robado por los funcionarios de la administración de Cuitláhuac García Jiménez
durante el año pasado. Lo cierto es que los cuitlahuistas pudieron haberse
embolsado muchos millones más, tal vez muchos miles de millones más, pero las
auditorías solamente reportan lo que tienen que reportar (y no reportan lo que no
tienen que reportar, diría Gatell, el Doctor Muerte).
La función esencial del Orfis es vigilar que los recursos que recibieron las
dependencias fueron aplicados debidamente, y observar lo que sus auditores
encontraron sin que se solventara debidamente. Para quienes exigen que el
Órgano meta de inmediato a la cárcel a los responsables del daño patrimonial,
habría que precisarles que no es el Orfis sino la autoridad judicial la que debe
intervenir a los funcionarios corruptos.
Debemos entonces señalar que las auditorías fueron realizadas de manera
puntillosa, de modo que la ciudadanía pueda estar segura de que se investigó
minuciosamente el gasto público, y asegurarse también de que quienes se fueron
de la mano con los dineros públicos tendrán que devolver lo robado y serán
castigados como corresponde.
Y ahí entra el prestigio, la capacidad y la honestidad profesional de la maestra
Delia González Cobos.
sglevet@gmail.com
