Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Sucedió en Tabasco, pero en Veracruz se da el mismo escenario. *** La Fiscalía de aquella entidad consiguió la vinculación a proceso contra siete integrantes de la Unión Regional Ganadera de Tabasco y de la Unión Local Ganadera de Balancán. Se les acusa de asociación delictuosa, delitos contra la ganadería, falsificación de documentos y suplantación de identidad. *** Una investigación permitió descubrir que esas personas se dedicaban a la venta de “aretes” que emite el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). *** Los miembros de las agrupaciones ganaderas tenían entre sus responsabilidades la operación en las ventanillas autorizadas de SINIIGA. Otros de los detenidos permitían la colocación de los identificadores oficiales en semovientes sin contar con la autorización. *** Este entramado criminal se dio entre noviembre de 2022 y junio del 2023 y fue hasta el 17 de julio de este año cuando se descubrió el fraude. *** Una vez que se percataron de que los habían detectado, todos los involucrados promovieron amparos, lo que evitó que se fueran detenidos. De los ocho sujetos vinculados, cuatro aún no han podido ser procesados. *** La investigación arrojó que los líderes de las uniones ganaderas robaron identidades y falsificaron documentos para autorizar la comercialización de al menos dos mil 805 aretes identificadores para ganado bovino y expidieron 25 guías de tránsito para poder mover el ganado. *** Lo que las autoridades descubrieron en Tabasco es el modus operandi de quienes se dedican a la introducción ilegal de ganado procedente de Centroamérica, que se distribuye por todo el país y que incluso se exportaba a Estados Unidos como “ganado mexicano”, antes de que fuera cerrada la frontera. *** En Veracruz se opera de la misma manera. Los líderes que controlan las uniones y asociaciones ganaderas les niegan a los pequeños propietarios los aretes para comercializar su ganado, acaparan esos identificadores y se los venden a las grandes empresas como Sukarne y a las engordadoras de ganado de San Luis Potosí como Gusi o Praderas Huastecas. *** Los encargados de transportar el ganado mencionan que a las reses que llegan a Querétaro y a México les quitan el arete para volverlo a utilizar. *** Para que todo esto se pueda dar, tiene que haber complicidad de funcionarios estatales en materia de ganadería. Ya aquí los hemos señalado y se los vamos a recordar.
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Y finalmente Rocío Nahle se quitó la máscara, mostró su verdadero rostro; ese carácter autoritario, ese trato déspota, esa inclinación a gritar y sobajar a todo aquel que se atreve a contradecirla.
Rocío Nahle asume que Andrés Manuel López Obrador le regaló el estado de Veracruz, que ella es “la jefa” y que, por lo tanto, nadie puede pesar más que ella misma.
Apenas el año pasado una agrupación política le demostró que su fuerza electoral era ficticia, que la voluntad de los veracruzanos no estaba con ella. Montó en cólera y se impuso como objetivo “borrar de Veracruz” todo aquello que esté relacionado con el partido naranja, con Movimiento Ciudadano (MC).
La primera medida fue arrebatarle un par de triunfos (Poza Rica y Papantla) de la forma más descarada: urnas abiertas, votos “planchados”, boletas anuladas mediante el cruce de una segunda opción, con la complicidad del órgano electoral y de los tribunales.
El siguiente paso fue “convencer” a los alcaldes electos de que “lo que más les convenía” era brincar a Morena, o de lo contrario “no podrían garantizar su seguridad, ni la de sus familias”.
La tercera etapa fue mostrarles la zanahoria: “si te pasas a Morena, tu municipio tendrá obras y un apoyo sin precedentes”.
Ya los que aguantaron todas esas andanadas es porque no los iban a convencer y tocaba demostrarle “quién manda en el estado”.
Para estas acciones extremas tomaron como “plan piloto” al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. Capturaron a un comandante y tres elementos de la policía municipal y los vincularon con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Al principio pretendieron exhibir que el alcalde tenía a “delincuentes” con uniforme de policía, pero les aclaró que todos ellos habían sido sometidos -y habían aprobado- a los exámenes de control y confianza que les aplicó el Consejo de Seguridad.
De manera paralela, para ir desplazando al alcalde, llegaron hasta ese apartado municipio la secretaria de Desarrollo Social del Estado (Margarita Santopietro) y la subsecretaria de esa misma dependencia (Eusebia Cortez) para entregar una silla de ruedas. El alcalde fue informado de la presencia de tan altas autoridades del estado y acudió al sitio para aclarar que dicho apoyo había sido gestionado por el ayuntamiento a su cargo. El encuentro terminó mal, con gritos, groserías y amenazas.
Luego le sacaron a relucir que no había entregado al Congreso su Plan Municipal de Desarrollo y con ese argumento pretendieron desaforarlo. Alguien les hizo notar que otros alcaldes -algunos de Morena- habían incurrido en la misma falta y ni siquiera les habían llamado la atención.
Se les agotó la paciencia. Dejaron de pensar en resorteras y sacaron el cañón.
En el Congreso local trascendió que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el desafuero de Raúl González Martínez, a quien se le inició una carpeta de investigación “por su probable participación en la desaparición y muerte de la periodista Roxana Guzmán”.
Como en los tiempos del aliado de Rocío Nahle -Éric Cisneros- en la Fiscalía se encontraron un “testigo protegido” que dijo haber “escuchado” cuando el alcalde hablaba con “un jefe criminal” y le ordenaba la ejecución de Roxana “porque ella tenía en su poder una fotografía del alcalde portando un arma de alto poder”.
Ya, aprovechando el viaje, la Fiscalía pidió la declaración de procedencia contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también de Movimiento Ciudadano.
La estrategia es burda y muy manoseada. Fue así como mantuvieron en la cárcel durante años a Rogelio Franco, a Tito Delfín y a todo aquel que representara para la “cuatro te” el riesgo de perder el poder.
Se sabe que hay otros actores políticos que son señalados como “un riesgo” para el proyecto electoral de Morena, a los que también les están “armando sus expedientes” para sacarlos del camino.
Rocío Nahle no termina de entender: los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
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Epílogo.
La celeridad con la que han actuado la Fiscalía de Veracruz y el Congreso local en las solicitudes de desafuero de alcaldes de MC, deberán aplicar contra el alcalde de Cosamaloapan, Jorge Alberto Villegas Cázares, contra quien se prepara una denuncia penal por proteger a los homicidas de Rafael Rendón Martínez. *** Este jueves será presentada la denuncia por parte de los familiares de la víctima, en la que se exige el castigo para los responsables materiales del crimen y para los servidores públicos que intentaron frenar la acción de la justicia. *** Ahí se verá si de verdad en Veracruz la justicia “no distingue colores”.
