CONTRASEÑAS
Miguel Valera
- La Auditoría Superior de la Federación le ha pedido solventar $88 millones 297
mil 577.66 pesos de 2022 y 2024. - ¿Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas? En el Artículo 78 exige:
destitución del empleo, sanciones económicas e inhabilitación temporal de 1 a 10
años.
Miguel Valera
Ha trascendido que el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEFIPLAN,
Eric Domínguez Vázquez, se perfila para asumir la titularidad del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz este jueves 27 de agosto. El
acuerdo, nos comenta una fuente bien enterada, se tomó en un edificio de la
calle Francisco González Bocanegra en SIPEH Ánimas, de Xalapa.
Ahí, el anfitrión, Juan Javier Gómez Cazarín, delegado de los programas de
Bienestar, le propuso a la maestra Delia González Cobos, que la mejor carta era
el subsecretario Eric Domínguez Vázquez. El secretario de Finanzas de
Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández, estuvo de acuerdo y dispuesto a
impulsarlo. Así se lo propusieron a la gobernadora Rocío Nahle García el domingo
22 de agosto en el puerto de Veracruz, luego de una reunión de trabajo con la
presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.
La mandataria, nos cuenta un testigo de los hechos, los escuchó con atención,
aceptando aparentemente la propuesta, aunque con ademanes neutros. “Fueron
muy hábiles en el planteamiento” —me dice la fuente—. “Será aliado al cien por
ciento de nuestros aliados”, le dijo don Juan Javier Gómez Cazarín, el hombre
que desde el piso 25 de la Torre Mayor JB, en Xalapa, mueve los hilos de más de
20 despachos de auditores con los que “opera” servicios de saneamiento
administrativo.
Más allá de las especulaciones, uno de los deportes favoritos de los veracruzanos,
lo cierto es que los datos duros que saltan a la vista es que de acuerdo con el
Sistema Público de Consultas de la Auditoría Superior de la Federación, Eric
Domínguez Vázquez —con una mano en SEFIPLAN, otra en el ORFIS y un pie en el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa— cuando fue alcalde de Papantla, en
2022 le hicieron dos observaciones por un total de $31 millones 302 mil 321.14
pesos, que de acuerdo con el sistema público de consultas de auditorías de la
Auditoría Superior de la Federación, están en la Dirección General de
Investigación porque no solventó las observaciones.
Además, del 2024 tiene el monto total observado de $56 millones 995 mil 256.52
pesos, que de acuerdo a lo que dice el sistema público de consultas están en
seguimiento.
El monto total observado del 2022 y 2024, que no ha podido solventar, es de $88
millones 297 mil 577.66 pesos. A pesar de dictámenes y legajos y legajos de
observaciones, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(ORFIS) que preside la maestra Delia González Cobos no ha tocado al funcionario
ni con el pétalo de una rosa.
En la Auditoría de Cumplimiento 2022-D-30124-19-1984-2023 del Gasto
Federalizado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se indica en el punto 4
que “El Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó pagos con
recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2022, sin presentar la documentación que
acredite que dichos recursos se pagaron dentro de los plazos establecidos en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que
de acuerdo con los estados de cuenta bancarios se determinaron pagos durante
el periodo de abril a octubre de 2023 por 26,305.7 miles de pesos, en
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, artículo 17 en relación con el 21, párrafo primero; y del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, numeral 2.2.2.2, párrafo segundo”.
Y en el pliego de observaciones queda claro que “se presume un probable daño o
perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26,305,739.58
pesos (veintiséis millones trescientos cinco mil setecientos treinta y nueve pesos
58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2022,
durante el periodo de abril a octubre de 2023, sin presentar la documentación
que acredite que estos recursos se pagaron dentro de los plazos establecidos en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, artículo 17 en relación con el 21, párrafo primero y del Acuerdo
por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, numeral 2.2.2.2, párrafo segundo”.
Las irregularidades en el gobierno municipal del actual subsecretario de
Finanzas, Eric Domínguez Aguilar están más que documentadas y no ha sucedido
nada en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y
ya veremos qué ocurre cuando las observaciones lleguen al Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 78 indica que
“las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos,
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves,
consistirán en: I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; II. Destitución del
empleo, cargo o comisión; III. Sanción económica, y IV. Inhabilitación temporal
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”.
“A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las
sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo
a la gravedad de la Falta administrativa grave. La suspensión del empleo, cargo o
comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales”.
“En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años
si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez
a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a
un año de inhabilitación”.
Esto no ha sucedido con el buen Eric Domínguez Aguilar y por lo que se ve,
como dijera don Teofilito, ni sucederá. El personaje de marras, orondo, sin
rendir cuentas por sus averías, se perfila ya para sentarse en la silla del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, como personaje de la Ley de
Herodes, para administrar a discreción, el patrimonio de los entes públicos
veracruzanos.
¿Y si una vez llegado al cargo, la Auditoría Superior de la Federación que preside
Aureliano Hernández Palacios Cardel decide proceder contra el personaje,
¿destituirlo e iniciar proceso penal? En las arenas movedizas de la política todo es
posible. Y no se dudaría que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para
dar un manotazo de respeto, actúe, instruyendo, para que sea la federación
quien tenga el control de este ente fiscalizador estatal. ¡Esto sí sería un
verdadero desastre! Pero, como dicen los clásicos, todo, al tiempo.
@MValeraH
