APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“Todo sigue igual en Palacio,
AMLO y Beatriz ahí despachan”
Elena Chávez, periodista
Todos aquellos que vendieron “espejitos” y simularon su apoyo y respaldo a
Morena en el pasado proceso electoral de relevo de presidentes municipales, así
como en la elección de los jueces, ministros y magistrados, tendrán tarde que
temprano que pagar las consecuencias del juego sucio en el que volvieron a caer
con tal de perjudicar al actual gobierno con el que no coinciden porque no los
dejan hacer de las suyas (negocios) a como los acostumbró la administración
anterior.
En cambio, quienes desde su “trinchera” han venido apoyando las acciones de la
gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, seguirán trabajando en buscar un
mejor rumbo para Veracruz.
Verbigracia: El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso del Estado de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, quien
sin tantas poses ha privilegiado el diálogo con el fin de dar cumplimiento a la
agenda legislativa respondiendo al compromiso con las causas sociales.
Desde el Congreso de Veracruz, junto con el resto de los legisladores, el diputado
Bautista Hernández ha impulsado constantes iniciativas que atienden desde los
sectores más vulnerables, hasta con las comunidades indígenas, entre otros
grupos.
Su cercanía con el pueblo se ha visto reflejada en los Miércoles Ciudadanos,
donde recibe a la ciudadanía que quiere hacer todo tipo de gestión y que vienen
desde Pánuco en el norte y desde Las Choapas, colindante con Tabasco. Y
obviamente no recibe a quienes con el disfraz de comunicadores lo tratan de
sorprender porque de eso viven y es que les ha dado resultado con otros actores
políticos como con Javier Duarte, con Juan Javier Gómez Casarín, actual
delegado del Bienestar y antipático abejorro quien se da el lujo de pagar hasta
sesenta mensuales a sus balines francotiradores.
Hay que recordar que para el presidente de la Jucopo la justicia social ha sido su
bandera. 37 años de lucha social lo han convertido en el presidente de la Jucopo.
Siempre de la izquierda.
En los inicios de su carrera política caminó junto a don Heberto Castillo. Conoce a
la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle desde hace 24 años cuando empezó
con la lucha por la soberanía nacional vía Pemex. Cuenta con el apoyo y respaldo
de sus compañeros legisladores que han reconocido su trabajo y valoran su
integridad, compromiso y resultados concretos.
En estos primeros meses del trabajo legislativo ya ha marcado una diferencia
positiva en la vida política del estado.
Se acrecienta la violencia en Veracruz
Fueron reveladas las imágenes del enfrentamiento a balazos que se registró en
Acayucan entre un empresario transportista del sur del estado de Veracruz y
delincuentes que pretendían asesinarlo.
El hecho se registró el fin de semana y, de acuerdo con las primeras
investigaciones, el ataque se derivó del presunto cobro de piso o extorsión, al que
el empresario se ha negado a pagar.
En un video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo llegan al menos
10 hombres con armas largas y cortas, portando chalecos antibalas y algunos
cubriéndose el rostro, al domicilio del empresario José María, en el municipio de
Acayucan.
Se trasladaban en camionetas blancas y se detuvieron frente a la vivienda.
Se sabe que el empresario se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en la
colonia Miguel Alemán, donde se percató de la presencia de los delincuentes,
quienes intentaron ingresar.
En el video se observa cómo, al momento en que unos cruzan el portón, otros
disparan contra la fachada, lo que es aprovechado por al menos tres sujetos para
entrar a la casa.
Sin embargo, a los pocos segundos, los delincuentes retroceden, pues el
empresario repele la agresión y comienza un enfrentamiento que duró poco más
de un minuto.
Al ver que no podían ingresar ni lograr su cometido, los delincuentes se retiraron
del lugar antes del arribo de las corporaciones policiales.
A los pocos minutos arribaron elementos de la Guardia Nacional y policías
estatales, quienes comenzaron la búsqueda de los agresores, pero no dieron con
ellos.
Además, resguardaron al empresario, quien en esta ocasión logró salvar la vida
nuevamente.
Se sabe que, en varias ocasiones, el empresario fue amenazado por presuntos
grupos delictivos, quienes le exigen el pago de derecho de piso, a lo que este se
ha rehusado.
Celebra Manuel Huerta el proceso electoral
Manuel Huerta, senador, celebró que el pueblo de Veracruz se haya expresado
democráticamente, a pesar de los eventos de violencia y abstencionismo, en las
votaciones del domingo 1 de junio, en donde se eligieron personas juzgadoras
federales, además de elecciones en la totalidad de ayuntamientos en la entidad.
“Ahora los que llegan a gobernar, tienen un tramo de aquí a la toma de posesión
para preparar buenos gobiernos, con soluciones para el pueblo”. Entre ellos el
desmontar los modelos de gobiernos privatizadores de los servicios públicos,
como el de los municipios de Orizaba y de Veracruz, los cuales se han vuelto
“negocios de los que mal gobiernan y en donde no comparto la insensibilidad
social que han demostrado las autoridades”, destacó.
Con relación a los saldos de la elección para MORENA, señaló que el tema del
nepotismo y cacicazgo dejó de ser preocupación. Puso como ejemplo “el caso de
Zongolica, donde se demostró cómo se manifestaron los sectores de la
delincuencia organizada apoyando una candidatura”.
Sobre este particular, agregó, “el partido seguramente va a reflexionar. No tengo la
menor duda que militantes, dirigentes, incluido yo mismo. Más allá de reclamar
mis derechos, creo que hace falta un debate franco al interior de las instancias del
partido para lograr la unidad, en el marco de la unidad con el pueblo, que es lo que
creo que es fundamental”, advirtió.
Agenda legislativa para el periodo extraordinario.
Ante la proximidad del periodo extraordinario de sesiones en el Senado, dijo que
este podría tener unos 10 días de duración, y en donde se abordarán, en
Comisiones legislativas, los temas de radiodifusión y telecomunicaciones, en
particular después de la celebración de los conversatorios llevados a cabo en el
Senado; trámites burocráticos, de la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE), temas inherentes a seguridad, así como en materia del
poder judicial, cuyo acento ahora está centrado en los cómputos de la nueva
composición del Poder Judicial, en sus diferentes órganos de impartición de
justicia, además del Tribunal de Disciplina, entre otros.
Respecto de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
especto, destacó la llegada del primer mexicano proveniente de un pueblo
originario, Hugo Aguilar Ortiz. “Ahora un indígena presidirá la Suprema Corte, de
los pueblos más olvidados, los más vulnerables, con los que han tenido que
hacerse planes de justicia. Justamente él trabajó mucho en eso en la
administración pasada, no nada más como parte del gobierno, sino como miembro
de un movimiento que ha hecho estas reivindicaciones”, resaltó el Senador del
Pueblo.
“Celebro que los compañeros que representan directamente a las comunidades
indígenas y afromexicanas estén presentes y en papeles protagónicos, porque
creo que esas comunidades le han aportado mucho al país”.
Layda Sansores da el primer paso de la dictadura
En un fallo que podría tener amplias repercusiones para la libertad de prensa en
México, una jueza de control vinculó a proceso penal a un periodista y ordenó el
cierre de un medio digital, luego de considerar que se habrían cometido delitos de
incitación al odio y a la violencia contra una funcionaria pública.
Según reportó el diario La Jornada, la jueza Guadalupe Martínez Taboada resolvió
procesar al periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años, exdirector del
medio digital Tribuna, por publicaciones dirigidas contra la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores. La audiencia, que se extendió por más de 12 horas,
culminó con una resolución sin precedentes en la que también se le prohibió al
comunicador ejercer su labor mientras esté vigente el proceso judicial.
Publicidad
De acuerdo con los registros judiciales, la jueza ordenó además el cierre de la
plataforma Tribuna y la vinculación a proceso de Isidro Yerbes, representante legal
de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio. Los presuntos
delitos se relacionan con la publicación de materiales considerados como
incitadores de violencia en contra de una figura pública.
Los acusados han rechazado las imputaciones y afirman que el caso representa
una amenaza directa contra el periodismo independiente. “Esta decisión sienta un
ominoso precedente para todos los que ejercemos el periodismo fuera de las
estructuras oficiales”, dijo una fuente cercana al equipo legal de González Valdez,
que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Aunque el caso gira en torno a una figura política estatal, especialistas en derecho
constitucional y libertad de expresión lo ven como parte de una tendencia
creciente en México, donde el poder judicial es utilizado para sancionar o inhibir
voces críticas. “Lo preocupante aquí no es solo el cierre de un medio, sino la señal
que se manda al resto de la prensa: la crítica puede costarte la carrera o incluso la
libertad”, explicó a Los Ángeles Press un académico de la UNAM con experiencia
en litigios de derechos humanos.
La Fiscalía del Estado de Campeche no ha hecho públicos los elementos de
prueba que sostienen la acusación. Tampoco se han revelado detalles sobre las
publicaciones específicas que habrían motivado la acción judicial, lo que ha
generado mayor inquietud entre organismos defensores de la libertad de prensa,
tanto nacionales como internacionales.
Publicidad
Los Ángeles Press solicitó comentarios a la oficina de la gobernadora Layda
Sansores y al Poder Judicial del estado, pero hasta el cierre de esta edición no
hubo respuesta.
El caso subraya la fragilidad de las garantías para el ejercicio periodístico en un
país donde, según organizaciones como Artículo 19, ejercer el periodismo sigue
siendo una actividad de alto riesgo. La decisión judicial podría escalar a tribunales
federales o incluso internacionales, en medio de un debate cada vez más intenso
sobre los límites entre la crítica política y el discurso sancionable.
En sus publicaciones, González Valdez calificó el gobierno de Layda Sansores de
autoritario y cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los recursos
públicos. Señaló la existencia de presuntas irregularidades en procesos de
contratación, licitaciones y la administración de fondos estatales, acusaciones que
incomodaron también a la gobernadora.
Además, el periodista denunció lo que consideraba una estrategia sistemática de
persecución política. Acusó al gobierno de Sansores de utilizar instrumentos
legales y administrativos para silenciar voces críticas, incluyendo presiones
directas contra medios independientes y periodistas, lo que —según dijo—
reflejaba una política de intolerancia frente al disenso.
Publicidad
Voces locales señalaron también las acciones de la gobernadora contra González
Valdez: «Le quitó el periódico Tribuna, le quitó el programa Expediente donde él
decía la verdad de los malos manejos, corruptelas; lo secuestró, lo esposó; le
pegaron cinco policías; lo encerraron, y hasta lo llevaron al hospital con
marcapasos por padecer del corazón, y ahora él denunció y lo jueces de la
gobernadora le dan la razón a ella… ésa es la justicia en Campeche»
