AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Cada fin de mes, más de 37 mil familias veracruzanas esperan un depósito que representa
mucho más que un ingreso. Para miles de maestros, médicos, policías, trabajadores
administrativos y servidores públicos retirados, la pensión significa la certeza de poder
comprar medicamentos, cubrir los gastos del hogar o vivir con la tranquilidad que ofrece el
reconocimiento a toda una vida de trabajo.
Sin embargo, detrás de ese depósito puntual existe una pregunta que pocas veces forma
parte de la conversación pública: ¿cómo garantizar que un sistema de pensiones pueda
seguir cumpliendo con ese compromiso no sólo hoy, sino también dentro de 20 o 30 años?
Ésa es la verdadera discusión.
Con frecuencia, el debate sobre las pensiones se concentra en cuánto recibirá una persona al
concluir su vida laboral. Es una preocupación legítima, ya que después de décadas de
servicio, cualquiera espera contar con un ingreso digno. Pero si el análisis termina ahí,
dejamos fuera un elemento indispensable: la capacidad del sistema para sostener ese
derecho en el tiempo.
Y esa capacidad enfrenta hoy uno de los mayores desafíos del siglo XXI.
Los sistemas pensionarios de prácticamente todo el mundo atraviesan presiones crecientes.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
la esperanza de vida en sus países miembros pasó de alrededor de 70 años en 1970 a más de
80 años en la actualidad. Esto significa que las personas permanecen pensionadas durante
más tiempo. Paralelamente, la relación entre trabajadores activos y personas jubiladas ha
disminuido de forma constante. En muchos países, donde hace algunas décadas existían
cinco trabajadores por cada pensionista, hoy la proporción es inferior a tres.
En otras palabras, vivimos más años y, al mismo tiempo, cada vez son menos las personas
que sostienen financieramente los sistemas de pensiones. México tampoco escapa a esta
realidad.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la esperanza de vida en
nuestro país pasó de 61 años en 1970 a más de 75 años en la actualidad. Mientras tanto, la
población mayor de 60 años se ha duplicado en apenas tres décadas y continuará creciendo
durante los próximos años. El envejecimiento de la población ya no es una proyección
estadística; es una realidad que modifica profundamente la manera en que deben
administrarse los sistemas de seguridad social.
Por esa razón, durante las últimas décadas numerosos países y gobiernos han revisado sus
esquemas pensionarios. No porque las pensiones hayan dejado de ser un derecho, sino
porque los compromisos financieros crecen a un ritmo mayor que los ingresos que los
respaldan.
En este contexto conviene recordar que no todos los sistemas de pensiones funcionan bajo
la misma lógica.
Los esquemas de cuentas individuales descansan, principalmente, en el ahorro de cada
trabajador. La pensión dependerá de las aportaciones realizadas durante su vida laboral y de
los rendimientos obtenidos por esos recursos. En cambio, los sistemas solidarios parten de
un principio diferente. En ellos, las cuotas y aportaciones de las personas trabajadoras,
junto con las contribuciones de los entes públicos, el patrimonio institucional y otros
mecanismos de financiamiento previstos por la ley, sostienen un fondo común destinado a
garantizar el pago de las pensiones. Su mayor fortaleza es la solidaridad entre generaciones.
Pero precisamente por ello también requieren responsabilidad, porque un sistema solidario
sólo puede mantenerse cuando existe una relación razonable entre los recursos que recibe y
las obligaciones que debe cubrir durante décadas. Cuando ese equilibrio se rompe, el
problema no suele manifestarse de inmediato; comienza a acumularse silenciosamente
hasta convertirse en una carga que termina trasladándose a las generaciones futuras.
Ese desafío adquiere una dimensión muy concreta en Veracruz. De acuerdo con el Informe
Anual de Actividades 2025 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el sistema atiende
actualmente a más de 37 mil pensionistas y jubilados, mientras que alrededor de 98 mil
trabajadores activos sostienen el fondo solidario. Esto significa que existen
aproximadamente 2.6 trabajadores activos por cada pensionista, una relación que ha
disminuido con el paso del tiempo y que refleja las mismas tendencias demográficas
observadas en otros sistemas pensionarios.
La dimensión financiera también resulta ilustrativa. Cada mes, el IPE destina alrededor de
800 millones de pesos para cubrir oportunamente el pago de las pensiones. Al año, ello
representa más de 10 mil millones de pesos, una cifra que permite dimensionar la magnitud
del compromiso que el sistema asume con miles de familias veracruzanas.
Pero pagar puntualmente no basta. Un sistema de pensiones también debe prepararse para
continuar cumpliendo dentro de 10, 20 o 30 años.
Por esa razón, además de administrar la nómina pensionaria, el IPE fortalece los elementos
que respaldan su sostenibilidad financiera. El Informe Anual 2025 reporta un patrimonio
institucional superior a 6 mil 193 millones de pesos y una Reserva Técnica histórica de 3
mil 211 millones de pesos, activos que no representan recursos ociosos, sino el respaldo
financiero que permite enfrentar obligaciones futuras.
En ese mismo sentido, las cuotas y aportaciones constituyen una fuente esencial de
financiamiento, pero no la única. La recuperación de adeudos históricos, los rendimientos
financieros, la administración del patrimonio inmobiliario y el fortalecimiento de los
procesos de cobranza forman parte de una estrategia orientada a preservar el equilibrio del
sistema. Porque la sostenibilidad no depende de una sola decisión, sino de muchas acciones
que, en conjunto, buscan proteger la capacidad financiera del Instituto.
Durante décadas, diversos regímenes pensionarios calcularon las pensiones considerando
principalmente el salario de los últimos años de servicio. Aquellas reglas respondían a un
contexto muy distinto al actual, caracterizado por una menor esperanza de vida, una mayor
proporción de trabajadores activos y menores presiones financieras sobre los sistemas de
retiro. Pero, con los años, ese contexto cambió.
En algunos casos, personas que durante gran parte de su vida laboral cotizaron sobre
percepciones menores concluían su carrera con jugosos incrementos salariales. Cuando la
pensión se determinaba únicamente con esos ingresos finales, el compromiso financiero
que asumía el sistema podía superar significativamente el nivel de las contribuciones
realizadas durante décadas.
No se trata de cuestionar derechos adquiridos ni de juzgar las reglas que respondieron a otra
realidad demográfica y económica, sino de reconocer que los sistemas pensionarios, como
cualquier política pública de largo plazo, deben adaptarse a los cambios de la sociedad para
preservar su viabilidad.
Por ello, las reformas emprendidas en distintos países durante las últimas décadas han
buscado fortalecer un principio fundamental: que exista una correspondencia razonable
entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y las prestaciones que el sistema
está llamado a pagar durante muchos años. Ese principio no pretende reducir derechos, sino
garantizar que puedan seguir ejerciéndose.
En Veracruz, esa discusión adquiere especial relevancia. El IPE administra uno de los
sistemas solidarios más importantes del país que debe cumplir puntualmente con
obligaciones que superan los 10 mil millones de pesos anuales y que se extenderán durante
las próximas décadas.
Fortalecer la recaudación de cuotas, recuperar adeudos, incrementar los rendimientos
financieros, consolidar la Reserva Técnica y administrar responsablemente el patrimonio
institucional no son objetivos aislados. Son decisiones orientadas a preservar la capacidad
del sistema para cumplir con los que hoy reciben una pensión y con quienes también habrán
de recibirla. Porque una pensión es mucho más que un ingreso mensual. Representa una
promesa que la sociedad hace a quienes dedicaron su vida como servidores públicos. Y,
como toda promesa, sólo conserva su valor cuando existen las condiciones para cumplirla.
Por eso, la verdadera discusión no consiste únicamente en cuánto puede pagar un sistema
de pensiones hoy, sino en qué decisiones deben tomarse para garantizar que esa promesa
permanezca vigente en las siguientes décadas.
La sostenibilidad financiera no es un concepto administrativo, es la forma más responsable
de proteger el derecho de las generaciones presentes sin comprometer el de las futuras.
