Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Y de pronto, en la Ciudad de México decidieron tomarse un respiro, hacer una
pausa, en la presentación de los acuerdos para definir los candidatos de Morena a
las alcaldías de Veracruz. *** ¿La causa? Las fuertes presiones que están
recibiendo los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, pues en cada
decisión confluyen -y chocan- los intereses de poderosos actores políticos. *** No
sólo les llegó “la lista” de Rocío Nahle. Adán Augusto López, Ricardo Monreal,
Manuel Velasco, Javier Herrera y el propio Andrés López Beltrán traían “otros
datos”. *** Esta misma semana (quizá este miércoles) deberán salir nuevos
acuerdos, aplicando aquella regla no escrita que se aplicaba para los exámenes
de conocimientos: “resuelve primero las preguntas sencillas y deja para el final
aquellas en la que te atores”. *** Lo primero que han entendido en la capital del
país, es que en los municipios en los que ya se anunciaron a los que serán
candidatos, no les ofrecieron ninguna alternativa a los descartados, lo que ha
hecho crecer el descontento y puede generar un numeroso voto de castigo en el
proceso electoral. *** De pronto hay quienes pierden de vista que son un partido
político (por más que ellos se quieran presentar como “movimiento”) y que tienen
que abrir la baraja para que todas las expresiones al interior de Morena sean
consideradas. *** De no hacerlo así, el declive de esa fuerza política llegará más
pronto de lo calculado.
Angélica Sánchez es una abogada ejemplar. Gracias a su esfuerzo personal y a
su permanente capacitación, consiguió una posición como juez en el Poder
Judicial de Veracruz, pero cometió el “desatino” de emitir una resolución en
sentido contrario a los intereses del gobierno del estado.
En atención a la disposición de un juzgado de Distrito, Angélica Sánchez, en su
papel de jueza de control, dispuso la liberación de Itiel Palacios, al que la Fiscalía
de Veracruz capturó y quien en ese entonces fungía como “vocero”, Cuitláhuac
García, acusaba de formar parte de una organización criminal.
Le atribuyeron el sobrenombre de “Compa Playa” y le imputaron, primero, la
autoría material del homicidio del diputado local Juan Carlos Molina. Más tarde,
cuando se les agotaron los argumentos y no pudieron comprobar su participación
en ese ilícito, en el momento en que abandonaba la prisión, lo volvieron a capturar
y le acusaron de un doble homicidio ocurrido en Playa Vicente, de donde es
originario.
Nuevo proceso, más irregularidades de la Fiscalía y un tribunal colegiado ordenó
que la jueza Angélica Sánchez desestimara buena parte de los argumentos
presentados por la Fiscalía y volviera a emitir una resolución. Sin mayores
argumentos de la parte acusadora, la jueza dispuso que el detenido fuera puesto
en libertad.
Fue en ese momento en el que se percató que se estaba dilatando el
cumplimiento de su sentencia, con el evidente fin de dar a la Fiscalía de Veracruz
el tiempo suficiente para armar una nueva carpeta contra el detenido y
recapturarlo al momento de cumplir la orden de libertad.
Su reclamo tuvo consecuencias. La magistrada presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, le reclamó su postura y le pidió
explicaciones por haber tomado la decisión de liberar al detenido sin informarle a
ella, lo que -por supuesto- no era su obligación.
De inmediato la magistrada tomó medidas en su contra. Le inició un proceso por
“delitos contra la fe pública” y “tráfico de influencias”, a la vez que se le abrió un
expediente administrativo para sancionarla.
Angélica Sánchez recurrió al amparo para defenderse de acoso del que estaba
siendo víctima, pero el juzgado de distrito le negó ese derecho.
Llevó su caso a una nueva instancia y ya obtuvo resultados.
Un Tribunal Colegiado revocó la sentencia mediante la cual se desechó su
solicitud de amparo, por lo que el juez federal está obligado a analizar el caso a
fondo.
Con esta resolución, el Juzgado de Distrito está obligado a admitir su demanda de
amparo, lo que abre la posibilidad de que recupere su cargo en el Poder Judicial
veracruzano.
En su demanda, Angélica Sánchez argumentó que la decisión del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial de Veracruz de concluir su adscripción carecía de
sustento legal, señalando que en la resolución “no existe una certeza legal del
supuesto acuerdo realizado en sesión extraordinaria de fecha 22 de junio de
2023”, lo que vulneró sus derechos.
El Juzgado Decimoquinto de Distrito desechó inicialmente la demanda al
considerar que el Consejo de la Judicatura no era una autoridad para efectos del
amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado revocó esa decisión al determinar que
los jueces no pueden ser considerados trabajadores bajo un esquema de
subordinación laboral, lo que obliga a revisar si la separación del cargo de
Sánchez se apegó a la ley.
Apenas la semana pasada, el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García subió
un comentario a sus redes sociales en el que celebró la expulsión (no extradición)
de Itiel Palacios a Estados Unidos y sostuvo que su administración tenía razón al
considerarlo un narcotraficante.
“Finalmente, el tiempo nos dio la razón: Itiel Palacios, alias el ‘Compa Playa’, fue
extraditado por ser un narcotraficante. Felicito a la fiscal Verónica Hernández
Giadáns por haberse sostenido en las diversas imputaciones que hizo contra dicho
delincuente, a pesar de que jueces federales y una jueza local (Angélica Sánchez)
hicieron todo tipo de malabares judiciales para intentar liberar a dicho
narcotraficante”.
En efecto, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ubicó (sin una sentencia que así
lo confirmara) como un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y lo incluyó
en el “tributo” de 29 presuntos criminales que el gobierno de México envió, sin
acuerdo alguno, sin respetar amparos vigentes, a Estados Unidos.
Itiel Palacios está hoy en manos de la justicia estadunidense; Cuitláhuac García
vive refugiado en una oscura oficina del gobierno federal; Lisbeth Aurelia Jiménez
inició desde su ventajosa posición, una campaña para reelegirse al frente del
Poder Judicial, y Verónica Hernández cuenta sus últimos días al frente de la
Fiscalía.
Es un buen momento para retomar el caso de Angélica Sánchez y que se exhiban
los abusos cometidos desde el poder en Veracruz.
Epílogo.
La maestra Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior
(Orfis), no cayó en el garlito. Fue abordada por la prensa en su visita al Congreso
de Veracruz y cuestionada sobre el monto de su salario y si éste era superior al de
la gobernadora. *** Con calma, sin perder en ningún momento la sonrisa, la
auditora general les explicó que, en la asignación de salarios y bonos para el
personal del Orfis, se ha actuado con legalidad y transparencia. Les aclaró que su
salario no viola ningún marco normativo, pues el Orfis es un órgano autónomo y
no pertenece a la administración pública estatal, sino que, emana del Artículo 116
Fracción II párrafo sexto de la Constitución federal, por lo que está sujeta a lo que
dispone el Artículo 127 Fracción II de la Carta Magna, que señala que “ningún
servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el
presidente de la República”. *** Sin titubeos les dio a conocer que su salario
mensual bruto es de 150 mil 158.52 pesos, que -advirtió- no es superior a lo que
percibe Claudia Sheinbaum, cuya percepción bruta mensual es de 239 mil 793
pesos.
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