POR; Ignacio Morales Lechuga
Aunque la presidenta recibió y aguantó a pie firme en Poza Rica el reclamo y la indignación de víctimas golpeadas por las inundaciones, la respuesta del gobierno federal sigue sin mostrar capacidad ni mecanismos para coordinar la prevención de desastres y actuar con eficacia y transparencia en la atención de emergencias.
Su antecesor “supervisaba” los desastres naturales desde la ventanilla de un helicóptero y evitaba cualquier contacto con la muchedumbre indignada para no exponerse a reclamaciones. Es significativo otro estilo de plantarse ante la adversidad, pero no será suficiente si la tragedia pasa de largo sin replantearse fallas, errores y responsabilidades institucionales omitidas en el plano federal, estatal y municipal.
La tragedia de Poza Rica y otras comunidades gravemente afectadas en 5 estados, ha despertado la respuesta solidaria de la sociedad mexicana, pero no a un gobierno capaz de organizar sin pichicaterías electoreras a personas, empresas, iglesias, universidades y voluntarios para sumarlos al envío urgente de víveres, ropa, agua, medicinas a los damnificados, al condicionar el reparto a que se haga bajo el logo morenista.
Soy veracruzano. Nací y crecí en Poza Rica y me duele recordar la inundación de 1954. Llevo en la memoria los gritos de mi madre y la voz urgente de mi padre que ordenaba salir. Recuerdo bajar de la cama con el agua hasta la cintura, correr a oscuras entre lodo, gritos y miedo para salvar la vida. Aprendí que el agua enseña lo que el poder nunca aprende: la vida vale más que todos los discursos.
En las inundaciones lo primero que se atora en los vericuetos de las burocracias es la oportuna información preventiva que puede salvar vidas y bienes. La reacción de una gobernadora enterada de la tragedia exhibe la incapacidad de su gobierno para entender y evaluar lo ocurrido: “se desbordó ligeramente el río Cazones”, fue su comentario.
La CONAGUA avisó, antes de ocurrir lo peor, que varias cuencas veracruzanas se habían convertido en zonas de alto riesgo, con precipitaciones de 150 mm por metro cuadrado el lunes; de 250 mm el martes y de 320 mm el miércoles. Nadie movió un dedo para tratar de evacuar a la población expuesta al desbordamiento del río, seguramente “para no inquietar a la gente”.
El CENAPRED, arrinconado en el austericidio señala que la tendencia apunta a un aumento en la intensidad y frecuencia de los desastres naturales en México, en el número probable de víctimas y en los daños materiales. Este sería el momento de escucharlo y de reorganizar las capacidades perdidas o superar incluso las del Fonden.
Tras el huracán Otis en 2023, la atención a damnificados en Acapulco fue el reparto directo de dinero entre quienes formaban cola varios días, algo innecesario y hasta ofensivo que dibuja el concepto de subordinación que el oficialismo quiere para la palabra solidaridad y el apoyo a las víctimas de desastres.
En Tabasco y ante inundaciones como la de 2014, fue posible brindar ayuda expedita a la población, mediante pequeñas plantas potabilizadoras con capacidad de aportar 17 mil litros por hora de agua potable, apta para el consumo humano, distribuida desde tinacos tipo Rotoplas de 5 mil litros de capacidad. Esa acción, impulsada por fundaciones de asistencia privada, permitió un abasto de emergencia para decenas de miles de personas y frenó el reparto masivo de agua en envases de Pet no degradables que suelen terminar como basura acumulada en el lecho de los ríos y en la desembocadura del océano.
A diferencia del hábito de formar un guardadito familiar para enfrentar gastos de emergencia, el Estado ha preferido quedarse sin previsión presupuestaria en materia de desastres naturales, sin seguros y con presupuestos pre etiquetados sólo para sus proyectos prioritarios.
En Poza Rica no hubo alerta alguna para evitar el golpe de las aguas, que llegó incluso hasta un hospital de zona, donde varios médicos fueron arrastrados por la corriente. El puente sobre el río Cazones a la entrada de Poza Rica, a 8 metros de altura fue alcanzado también por el golpe directo del agua.
La osteoporosis del aparato público en general podría hacer de lo ocurrido un caso de responsabilidad por la negligencia criminal de no pocos funcionarios. ¿o es que el derecho penal será instrumento reservado para perseguir adversarios políticos?
Ninguna autoridad organizó desalojos preventivos ni habilitó refugios. La corriente vació las casas de madera, arrancó vidas, muebles y todo lo que encontró a su paso. Más de la mitad de Poza Rica está destruida. No hay otra palabra: es una omisión criminal. Una vez más, el Estado incumple su deber de prevenir, proteger y auxiliar. Abundan las excusas para aplazar responsabilidades.
Debería surgir pronto una propuesta de reforma presupuestal para contar con recursos extraordinarios suficientes para iniciar la reconstrucción en comunidades donde hoy se respira el abandono: Huauchinango, Villa Ávila Camacho, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Cerro Azul, Naranjos, Pahuatlán y cientos de otros lugares dispersos en la sierra.
Entiendo a los veracruzanos dolidos y ofendidos. Su miedo, su confusión, el silencio quedará en ellos cuando pase el agua. Sé lo que significa cargar en la memoria una tragedia, jamás se olvida, sólo se aprende a vivir con ella.
Los pueblos -tan invocados hoy cuando obedecen en silencio- esperan algo más que regaños, El dolor no es amenaza política ni el silencio sirve de dique para contener las aguas.
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