Sin tacto.
Por Sergio González Levet.
El de los bienes raíces es uno de los eslabones más importantes en la cadena de
la economía nacional. La compra y venta de terrenos, casas, edificios le da un
fuerte jalón a la movilidad financiera y a ello se suman los créditos hipotecarios,
que seguramente son los que más se solicitan y se conceden en el sistema
bancario.
Muchas crisis nacionales han surgido como consecuencia de algún crack en la
venta y construcción de edificaciones. En México, el error de diciembre de 1994
dejó a muchas personas en la ruina, pero sobre todo a muchas familias sin casa,
la que perdieron irremisiblemente con la elevación salvaje de los intereses
bancarios. En Estados Unidos, la crisis económica más aguda que han padecido
en los últimos años surgió en 2007 a partir del derrumbe financiero ocasionado por
el otorgamiento masivo de hipotecas de alto riesgo, conocidas como créditos
subprime.
El mercado inmobiliario en México ha sufrido una baja considerable en su
volumen de transacciones en los últimos años debido a los enormes problemas
económicos del país y a la falta de claridad en la posesión de la propiedad
privada, con una Cuarta Transformación empeñada en hacer una especie de
reforma urbana similar a la reforma agraria que aplicaron los gobiernos emanados
de la Revolución Mexicana.
Los miembros de la influyente tribu de los socialistas históricos que rodea a
Andrés Manuel López Obrador han querido implantar una propiedad social, que
permita al Gobierno disponer de los inmuebles privados y expropiarlos por razones
de un indefinido bien común. Y en eso están…
Los agentes inmobiliarios han sufrido graves mermas en sus negocios a partir
de la toma de posesión de AMLO en 2018 porque el mercado se desaceleró y
cayeron sensiblemente las compraventas.
Pero ahora, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le viene a poner
un clavo más en el ataúd al sector inmobiliario con una medida que empezó a
operar el 1º de diciembre. Consiste en que ahora quien quiera vender un inmueble
debe acudir con un valuador certificado para que haga un avalúo comercial del
bien. El servicio de ese profesional lo deberá pagar el vendedor, en detrimento de
su ganancia. Pero aún hay más: los notarios deberán hacer las escrituras a partir
del valor señalado por el perito certificado, y ya no podrán poner un valor menor
como era costumbre para evitar un pago alto de impuestos.
Vamos a ver, si usted tenía una casita y la vendía en un millón de pesos, le
pedía al Notario que en la escritura señalara que el pago había sido de 400 mil
pesos, y entonces enteraba usted los impuestos correspondientes a esta cantidad.
Pero ahora, quien venda debe contratar a un valuador certificado, pagarle una
suma alta por el avalúo, y además enterar al SAT los impuestos correspondientes
al total de la venta. Con eso, el Gobierno se va a quedar con una buena parte de
lo que el propietario recibiría por vender su bien.
Ya el dilema de hacia dónde se van a ir esos impuestos que usted paga es otra
historia, pero muchos piensan que terminarán en las obras faraónicas e inútiles de
AMLO o para pagar los programas electorales disfrazados de programas sociales,
o en los bolsillos de algún familiar.
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