Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Era 24 de diciembre del 2020 y el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García, invadido por el espíritu navideño, anunció el regreso de los equipos
Tiburones Rojos (futbol) y Águila (beisbol), como parte de la promoción al deporte
que -dijo- daría su gobierno el siguiente año. *** Eventualmente el Águila regresó,
pero no los Tiburones Rojos, a pesar del derroche del gobierno estatal para
reconstruir el estadio de futbol Luis “Pirata” Fuentes. *** En fechas más recientes,
ya siendo gobernadora, Rocío Nahle anunció que había dialogado con el
propietario del nombre y la marca del club de futbol (“Tiburones Rojos de
Veracruz”) Fidel Kuri y éste se había mostrado “dispuesto” a ceder el nombre al
gobierno del Estado. *** “Varias personas se adjudican el nombre de los
Tiburones; estaba también TV Azteca, es un tema muy complicado. Hablé con el
señor Kuri, la verdad muy bien, muy amable, con toda la disposición, él trae un
tema jurídico que ya lo ganó con la Federación Mexicana de Futbol, el último fallo
se lo dieron a favor a él, y él dijo ‘yo tengo toda la disposición de regresar los
Tiburones y ponerlo a disposición del pueblo de Veracruz a través del gobierno del
Estado’, como debe ser, que no sea a nombre de una persona, porque luego
tenemos problemas como los que estamos pasando”, narró en aquella ocasión la
gobernadora. *** Los Tiburones Rojos de Veracruz fueron desafiliados el 5 de
diciembre del 2019. Rocío Nahle explicó en aquella ocasión loque respondió a la
propuesta del empresario: “¿Qué dije? Lo que requieran, lo que se necesite,
dígame, resuelva su problema jurídico personal. Parece ser que ya y lo que sigue,
entramos como gobierno del Estado para tener nuestro equipo y que vuelva a vivir
los momentos dorados los Tiburones Rojos, pero queremos que sean los
Tiburones Rojos, eso es lo más importante”. *** Esta semana se dio a conocer que
un juez federal determinó otorgar la libertad y cerrar el caso contra el empresario
Fidel Kuri Grajales, quien combatía una acusación por fraude procesal que no fue
sustentada. *** El juez Héctor Fernando Rojas Pacheco consideró que los hechos
imputados en contra de Fidel Kuri no constituían delito. *** El litigio surgió a partir
de una denuncia de la empresa Arrendadora Azteca, filial de TV Azteca. El juez
ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que se le habían
impuesto al empresario orizabeño. *** En las entrevistas que ha concedido a partir
de que se conoció la resolución judicial, Fidel Kuri ha insistido en su interés de que
los Tiburones Rojos regresen a Veracruz, “conmigo o sin mí, pero que regresen”.
*** Esa posibilidad parece estar muy cerca.
Contrario a las cifras alegres que presentan los gobiernos estatal y federal,
Veracruz enfrenta una severa crisis por la falta de empleos.
El gobierno presume los números que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI, que informó que en el segundo trimestre de 2025 la
Población Económicamente Activa (PEA) de Veracruz era de cerca de 3.5 millones
de personas, y que la población ocupada -con trabajo- ascendía a cerca de 3.4
millones. Según esas mediciones, la población desocupada era de apenas poco
más de 80 mil personas.
Esas estadísticas, sin embargo, ocultan una realidad mucho más grave.
Ese mismo organismo -el INEGI- señala que Veracruz presentó una tasa de
informalidad laboral de 63.7 % en 2025. Esto es: que 6 de cada 10 personas con
empleo (si se aplica esto a los 3.4 millones de personas ocupadas da como
resultado casi 2.2 millones) sobreviven en la informalidad, esto es, que carecen de
seguridad social, prestaciones, estabilidad contractual o acceso pleno a sistemas
de pensiones y salud.
Y a pesar de eso, a pesar de que a la gente le resulta muy difícil encontrar un
trabajo estable y bien pagado, son pocos, muy pocos los que se atreven a atender
a las convocatorias que con bastante frecuencia emite la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP).
La explicación es obvia: “prefiero ser un desempleado vivo”.
La SSP acaba de emitir una nueva convocatoria para reclutar a ciudadanos –
hombres o mujeres- que se interesen en formar parte de las filas de esa
corporación. El “gancho” es que, si se inscriben y aprueban el curso de Formación
Inicial, recibirían, de arranque, un sueldo superior a los 20 mil pesos mensuales.
Obviamente, se incluyen todas las prestaciones que marca la ley.
No suena mal, y sin embargo son muy pocos los que se atreven a dar ese paso.
Allá en los primeros meses del 2011, en una charla con quien en ese entonces
ocupaba la subsecretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, me comentó
que desde su llegada a ese cargo se dio a la tarea de conformar un “cuerpo de
élite”. Revisó los expedientes de miles de elementos y a los 50 mejor calificados
los llamó para ofrecerles su incorporación a esa fuerza especial.
“Todavía no terminaba de entrevistarme con todos, cuando me llegó un reporte del
área de Recursos Humanos: la mayoría de los convocados habían pedido su
baja”.
¿La razón? Esencialmente, miedo. Saben que la corporación policiaca del Estado
está infiltrada por el crimen organizado y que no hay quién les pueda garantizar su
seguridad y la de su familia.
Las corporaciones policiales —especialmente las municipales y estatales—
enfrentan constantemente a organizaciones delictivas con gran capacidad
económica, mejor armamento y extensas redes de corrupción.
La confianza pública en las policías históricamente ha sido baja, en gran medida
por los múltiples casos conocidos de corrupción, por las extorsiones, el abuso de
autoridad y la colusión con grupos criminales.
Pero se presenta, además, un fenómeno de estigmatización. Los ciudadanos ven
al policía con desconfianza, o lo consideran vulnerable a la corrupción y existe
temor a represalias.
A final de cuentas, las autoridades terminan cayendo en un círculo vicioso: las
corporaciones han sido infectadas por la corrupción, pero no pueden sustituir a
sus elementos, porque no hay quién se anime a correr los riesgos que viven día
con día los “encargados de la seguridad y la paz” de los ciudadanos.
Mientras eso siga así, seguirán recurriendo a la militarización de las tareas de
seguridad, aunque ya esté demostrado que esa no es la solución.
Epílogo.
Le comían las ansias. Faltaba poco para que dieran las 11 de la noche del
miércoles y la gobernadora Rocío Nahle subió el anuncio: por fin habían
conseguido las 199 actas de Cabildo para echar a andar el proceso de
reestructura de la deuda bursátil de los ayuntamientos. *** Para ya no
“desgastarse” tanto, este jueves quien salió a los medios a festinar el acuerdo fue
el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, quien destacó “el trabajo coordinado y
comprometido” entre la Secretaría de Finanzas y la instancia a su cargo, la
Secretaría de Gobierno. *** en su comunicado, Ricardo Ahued insistió en que “el
Estado absorberá el 75 por ciento del adeudo y los municipios el porcentaje
restante” y que tendrán “un plazo máximo de pago al año 2030, al término de su
mandato”, aunque en realidad los actuales alcaldes concluyen su período en
diciembre del 2029 y es la administración estatal la que termina al año siguiente.
*** El comunicado menciona que esa estrategia de reestructura “contempla reducir
los plazos de pago bajo mejores condiciones financieras, liberar recursos
retenidos para destinarlos a infraestructura, seguridad y servicios municipales, así
como eliminar cargas administrativas por compromisos financieros adquiridos
previamente”. *** Nada dicen sobre el mecanismo que habrá de utilizar el gobierno
estatal para “absorber” el 75 por ciento de esa deuda. Hay por ahí muchos vacíos
de información, lo que genera una natural desconfianza. *** Pronto se conocerán
los detalles, aunque no será a través del gobierno estatal.
filivargas@gmail.com
