• El partido promovió la demanda al considerar que la reforma impone restricciones que limitan el derecho ciudadano a evaluar a sus gobernantes.
• La demanda plantea siete conceptos de invalidez para defender las garantías democráticas de la ciudadanía veracruzana.
Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de revocación de mandato, contenida en el Decreto número 540, publicado el 28 de septiembre de 2026.
La demanda busca invalidar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, al considerar que establecen restricciones que limitan el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía veracruzana.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo legal de 30 días naturales por la dirigencia estatal del partido, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal; Agustín Torres Delgado, secretario general; y Dante Alfonso Delgado Morales, presidente del Consejo Estatal. También participaron el diputado federal Sergio Gil Rullán, la diputada local Elena Córdova Molina y el equipo jurídico.
Al fijar la postura del partido, el coordinador estatal, Luis Carbonell de la Hoz, afirmó que Movimiento Ciudadano dará la batalla legal para impedir que, mediante decisiones legislativas, se limite el derecho de la población a evaluar la gestión de sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo.
El dirigente señaló que las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta Veracruz hacen indispensable preservar mecanismos de participación ciudadana efectivos y accesibles.
“Como lo anunciamos, hoy presentamos la acción de inconstitucionalidad junto con la dirigencia nacional y el equipo político de Veracruz. Esta acción de inconstitucionalidad busca que nunca olviden los gobernantes presentes y futuros que la democracia se construye con el pueblo. Como ustedes saben, el Congreso de Veracruz —dándole la espalda a los veracruzanos con una mayoría artificial, legislando en un palacio legislativo que ya se ha olvidado del pueblo— aprobó una reforma que le pone candados y blinda el mecanismo para ejercer la revocación de mandato. Por eso, hoy lo que queremos es que los derechos, como mandata la Constitución, sean progresivos y que los veracruzanos, con ese derecho que tenemos a la participación democrática, puedan elegir, poner y quitar a sus gobernantes. No le tengan miedo al pueblo de Veracruz, no le tengan miedo a la participación ciudadana; estamos listos para que el pueblo mande, para que el pueblo decida”, sentenció.
En el ámbito jurídico, la demanda presentada ante la SCJN desarrolla siete conceptos de invalidez con los que el partido busca demostrar la inconstitucionalidad del decreto.
Entre las principales violaciones señaladas se encuentra la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que la reforma afecta sus condiciones de participación. También se denuncia una posible transgresión al principio de progresividad de los derechos, debido a que el plazo para recabar firmas de apoyo se redujo de dos a un mes.
Asimismo, MC impugna los requisitos de distribución territorial de los apoyos ciudadanos, que, según sus estimaciones, obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas —equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal—, distribuidas en al menos 107 municipios. La reforma exigiría, además, alcanzar en cada uno de ellos el respaldo del 3 por ciento de la lista nominal municipal, condición que el partido considera carente de sustento constitucional.
Otro de los argumentos cuestiona una posible violación a la prohibición constitucional de modificar normas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.
La impugnación también señala la incorporación de un nuevo plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria, pese a que, de acuerdo con el partido, el plazo original había vencido en mayo de 2022.
A ello se suman presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo, entre ellas un retraso de 46 días en el cómputo y la declaratoria de aprobación por parte de los ayuntamientos, así como la falta de certeza jurídica derivada del uso de los términos “intención” y “solicitud”.
Con estos argumentos y los antecedentes jurisprudenciales invocados en su demanda, Movimiento Ciudadano solicita a la Suprema Corte que analice la constitucionalidad de la reforma y, de acreditarse las violaciones planteadas, declare su invalidez.
El partido sostiene que la revocación de mandato debe mantenerse como un mecanismo efectivo de participación ciudadana y que las reglas para ejercer este derecho no deben convertirse en obstáculos que impidan a la población evaluar a sus gobernantes.
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