Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay deudas que se pagan con dinero. Y hay otras que las terminan pagando generaciones
enteras con atraso, abandono y pobreza institucional. En Veracruz, los municipios llevan
años atrapados en esa segunda categoría: gobiernos locales convertidos en oficinas de
cobranza bancaria, alcaldes administrando miseria y ciudadanos pagando obras que nunca
llegaron.
Por eso no es menor lo que acaba de comentar el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel
Rosaldo García, respecto al programa de saneamiento financiero impulsado por la
gobernadora Rocío Nahle García. El tema merece análisis serio, porque detrás de los
discursos triunfalistas hay una realidad brutal: Veracruz arrastra una de las peores historias
de endeudamiento municipal del país.
Y Rosaldo García sabe perfectamente de lo que habla. No es un improvisado. Viene de la
Subsecretaría de Finanzas estatal y conoce las entrañas de la maquinaria financiera
veracruzana, esa que durante años funcionó como trituradora de presupuestos municipales.
Cuando afirma que Coatzacoalcos fue “sentenciado a muerte financiera”, no está
exagerando; está describiendo con precisión quirúrgica el legado de dos décadas de
irresponsabilidad política.
Hay que recordar que la bursatilización municipal de 2008 y 2009 fue presentada en su
momento como la gran modernización financiera. Qué ironía. Aquello terminó siendo una
sofisticada forma de hipotecar participaciones federales futuras para resolver urgencias
inmediatas y alimentar la voracidad política del corto plazo. Se vendió como ingeniería
financiera; en los hechos, fue ingeniería del saqueo institucionalizado.
Hoy vemos las consecuencias: municipios pagando intereses eternos, créditos en UDIS
convertidos en trampas inflacionarias y administraciones completas incapaces de liberar
recursos para obra pública porque el dinero ya tenía dueño desde antes de llegar a las arcas
municipales.
Coatzacoalcos es quizá el ejemplo más dramático. Una ciudad estratégica para el desarrollo
energético y portuario del país, pero financieramente devastada. Una ciudad rica
administrada como pobre. Una contradicción profundamente mexicana.
Pasar de una deuda de 181 millones a 28 millones representa un alivio financiero de
enorme magnitud. Significaría liberar recursos retenidos durante años únicamente para
alimentar intereses bancarios. Significaría recuperar capacidad de inversión, flujo operativo
y margen de maniobra administrativa.
Pero aquí es donde conviene bajar el volumen de la propaganda y subir el de la memoria
histórica.
Porque en México ya conocemos perfectamente el libreto del “rescate financiero”. Primero
se endeuda irresponsablemente. Después se renegocia. Luego se presume como logro
político lo que en realidad fue la corrección tardía de un desastre provocado por la propia
clase gobernante. Y mientras tanto, nadie responde por los responsables originales del
quebranto.
La pregunta incómoda sigue intacta: ¿quiénes hundieron financieramente a los municipios
veracruzanos? Porque las deudas no aparecieron por generación espontánea. Hubo alcaldes,
tesoreros, congresos complacientes, bancos felices cobrando intereses y gobiernos estatales
mirando hacia otro lado mientras hipotecaban el futuro municipal.
El esquema anunciado por Rocío Nahle tiene, sin duda, un componente innovador. Que el
gobierno estatal absorba parte importante de la deuda bursatilizada rompe con la lógica
tradicional del “arréglense como puedan”. Puede convertirse en un precedente nacional si
realmente fortalece las finanzas locales sin sustituir una dependencia por otra.
Sin embargo, el verdadero saneamiento financiero no se mide únicamente en reducir
pasivos. Se mide en impedir que el ciclo vuelva a repetirse. Porque de nada servirá aliviar
la deuda si los municipios continúan siendo cajas chicas electorales, refugios de
incompetencia administrativa o botines sexenales.
La tragedia financiera de muchos ayuntamientos veracruzanos no nació en los bancos:
nació en la impunidad y negociación política.
Y ahí está el núcleo del problema. En Veracruz llevamos años celebrando como hazañas
gubernamentales lo que en cualquier democracia funcional sería apenas la obligación
mínima de reparar los daños causados por décadas de corrupción, negligencia y cinismo
administrativo.
Porque rescatar municipios está bien; lo verdaderamente imperdonable es que quienes los
quebraron sigan paseándose por la política como si nunca hubieran firmado la sentencia
financiera de ciudades enteras.
