Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Miguel Reyes Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, es -quizá- el
funcionario del gobierno estatal más parecido a Rocío Nahle. Su soberbia y
altanería sólo compiten con las de su jefa. *** Este miércoles se tuvo que someter
-muy a su pesar- al escrutinio de los diputados locales en el período de
comparecencias para hacer la glosa del segundo informe de gobierno y, como era
de esperarse, terminó chocando con los diputados de oposición, a los que apenas
les dirigió la palabra y evadió las preguntas que le incomodaban. *** Presentó
como un “gran logro” de la actual administración estatal la liquidación de la deuda
bursátil que mantenían 199 ayuntamientos de Veracruz “con lo que se impidió que
pagaran poco más de 4 veces el monto contratado”, pero no explicó de dónde
salió el recurso para liquidar esa deuda, ni en qué parte del presupuesto del
presente año, aprobado por el Congreso local, se contempló una erogación
superior a mil millones de pesos por ese concepto. *** Para justificar el uso
discrecional de los fondos públicos, habló de disciplina fiscal, manejo responsable
de la deuda bancaria y pago de créditos fiscales, para “liberar recursos
comprometidos y ponerlos al servicio de la población”. *** El funcionario admitió
que el gobierno de Veracruz tiene comprometida “casi la mitad” (48.8%) del Fondo
General de Participaciones como garantía de una deuda bancaria de 41 mil 811
millones de pesos. *** También reconoció que las participaciones federales
previstas para este año se redujeron en 3 mil 643 millones de pesos respecto de lo
aprobado originalmente en la Ley de Ingresos (de 73 mil 675 millones a 70 mil 32
millones de pesos) y, como ya es sabido, que más del 90 por ciento de los
ingresos estatales depende de las transferencias federales, por lo que la variación
en la recaudación nacional repercute en la disponibilidad de recursos para
Veracruz. *** La comparecencia tuvo su momento crítico cuando el diputado
Héctor Yunes Landa le reprochó que aprovechara el foro para hacer propaganda
para la llamada “cuarta transformación”, en lugar de limitarse a detallar los datos
que a él le competen del informe de gobierno.
Apenas el viernes de la semana pasada, en este mismo espacio, se publicó: “La
violencia en el norte de la entidad es un tema que no ha quedado resuelto. Los
momentos de supuesta calma obedecen a que los grupos criminales libran sus
batallas en otros puntos de Veracruz, lo que no significa que su influencia y sus
acciones delictivas hayan concluido”.
Y como si fuera un presagio de lo que se avecinaba, también quedó plasmado:
“Municipios como Álamo, Tuxpan, Poza Rica y Papantla siguen siendo territorio de
organizaciones criminales que operan desde el sur de Tamaulipas hasta las zonas
de más difícil acceso en la sierra”.
Este miércoles la terca realidad, que suele imponerse sobre los discursos
triunfalistas, confirmó aquella radiografía.
Incendios de vehículos, bloqueos carreteros y los dañinos efectos de esos
artefactos de fierro conocidos como “ponchallantas”, generaron alarma entre la
población de Poza Rica y municipios aledaños.
Los reportes en las redes sociales por parte de automovilistas que se toparon con
ese episodio de violencia mencionan que los puntos de mayor riesgo se
localizaron en los puentes Cazones I y Cazones II, lo mismo que en el acceso al
fraccionamiento La Florida. En esos puntos se reportaron vehículos incendiados
que interrumpían el tránsito.
También se reportaron escenas de violencia en la avenida Ejército Mexicano, en la
comunidad Plan de Ayala (municipio de Tihuatlán) y en las carreteras Poza Rica-
Cazones, y Poza Rica-Papantla.
Muchas horas después de estos sucesos, la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz emitió un comunicado en el que informa que “desplegó un operativo”
para localizar a los “presuntos responsables” de esos hechos y que realiza
“recorridos en la periferia de la ciudad”, en coordinación con fuerzas de seguridad
federales y municipales.
Advierte el comunicado que no se reportan personas lesionadas, “únicamente
daños en los neumáticos de algunos vehículos”.
Tampoco se reportan personas detenidas, lo que indica que la organización
delictiva que provocó este caos se retiró sin problemas, sin enfrentamientos con
las fuerzas del orden.
¿Dónde estaba la policía en los momentos en los que la delincuencia organizada
se apoderaba de Poza Rica y sus alrededores?
Hasta la tarde de este miércoles ninguna organización criminal se había atribuido
los actos de violencia, pero se especula que habría sido una facción del “Grupo
Sombra” o como ahora se hacen llamas, “La Mafia Veracruzana” que se disputa la
plaza (y las rutas hacia Tamaulipas) con una representación del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
¿Y el gobierno?
Dedicado a contar los muertos y calcular los daños.
Epílogo.
El subsecretario de Ganadería del gobierno estatal, Carlos Manuel Jiménez Díaz,
no tuvo argumentos para responder a los reclamos de ganaderos del sur de la
entidad. *** Este miércoles, en Acayucan, productores de ganado bovino se
reunieron para protestar por las complicaciones que enfrentan para actualizar sus
constancias de Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG). Denunciaron,
además, que las autoridades les restringen el acceso a los aretes para la
identificación del ganado y externaron que son cada vez más complicados los
procedimientos administrativos y más prepotente la atención a los productores.
