AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo jiménez.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad para su
gobierno, la cual encargó a su hombre fuerte, el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Omar García Harfuch.
La estrategia está focalizada en seis estados clave: Guanajuato, Baja California, Chihuahua,
Guerrero, Jalisco y Sinaloa, y contempla de manera contundente el combate a la extorsión.
Ojalá que este nuevo intento para combatir la criminalidad resulte más eficaz que la de los
“abrazos, no balazos”, que prevaleció en el régimen anterior también de Morena.
Sin embargo, hay dudas razonables. Empezando porque la estrategia le fue encargada a
García Harfuch, quien, como ex delegado de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, no ha
contribuido a esclarecer el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos”, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Hace dos años, a principios de septiembre de 2022, el diario español El País publicó dos
minutas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acreditan la asistencia del
actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Sheinbaum, los días 7 y 8 de
octubre de 2018, a una reunión en Iguala con los responsables militares y civiles de
investigar la desaparición de los estudiantes normalistas ocurrida cuatro años antes.
Los documentos mostrados por el diario madrileño sitúan a García Harfuch en esa ciudad
de Guerrero, el mismo día en que se celebró la reunión que se acusa sirvió para “fraguar” la
denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la declaración ministerial que la
Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para imputar los delitos de desaparición
forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, al exprocurador
General de la República, Jesús Murillo Karam; imputación que actualmente tiene sujeto a
prisión preventiva al ex gobernador priista de Hidalgo.
Pero otra duda razonable se debe al encubrimiento de algunos gobernadores presuntamente
vinculados con los cárteles criminales. El caso que actualmente está en la mira de la
opinión pública es la del sinaloense Rubén Rocha Moya, a quien en su conferencia de
prensa de este lunes defendió sin tapujos la Presidenta.
“No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador
Rocha”, afirmó Sheinbaum, desmintiendo los informes que han circulado sobre un supuesto
seguimiento al gobernador por sus presuntos lazos con Los Chapitos, una facción del Cártel
de Sinaloa.
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal respondieron a una reciente publicación
de la revista Proceso, que reveló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo del
general Audomaro Martínez Zapata, y la inteligencia militar estaban vigilando a Rocha
Moya por supuestas conexiones con el Cártel de Sinaloa. El reportaje indica que el
gobernador morenista habría mostrado simpatía por la facción de Los Chapitos, lo que
habría provocado tensiones con la facción de ‘El Mayo’ Zambada, también líder del cártel.
Según el informe, el seguimiento al gobernador de Sinaloa fue ordenado por el entonces
presidente Andrés Manuel López Obrador, y contaba supuestamente con el visto bueno de
Sheinbaum.
La publicación detalló que los documentos de inteligencia federal señalan que José Rocha
Ruiz, el hijo del mandatario sinaloense, también estaría bajo vigilancia y que se le acusa de
ser el enlace entre su padre y Los Chapitos a través de altos funcionarios del estado,
incluido el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José
Carlos Cárdenas Mellado.
El informe agregó que Rocha Moya ha recibido amenazas de muerte, lo que ha obligado a
reforzar su seguridad, y que pernocta en el Palacio de Gobierno de Culiacán para su
protección.
Sin embargo, pese al blindaje presidencial, Rocha Moya es indefendible. Hace tres años, en
agosto de 2021, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano, acudieron a la sede en Washington de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) para denunciar formalmente ante el secretario general del
organismo internacional, Luis Almagro, la intromisión de grupos del narcotráfico en las
elecciones locales y federales de ese año. Precisamente uno de los casos más escandalosos
fue el de los comicios de gobernador de Sinaloa, donde horas antes de las votaciones, entre
la noche del sábado 5 y la madrugada del domingo 6 de junio, hombres armados del cártel
de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán secuestraron a una decena de representantes y
operadores electorales del partido tricolor en Culiacán, entre ellos al secretario de
Organización del Comité Directivo Estatal, José Alberto Salas Beltrán.
El gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, del PRI, no protestó ni maniobró para
rescatar a sus correligionarios, quienes fueron liberados por los sicarios hasta después del
cierre de las casillas electorales. Coincidentemente, nueve meses después, a principios de
marzo de 2022, el mandatario priista fue propuesto por el presidente López Obrador ante el
Senado de la República como embajador de México en España, nombramiento que motivó
su expulsión del Revolucionario Institucional.
