Por Miguel Ángel Cristiani
¿Qué ocurre cuando el propio Estado mexicano decide ignorar a su máximo tribunal? No es
una pregunta retórica ni un ejercicio académico: es el retrato puntual de lo que hoy sucede
en Veracruz con la ampliación portuaria y el abierto incumplimiento de una sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso es grave, pero sobre todo revelador. La sentencia de amparo 54/2022 no es una
sugerencia ni una recomendación administrativa: es una orden judicial firme que obligaba a
rehacer los manifiestos de impacto ambiental, incorporar a las comunidades afectadas y
corregir violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. En términos simples, la
Corte dijo: deténganse, revisen y hagan las cosas conforme a la ley.
Pero no ocurrió.
Organizaciones civiles, científicos y especialistas han documentado que tanto la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Administración del Sistema Portuario
Nacional Veracruz han optado por el camino más peligroso: simular el cumplimiento. Y en
política pública, la simulación no es una falta menor; es la antesala de la impunidad.
El señalamiento de Xavier Martínez Esponda no debe tomarse a la ligera. Cuando afirma
que existe un incumplimiento directo de una sentencia judicial, está poniendo el dedo en
una llaga estructural del Estado mexicano: la distancia abismal entre el discurso
institucional y la realidad operativa. Porque aquí no estamos ante un conflicto técnico, sino
ante una violación constitucional.
El derecho a un medio ambiente sano no es una concesión del gobierno en turno. Está
consagrado en el artículo 4º constitucional y respaldado por tratados internacionales. La
propia Corte, al revocar 14 autorizaciones de impacto ambiental, reconoció que el proyecto
de ampliación del Puerto de Veracruz se había construido sobre bases ilegales. ¿Y la
respuesta institucional? Continuar como si nada.
Peor aún: excluir a la sociedad.
La omisión de la participación ciudadana en la reposición de los estudios ambientales no
solo contradice la sentencia, sino que vulnera principios básicos de gobernanza
democrática. No se puede hablar de desarrollo cuando se silencian a las comunidades; no se
puede invocar progreso cuando se margina la ciencia independiente.
La creación de la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano es, en ese
sentido, una respuesta digna, pero también una señal de alarma. Que la sociedad tenga que
organizarse para documentar lo que el Estado debería transparentar evidencia un vacío
institucional preocupante. Y ese vacío se llena, inevitablemente, con desconfianza.
El Sistema Arrecifal Veracruzano no es un estorbo para el desarrollo económico; es un
patrimonio ecológico estratégico, una barrera natural contra fenómenos climáticos y un
ecosistema de valor incalculable. Destruirlo o ponerlo en riesgo sin cumplir la ley no solo
es irresponsable: es profundamente miope.
Hay que decirlo con claridad: el incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte no
es un asunto administrativo, es un desafío al Estado de derecho. Y cuando las propias
autoridades federales se colocan fuera de la ley, el mensaje es devastador: la legalidad es
opcional.
En un país donde se exige a los ciudadanos cumplir normas, pagar impuestos y respetar
instituciones, resulta inadmisible que el gobierno actúe con discrecionalidad frente a un
mandato judicial. La ley no puede ser un instrumento de conveniencia política.
Aquí no hay matices ni zonas grises: o se cumple la sentencia o se viola la Constitución.
Y mientras las autoridades sigan apostando por la simulación y el desgaste, el costo no será
solo ambiental o jurídico, será moral y político, porque un Estado que desacata a su propia
Corte no gobierna: se deslegitima.
