Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En su recomendación 8/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado de Veracruz
(FGE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo notar que
emitió previamente las recomendaciones 237/2023, 227/2024, 228/2024,
229/2024, 249/2024 y 250/2024, sobre los Recursos de Impugnación que
presentaron diversas víctimas, ante la no aceptación por parte de la Fiscalía a las
recomendaciones que emitió la Comisión Estatal. *** La CNDH advirtió que esa
situación “evidencia que la FGE recurrentemente no acepta los pronunciamientos
de dicho organismo local, vulnerando con ello los derechos de las personas
víctimas, limitando su acceso a una real reparación integral del daño”. *** El
ombudsman nacional fue claro en su diagnóstico: “este organismo nacional
considera que los argumentos vertidos por la Fiscalía Estatal para no aceptar la
recomendación no son congruentes con el principio pro persona, el cual consiste
en garantizar la protección más amplia al gobernado, entre ellos, el derecho a un
recurso efectivo, previsto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”. *** En consecuencia, la CNDH declaró “insuficiente” la
justificación de la autoridad para no aceptar la Recomendación 0260/2023, emitida
por el organismo local, lo cual, a su vez, “trasciende a la vulneración del derecho
humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y una vida libre de
violencia en su modalidad de violencia institucional”. *** La sistemática y arbitraria
negativa de la Fiscalía de Veracruz a aceptar las recomendaciones, tendrá muy
pronto consecuencias jurídicas contra su titular, Verónica Hernández.
Las señales cada vez son más evidentes: presionada por el gobierno de Estados
Unidos, Claudia Sheinbaum tendrá que ofrecer, en charola de plata, la cabeza de
algunos de los políticos que tienen identificados más allá de la frontera norte,
como vinculados con el crimen organizado.
En este mismo espacio se mencionó hace algunos días que el analista de El
Universal y de Latinus, Héctor de Mauleón, había incluido entre las figuras que
considera Estados Unidos como cómplices de las bandas dedicadas al
narcotráfico, aparece el exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García quien –
asegura el periodista- “entregó el territorio a la delincuencia organizada”.
Pero esta versión de que Donald Trump no quedó satisfecho con los 29 reos
entregados por el gobierno mexicano se está haciendo cada día más sólida.
Este miércoles el periodista Carlos Loret de Mola lo confirma:
“Según fuentes de primer nivel, en lo más alto del gobierno mexicano ya están al
tanto de que la DEA está armando un puñado de expedientes contra políticos
morenistas por estar vinculados con el crimen organizado”, escribió el periodista.
Y no fue el único.
Hace un par de días, otra pluma reconocida en la capital del país, Raymundo Riva
Palacio, advirtió:
“Funcionarios del Departamento de Estado han sostenido conversaciones con sus
contrapartes en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a
políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de
que sean detenidos y puedan ser extraditados a ese país. La petición ha ido
acompañada de una velada amenaza: si no ven avances en esa dirección, podría
darse una denuncia pública en Washington antes de que venza el siguiente plazo
para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril”.
Pero, además, agrega:
“Nunca se había dado una petición tan inusual, pero tampoco había existido tanta
información y evidencias sobre políticos mexicanos trabajando con los cárteles de
las drogas, que al mismo tiempo hubieran sido blindados desde lo más alto del
poder en este país, que se tradujera en impunidad”.
Y, además, anticipa:
“El gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente para proceder contra
varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no
generar un conflicto político con un vecino cuya estabilidad depende en amplias
zonas del país del narcotráfico. Lo que no se había dado antes es buscar la
cooperación del gobierno en turno, para que las investigaciones, detenciones y
extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral”.
Y con el impacto que causó en México la aparición de nuevas “narco-fosas”, el
propio Héctor de Mauleón retomó el tema y afirmó:
“Sólo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador desaparecieron 51 mil
personas (75% de sexo masculino). No sólo eso: también se detectaron tres mil
fosas clandestinas repartidas a lo largo de 24 estados (…) Veracruz, Tamaulipas,
Guerrero y Nuevo León son líderes en ese rubro”.
Todas las señales apuntan a un mismo escenario: Claudia Sheinbaum va a
“sacrificar” a los políticos más vulnerables. Entre ellos, al menos uno será de
Veracruz.
Epílogo.
Este miércoles, en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Elecciones de
Morena tenía programada la designación de otro paquete de candidatos a las
alcaldías del estado de Veracruz. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido.
*** ¿La razón? El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se opuso
a que se abrieran los sobres con los resultados de las encuestas realizadas en al
menos cuatro municipios. No dio una razón convincente y, en virtud de que los
dirigentes nacionales de Morena y del Partido verde no estaban presentes,
decidieron detener el procedimiento. *** Lo que ha trascendido es que Ramírez
Zepeta tiene instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle, de impedir la
designación de determinados aspirantes, que habrían ganado en las encuestas,
por lo que la definición de esas candidaturas tendrá que ser resuelta por los
dirigentes nacionales de Morena y el Partido Verde. *** Cada día se complica más
el proceso interno de la alianza Morena-Verde.
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