AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ha causado consternación y horror no sólo en México sino también fuera de nuestro país el
caso del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde fueron hallados
crematorios y restos humanos en lo que se presume fue un centro de adiestramiento
criminal. Ahora, en Reynosa, Tamaulipas, se ha descubierto otro campo de exterminio que
no fue encontrado por las autoridades municipales, estatales o federales sino por colectivos
de madres buscadoras y activistas.
Pero, en nuestra entidad, este terror ya lo han vivido también las familias de las víctimas
veracruzanas. En marzo de 2017, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los
derechos humanos de los migrantes y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana
Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, declaró que “Veracruz cuenta con la fosa más
grande de México, y aún no se ha visto lo demás”.
En aquella ocasión, el padre Solalinde –a quien la semana pasada el periodista Joaquín
López Dóriga llamó “miserable” por denostar a la recién fallecida activista Isabel Miranda
de Wallace, fundadora de la organización civil Alto al Secuestro– consideró que los restos
humanos que hace ocho años fueron encontrados en Colinas de Santa Fe, del puerto de
Veracruz, y en el Arbolillo, municipio de Alvarado, eran apenas “una muestra mínima” del
problema que azotaba la entidad.
El presbítero destacó que las fosas clandestinas más grandes se encontraban en
Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba: “Eso que se ha encontrado es
nada, falta lo más grande”. También reveló que muchos menores eran separados de sus
madres: “Las últimas desapariciones se registraron en Medias Aguas, Veracruz”.
El sacerdote aún no sabía de los cadáveres arrojados en la barranca de La Aurora, una
ranchería del municipio de Emiliano Zapata, conurbado a la capital veracruzana. Y
tampoco conocía la magnitud del cementerio clandestino en que convirtieron Punta
Puquita –un islote ubicado al sur de la laguna de Alvarado–, donde grupos del crimen
organizado se deshacían de las personas a las que privaban de la libertad. Ahí fueron
exhumados 17 cuerpos en junio de 2023. Pero los registros oficiales ubican desde marzo
del 2017 a la Laguna de Alvarado como una de las fosas más grandes que familias de los
desaparecidos han recorrido. Por esa fecha, elementos de la Secretaría de Marina-Armada
de México ingresaron a un rancho ubicado en la localidad de Arbolillo, comunidad
de Alvarado ubicada a un costado de la carretera federal 180, conocida como carretera
Costera del Golfo. El rastro de dos elementos de las fuerzas federales los llevó al sitio en el
que durante las labores de búsqueda la Fiscalía General del Estado exhumó 47 cráneos.
Luego de dos meses, el predio fue cerrado y se declaró como concluida la búsqueda de más
indicios. Pero en agosto del 2018, más de un año después, madres del colectivo Solecito de
Veracruz ingresaron y encontraron 32 fosas clandestinas en el mismo sitio. Los hallazgos
crecían a medida que se acercaban al margen de la laguna. En este sitio se localizaron dos
mil restos humanos durante dos años de trabajos de búsqueda, ubicando en ese momento a
Arbolillo como el segundo cementerio clandestino más grande en territorio veracruzano,
solo superado por las fosas de Colinas de Santa Fe.
En mayo de 2023, integrantes del colectivo Solecito, de Veracruz, declararon que la
Comisión Nacional de Búsqueda inspeccionó el islote alvaradeño y desechó el sitio, pero
tras conseguir permisos para el ingreso pudieron encontrar restos humanos.
“Hemos encontrado lo que no pensábamos encontrar, porque si ya hizo la búsqueda la
Comisión Nacional… un trabajo completamente desaseado el que hicieron en ese lugar, es
lamentable”, declaró en ese entonces Rosalía Castro Toss, una de las madres buscadoras.
¿Habrá castigo contra los gobernantes que en su momento fueron omisos ante este terror de
los grupos criminales? ¿Acaso van a esperar que el mandatario estadounidense Donald
Trump le exija a la presidenta Claudia Sheinbaum la detención y entrega de los
narcopolíticos mexicanos, entre ellos algún ex gobernador, alcaldes y ex ediles
veracruzanos en cuyos municipios han sido ejecutados y destazados decenas de hombres y
mujeres?
POR CASO JALISCO, IGLESIA CUESTIONA
‘IRRESPONSABILIDAD’ DE AUTORIDADES
Por cierto, ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) cuestionó las omisiones
de los tres niveles de gobierno en el caso de Teuchitlán, Jalisco, calificando de
“irresponsables” a las autoridades.
Mediante un comunicado, la jerarquía eclesiástica se pronunció respecto al reciente
hallazgo de centenares de restos humanos, zapatos, prendas y artículos personales al
interior del rancho Izaguirre, que desde septiembre del año pasado había sido asegurado por
la Fiscalía General de Jalisco.
“Estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de autoridades
gubernamentales de los tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el
País. Esta realidad exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada del Estado
mexicano”, expone el comunicado de la CEM.
La Iglesia católica mexicana subrayó que ante la crisis de desaparecidos que vive México,
exhortó a las autoridades a no evadir sus responsabilidades e investigar los hechos con
transparencia y exhaustividad, además de fortalecer los mecanismos y protocolos para
identificar a las víctimas, así como romper cualquier posible vínculo con el crimen
organizado.
El Episcopado mexicano sostuvo que el campo de exterminio y entrenamiento de
Teuchitlán no es un caso aislado y como éste hay más sitios que son utilizados por la
delincuencia organizada para reclutar a jóvenes.
“Denunciamos con profunda preocupación que existen muchos lugares como éste en
nuestra Nación, los cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la
humanidad”, expone el documento del alto clero nacional.