Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No sólo fueron “compañeros” durante seis años en la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Pesca de Veracruz (Sedarpa). Hay quien asegura que también
fueron cómplices en muchas de las trapacerías que se cometieron en la pasada
administración estatal. *** Hoy, los intereses de Evaristo Ovando Ramírez (antes
titular de la Sedarpa y actualmente delegado de Sader) y Humberto Amador (quien
fuera subsecretario de Ganadería) marchan por distintas rutas. Asegura la
gobernadora Rocío Nahle que en Morena no hay “grupos”, pero la confrontación
entre estos dos personajes demuestra lo contrario. *** En su papel de delegado de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Evaristo Ovando emitió
este lunes un comunicado en el que acusa a Humberto Amador de pretender
“generar desinformación” y de “especular o utilizar analogías equívocas” en su
afán de desacreditar el trabajo que se realiza en materia de salud animal. *** “Es
falta de ética utilizar la desacreditación al esfuerzo y al trabajo de muchos actores
en la ganadería, incluyendo la CNOG (Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas), en temas de los cuales no se es especialista, ni aun cuando han sido
parte del proceso, como da la impresión sucede con dicho excolaborador con el
que coincidimos por la circunstancia del trabajo”, se lamenta Evaristo Ovando. ***
Nada dice el exsecretario de las bodegas en la Central de Abastos de la Ciudad
de México, que son propiedad del gobierno de Veracruz. Tampoco habla del tráfico
de aretes y la protección a introductores de ganado de Centroamérica en la
pasada administración estatal. *** Las diferencias entre estos dos exfuncionarios
estatales permitirán conocer la verdadera cara del gobierno de Cuitláhuac García.
Ya lo veremos.
¿Hacen falta más cárceles en Veracruz?
Un análisis simplista daría como resultado que sí, que en estos momentos el
número de reos es superior a la capacidad que tienen las penitenciarías del
estado.
Los reclusorios de Veracruz suman espacios para 6,946 internos, pero en la
actualidad la población privada de libertad es superior las 8 mil personas.
Sin embargo, hay que analizar más a fondo esos números.
Resulta que en 2018, cuando aún no llegaba a gobernar la llamada “4T”, las
cárceles de la entidad disponían de los mismos 6,946 espacios, pero la población
apenas llegaba a 6,500 reos.
Neófitos en la materia y dados a ofrecer cifras espectaculares para presumir que
ellos no eran “como los de antes” (lo que con el tiempo se ha confirmado, pues
resultaron peores), quienes llegaron a gobernar la entidad (con Cuitláhuac García
a la cabeza) asumieron que mientras más personas hubiera en la cárcel crecería
la percepción de que se estaba “combatiendo la impunidad”, lo cual -por supuesto-
es totalmente falso.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2024 (CNSIPEE,
INEGI), el 53.8 % de las personas privadas de libertad en Veracruz estaban sin
sentencia, bajo la figura de prisión preventiva oficiosa; otro 31.3 % estaban
encerradas pues se les había aplicado la prisión preventiva justificada, mientras
que un 14.9 % en otro supuesto jurídico.
Son más de cinco mil los internos en prisión que no han sido sentenciados. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo
20 establece: “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será
superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de
defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia,
el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin
que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.
El abogado Tomás Mundo, especialista en el nuevo sistema penal, advirtió que
construir más penales sin revisar antes la figura de prisión preventiva es un riesgo:
“no se dan las condiciones como el respeto a la presunción de inocencia, ni el
derecho de tener a los presos en la zona geográfica donde se constituyeron los
delitos. Hace falta un penal, pero también mejores condiciones. Muchos deberían
estar libre, pero al construir más penales se podrían llenar, sólo para justificar la
inversión”.
Este lunes la gobernadora Rocío Nahle confirmó que contempla para el próximo
año la construcción de dos nuevos penales, con el objetivo de resolver el
problema sobrepoblación y mejorar las condiciones de reclusión.
“Tenemos contemplado el próximo año que el estado pueda iniciar la construcción
de dos penales. Tenemos una sobrepoblación y hay varios penales que requieren
reubicación. Entonces me lo mostraron los de la SSP y les dije: ‘Si es necesario
pues lo tenemos que hacer’”, explicó.
Al respecto, Tomás Mundo advirtió que la construcción de nuevos centros
penitenciarios podría convertirse en un riesgo si no se revisa previamente la
situación jurídica de miles de personas privadas de la libertad.
Sí hacen falta espacios con mejores condiciones, ya que instalaciones como el
“Penalito” de Playa Linda no reúnen los requisitos mínimos y ya han sido
observados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero los
proyectos deben ir acompañados de una profunda revisión de la situación jurídica
de los internos y la definición de los criterios para imponer la prisión preventiva.
Epílogo.
El mensaje de la gobernadora Rocío Nahle es de intolerancia. Les deja claro a los
trabajadores de la entidad que quien se atreva a exhibir sus fallas, perderá si
trabajo “de un plumazo”. *** Este lunes, en su conferencia de prensa, la
gobernadora anunció que será cancelado el contrato a la empresa Limpieza
Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), encargada de los servicios de
limpieza en hospitales y centros de salud del estado, por no pagar a sus
trabajadores, pese a los casi 200 millones de pesos que le han asignado en
contratos. *** Rocío Nahle argumentó que cuando asumió funciones encontró que
el sistema de salud -ahora bajo la operación del IMSS-Bienestar- tenía
subrogados los servicios de limpieza y alimentación, práctica con la que no estaba
de acuerdo. *** No dio ninguna razón para ese desacuerdo; simplemente anunció
que ahora se comprarán los productos de limpieza y se hará “como antes,
directamente”. *** Nunca se refirió a los actuales trabajadores de LEIH que, al
cancelarse el contrato, perderán su trabajo. No habló de la posibilidad de que sean
recontratados por el IMSS Bienestar. Para ella no cuentan. Serán “un problema
menos”.
filivargas@gmail.com
