Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La consejera presidente del Instituto Electoral de Veracruz (OPLE), Marisol
Delgadillo, está enfrentando problemas en su labor de conducir los procesos
electorales que se avecinan (el municipal y el judicial). *** Esto se debe, en gran
medida, a su desconocimiento de los procedimientos legales y legislativos que son
fundamentales para la gestión electoral en la entidad. *** Además del caos
administrativo que han generado sus decisiones, la integridad misma de los
procesos electorales se ven en riesgo. *** Marisol Delgadillo ha recurrido a
maniobras bastante opacas y engañosas. Uno de los episodios más alarmantes
de su gestión la ruta que tomó para gestionar una ampliación presupuestal. En
lugar de seguir el procedimiento legal establecido, que requiere que el trámite de
haga ante el Congreso local, Marisol Delgadillo decidió tomar un atajo muy
peligroso: enviar un oficio a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en el afán
de que fuera ella la que resolviera las necesidades financieras del OPLE. *** Nadie
le advirtió que ese acto no solo es irregular, sino inapropiado para una funcionaria
que debería conocer y respetar las normas constitucionales. *** Pero no sólo eso.
Desde el inicio, Delgadillo engañó a los consejeros electorales, al asegurarles que
todo estaba “bajo control” y que la ampliación de presupuesto sería aprobada sin
inconvenientes. Sin embargo, el 10 de febrero se conoció que todo era mentira,
pues un oficio (SEGOB/08/02/2025) confirmó que la asignación de recursos al
OPLE era competencia exclusiva del Congreso del Estado, y no del Poder
Ejecutivo. *** Este documento fue ocultado por ella durante un mes, con lo que
violentó el derecho de sus compañeros consejeros a involucrarse en la toma de
decisiones y propició que siguieran bajo la falsa impresión de que el presupuesto
estaba asegurado. *** Estas decisiones de la consejera presidente han generado
una crisis interna sin precedentes en el OPLE. La falta de transparencia y la
manipulación de los hechos ha generado desconcierto y desconfianza dentro del
propio organismo electoral, lo que pone en peligro la organización y el desarrollo
de los dos procesos electorales. *** No es la primera vez que Marisol Delgadillo
toma decisiones erróneas, sin consultar al órgano colegiado. Durante su gestión,
ella ha mostrado una alarmante incapacidad para conducir esa institución de
manera transparente y conforme a la ley. *** En un momento en que el país vive
un proceso de transformación política, lo que Veracruz necesita son autoridades
electorales comprometidas con la verdad, que no vicien los comicios, sino que
garanticen su transparencia y legitimidad. *** Los veracruzanos no deben ser
víctimas de manipulaciones ni engaños por parte de quienes deberían velar por la
correcta organización de las elecciones. La situación que vive el OPLE Veracruz
bajo la dirección de Marisol Delgadillo es ya de una crisis interna, lo que
representa una amenaza directa a la democracia en el estado. *** Las quinielas
están corriendo: ¿Cuál será la próxima mentira de Marisol Delgadillo? Es solo
cuestión de tiempo para saberlo.
La consecuencia era lógica: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH) confirmó que Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales,
fue torturado mientras permanecía privado de la libertad en el penal de Pacho
Viejo, para obligarlo a firmar una declaración en contra del exfiscal de Veracruz
Luis Ángel Bravo Contreras.
La propia Fiscalía (para ese entonces a cargo de Verónica Hernández) reconoció
que Aguirre Garza fue víctima de tortura y aceptó la recomendación 25/2019 que
instruye con claridad: “…deberá investigar con la debida diligencia los actos de
tortura cometidos”.
La narrativa de los hechos hace ver que, por órdenes del director del penal, se
colocó un equipo de sonido funcionando al más alto volumen, con música del peor
gusto, las 24 horas del día, con lo que evitaban que el detenido pudiera conciliar el
sueño y sufriera un cansancio extremo.
“Hablé con el director del reclusorio, Gabriel Jiménez Ramírez, quien me dijo que
no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía instrucciones de Miguel Ángel
Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, Marcos Even Zamudio Torres (fiscal
anticorrupción) y Luis Eduardo Coronel Gamboa (exfiscal especializado en
denuncias por personas desaparecidas). Esta tortura me hizo perder 8 kilogramos
de peso”, narró Gilberto Aguirre.
“El 10 de mayo de 2018, a la una de la mañana fui despertado por el director del
penal, Gabriel Jiménez Ramírez, y un custodio, quien me ordenó vestirme y que lo
acompañara. Me condujeron al segundo piso del área de oficinas, hasta final del
pasillo, donde se encuentra la oficina del director. Al entrar vi a Luis Eduardo
Coronel, quien me preguntó cómo la estaba pasando. Me dijo que sabía
perfectamente que no había cometido ningún delito pero que el exfiscal Luis Ángel
Bravo Contreras había roto un acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Yunes y
que necesitaba que lo incriminara por el mismo delito que fui vinculado a proceso,
que tenía una propuesta de Miguel Ángel Yunes y del Fiscal Jorge Winckler: si
declaraba contra Bravo Contreras dejarían de torturarme, respetarían a mi familia –
dándome a entender que la agredirían de no aceptar sus pretensiones-, y que
además tendría derecho a tener una televisión en la celda y un celular. Opté por
aceptar la propuesta. La entrevista concluyó a las 4:00 a.m. (del 11 de mayo), sin
que estuviera presente mi defensor, que en esa fecha era el licenciado Arturo
Nicolás Baltazar. Luis Eduardo Coronel contactó por celular a Jorge Winckler
informándole sobre mi declaración y Winckler autorizó los beneficios que me
ofrecía, avalados por el gobernador Yunes Linares”, declaró Aguirre Garza.
A pesar de que la recomendación de la CEDH instruía a la Fiscalía para que
investigara y sancionara a los responsables de esos actos de tortura, ante la
pasividad de ese organismo el propio Gilberto Aguirre presentó una denuncia
penal.
Nada sucedió. La Fiscalía decidió guardar esa carpeta “para cuando fuera
necesario utilizarla”.
Ese momento llegó el pasado fin de semana. Jorge Winckler había vuelto a vencer
a la Fiscalía y estaba a punto de abandonar la cárcel, donde se le mantenía por
una imputación de desaparición forzada. Antes de que se le tuviera que abrir la
puerta del penal, la Fiscalía desempolvó aquella carpeta de investigación y
gestionó ante un juez que se emitiera una nueva orden de aprehensión en su
contra.
Hay órdenes de aprehensión, también, contra Marcos Even Zamudio Torres y Luis
Eduardo Coronel Gamboa, pero no han sido localizados por la Policía Ministerial.
Al menos en este caso Verónica Hernández no tuvo que inventar delitos para
mantener en prisión a los enemigos de su protector.
Epílogo.
Ya no hay narrativa que desmienta un hecho irrefutable: la delincuencia
organizada sentó sus reales en el sur de Veracruz y, ante la complacencia de
nuestras autoridades, siembra el terror entre aquellos que se atreven a invertir en
la entidad. *** Daniel Pérez, identificado como propietario del bar “Jalisquito” narró
en redes sociales el infierno que vivió cuando “le cayeron” los extorsionadores. ***
“Tenía tres meses sin enviar un solo peso más de cuota, ya estaba cansado, cada
semana querían más y más; ellos creen que un bar es sólo vender y agarrar
dinero, no saben que pagamos personal, DJ, luz, agua, productos que vendemos,
artistas, publicidad, mantenimiento semanal; son grandes gastos por obvio ya me
había cansado de que éstos sólo venían por su dinero y se iban”, escribió. *** “La
última vez que ya le dije que no le daría me amenazó primero diciéndome: Te voy
a “pepear” la camioneta. Después, cuando me volvió a marcar le dije que no
insistiera que no daría ni un peso más. Le dije que en mi negocio estaban cayendo
las ventas y ellos se llevaban todo, ¿que más le podía dar? Después, en la última
llamada sólo me dijo guarda mi número “Dani” para cuando me necesites, así
como los de La Palapa, ¿así quieres que terminen tus clientes?”. *** El propietario
llegó a su bar justo cuando un par de pistoleros agredían al personal de seguridad.
Al verlo llegar en su camioneta, se fueron contra él, disparándole. Él les aventó la
camioneta y los dos delincuentes murieron. *** “Perdí mi libertad y mi paz. Quizá
algún día me alcancen las balas de venganza, pero si me toca ser juzgado, que lo
hagan las autoridades. No cometí ningún delito”, remató. *** ¿Y las autoridades?
Les anticipo lo que dirán: “ya se iniciaron las investigaciones, el caso no quedará
impune. En Veracruz a los delincuentes ya se les acabó la fiesta. No habrá más
impunidad”. *** ¿Ustedes les creen? Yo tampoco.
filivargas@gmail.com