Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Hay sólo dos escenarios en los que el Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP) en su artículo 290 admite el ingreso de una autoridad a un recinto
cerrado sin que se emita previamente una orden judicial. *** El primer caso es
cuando “sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin
derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o
más personas”. *** La segunda opción es que “se realice con consentimiento de
quien se encuentre facultado para otorgarlo”. En este último caso, la autoridad que
practique el ingreso deberá informarlo al órgano jurisdiccional y en la audiencia
deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efecto de ratificarla. ***
Ese mismo artículo del Código establece que “los motivos que determinaron la
inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se
levante”. *** No hacía falta, pues, un acuerdo de la Fiscalía estatal que “facultara”
a los integrantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por
Personas Desaparecidas, para catear inmuebles sin orden judicial. *** El
documento emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) -acuerdo 176/2025-
se remite justamente a lo que contempla el ordenamiento jurídico federal. *** “En
la investigación de los delitos materia de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, el
ingreso a un lugar cerrado podrá realizarse sin autorización judicial, debiendo dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 290 del Código Nacional de
Procedimientos Penales”. *** El acuerdo es, por decir lo menos, redundante.
Incluso sin él la autoridad podía ingresar a un inmueble cerrado, en tanto se
cumplieran los supuestos que contempla el artículo 290 del CNPP.
Bien decía Mark Twain: “La falta de dinero es la raíz de todo mal”.
Se equivoca la gobernadora Rocío Nahle cuando presume que “no es un tema de
dinero”, la búsqueda de soluciones a la crisis que viven decenas de comunidades
del norte de la entidad.
Miente la gobernadora cuando dice tener “todos los recursos disponibles” para
apoyar a los que han resultado afectados.
La economía -toda- en la zona norte está devastada. No hay dinero circulante y,
por lo tanto, los negocios no pueden funcionar. Hoy miles de familias viven de la
caridad, esa a la que el Ejército y la Marina le ponen obstáculos.
Miente Rocío Nahle: sí hace falta el dinero y su gobierno no lo tiene.
La podrá respaldar, en alguna medida, el gobierno federal, pero éste también pasa
por una etapa de insolvencia.
El tema sí es el dinero y es preciso saber dónde está, con lo que tendremos que
voltear la mirada a los responsables de esta crisis.
Contrario a lo que opina la presidente Claudia Sheinbaum, no es “ruin” preguntar
quiénes son los responsables de ese desastre, más allá de la furia indomable de
la naturaleza.
Se puede apoyar a los damnificados y de manera paralela investigar posibles
muestras de negligencia, de corrupción y de indolencia.
Si alguien ha tenido una mala experiencia con una compañía aseguradora, no deja
el automóvil sin seguro y llena un “cochinito” para en caso de que se dé otro
incidente que requiera un gasto extraordinario.
En primer lugar, se da la pelea para que la aseguradora original cumpla con lo
pactado, pues para eso existe mecanismos jurídicos (aún no los desaparece la
reforma judicial) y en tanto se resuelve ese conflicto, se busca otra compañía
aseguradora con mejor prestigio.
Sí es un tema de dinero, porque si la administración de Cuitláhuac García no
hubiera desviado miles de millones de pesos (así lo plasmaron en sus informes la
Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior), si el
secretario de Finanzas de la pasada administración estatal (José Luis Lima
Franco, quien -incluso- fue ratificado por la actual gobernadora) no hubiera
devuelto miles de millones de pesos por “subejercicios” (así está consignado en
los informes de la Secretaría de Hacienda), hoy el gobierno de Rocío Nahle
tendría recursos suficientes para pagar la póliza de un seguro contra desastres.
Y es que esa fue, en realidad, la razón por la que se canceló el seguro: que no
había dinero para pagar la póliza.
Si hubiera contado con recursos, no le hubiera dolido tanto la bofetada con guante
blanco que le propinó el gobernador de Nuevo León, Samuel García quien -ese si-
si titubear desplegó toneladas de despensas y equipo aéreo, marítimo y terrestre
para auxiliar en las tareas de rescate del norte de Veracruz. Le debe doler
admitirlo, pero para los veracruzanos eso fue como un milagro.
No hay forma de disimularlo: Veracruz vive hoy -incluso antes de las inundaciones-
una severa crisis financiera y la peor actitud que puede asumir nuestra
gobernadora es la de la soberbia.
Como bien decía aquel novelista estadounidense Upton Sinclair: “Con el dinero
sucede lo mismo que con el papel higiénico: cuando se necesita, se necesita
urgentemente”.
Epílogo.
Desde este espacio se ha hecho un llamado a los actores políticos de Veracruz
para que no utilicen como bandera la crisis que viven los veracruzanos en el norte
de la entidad, pero tampoco se les ha sugerido que se queden cruzados de
brazos. Es momento de ayudar y no hay esfuerzo que sobre. *** Es de destacar la
oportuna y contundente reacción del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano
(MC), Jorge Álvarez Máynez y del coordinador estatal de esa organización, Luis
Carbonell de la Hoz, para movilizar recursos humanos y técnicos a la zona del
desastre. Lo primero es brindar auxilio a los más necesitados. *** Sin banderas,
sin siglas, aunque con mucho ánimo y disposición al sacrificio, las huestes de MC
se trasladaron hacia la Huasteca veracruzana para apoyarla en momentos tan
difíciles. Bien.
filivargas@gmail.com
