Por Miguel Angel Cristiani G.
Hay símbolos que se caen a pedazos no por el paso del tiempo, sino por la desidia del
poder. El Faro Benito Juárez 1872, en el corazón del puerto de Veracruz, es hoy un
monumento a la simulación oficial: un edificio histórico abandonado a una cuadra del
palacio municipal y frente a la Plaza de la Constitución, convertido en vergüenza pública
por la falta de mantenimiento de los tres niveles de gobierno. No es metáfora: el techo
amenaza con desplomarse y el inmueble permanece cerrado “por seguridad”. La memoria
nacional clausurada con candado.
Hace apenas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el puerto para inaugurar,
con solemnidad y reflectores, lo que se anunció como la Casa Museo de Benito Juárez. La
pregunta incómoda es elemental: ¿dónde está ese museo y por qué, mientras tanto, el faro
—entrada obligada al municipio— se cae a pedazos? La propaganda es puntual; la
responsabilidad, ausente.
El Faro Benito Juárez 1872 no es una pieza decorativa. Es un sitio cargado de historia
cívica: allí se resguarda la memoria de quienes acompañaron al Benemérito durante su
gobierno y su estancia en Veracruz, donde se consolidaron las Leyes de Reforma, cimiento
del Estado laico, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley. Durante años, en la
propia plaza se exhibieron bloques con los nombres de esas leyes. Hoy ya no están. La
pedagogía cívica fue retirada, como si estorbara.
Resulta difícil no advertir la contradicción: autoridades que se declaran juaristas en tribuna
y efeméride, pero que toleran —cuando no provocan— el abandono del patrimonio que
encarna ese legado. La Cuarta Transformación presume respeto por la historia; la realidad
exhibe descuido administrativo, prioridades invertidas y una peligrosa normalización del
deterioro. No es falta de dinero: es falta de voluntad, planeación y rendición de cuentas.
El daño no es solo simbólico. Veracruz es puerta de entrada turística y cultural. Un faro
clausurado, con riesgo estructural, a la vista de visitantes nacionales y extranjeros, envía un
mensaje inequívoco: aquí la memoria estorba y el mantenimiento no vota. El turismo
cultural no se construye con inauguraciones de utilería, sino con conservación seria,
programas museográficos, seguridad estructural y acceso público digno.
Hay responsabilidades claras. El ámbito federal tiene obligaciones en la preservación del
patrimonio histórico; el estatal, en la coordinación y supervisión; el municipal, en el
mantenimiento cotidiano y la gestión local. Cuando todos miran a otro lado, el resultado es
el que vemos: un inmueble histórico cerrado por peligro de derrumbe. Eso no es prudencia;
es negligencia acumulada.
La ética pública exige algo más que discursos. Exige diagnóstico técnico del edificio,
presupuesto etiquetado, calendario de obra, transparencia en contratos y reapertura con
contenidos educativos. Exige, además, respeto a la legalidad y a la memoria cívica. Las
Leyes de Reforma no son una consigna para mítines: son un programa de convivencia
democrática que se honra con hechos.
La ironía es amarga: el faro, creado para orientar, hoy extravía. Extravía a gobernantes que
confunden propaganda con política pública; extravía a una administración que presume
transformación mientras deja que la historia se desmorone; extravía a una ciudadanía
cansada de promesas inaugurales que no sobreviven al primer temporal.
No se trata de linchar a nadie, sino de exigir lo obvio. Restaurar el faro es una obligación
moral y legal. Reabrirlo al público es un acto de justicia histórica. Integrarlo a un circuito
cultural serio es una decisión inteligente. Y rendir cuentas por el abandono es una
condición mínima de respeto a Veracruz y a México.
Porque la memoria no se decreta, se cuida; y quien invoca a Juárez sin conservar sus
símbolos, no gobierna con principios, gobierna con consignas.
Cuando el poder se envuelve en Juárez pero deja caer su faro, no transforma la historia: la
traiciona.
